Reforma Fiscal: Montoro afirma que el IVA de caja no ha funcionado como se esperaba
miércoles 24 de septiembre de 2014, 10:51h
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reconocido este miércoles
que el régimen del IVA de caja, que entró en vigor el pasado 1 de
enero, no ha funcionado como se esperaba y se ha comprometido a
revisarlo en el marco de la reforma tributaria que actualmente está
tramitando el Congreso, y además ha anunciado que con los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) de 2015 se creará un nuevo fondo para aportar
liquidez a pymes y autónomos.
Así lo ha señalado durante la sesión de control al Gobierno en el
Pleno del Congreso, después de que el diputado de CiU Toni Picó le
preguntara por el balance que hace de la implantación del régimen del
IVA con criterio de caja tras estar casi nueve meses en vigor.
En su respuesta, el ministro ha reconocido que apenas 22.000 pymes
y autónomos --a partes iguales-- han optado por utilizar este sistema,
que les permite no pagar el IVA a la Administración pública hasta cobrar
la factura correspondiente. Una cifra muy alejada de los 2,3 millones
de beneficiarios potenciales que Hacienda estimó en la memoria económica
de la Ley de Emprendedores con la que se creó este sistema.
"Es una cifra importante, pero muy lejana del potencial. Es el
primer año, estamos aprendiendo todos a gestionarlo y lo que tenemos que
hacer, en mi opinión, es ver la experiencia para seguir perfeccionando
el sistema, por la liquidez que aporta a las pymes. Y, por eso, también
estamos a disposición de los grupos, ahora que acometemos la reforma
tributaria, para perfeccionar este sistema. Por supuesto, mostrar
nuestra mejor disposición (a retocar el régimen) en la tramitación de la
reforma fiscal y también en los Presupuestos, que traeremos a la Cámara
la semana próxima", ha dicho Montoro.
NUEVO INSTRUMENTO DE FINANCIACIÓN.
En este punto, ha añadido que las cuentas para 2015 también
incluirán un "nuevo instrumento de financiación para pymes y autónomos"
que se nutrirá tanto de los Fondos Estructurales de la UE como de los
préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y que servirá para
"facilitar liquidez y financiación no sólo para nuevas inversiones de
pymes y autónomos, sino para el propio circulante".
Según el ministro, el Gobierno ya negocia con las comunidades
autónomas esta nueva herramienta, que se enmarca en el Plan de Impulso
de la Economía y que será fundamental "en esta fase de evolución
económica" que atraviesa el país para "apostar también por la
supervivencia de todo el tejido" de pequeñas y medianas empresas y
autónomos del país, que deben ser "motor" de la recuperación.
Por su parte, Picó se ha congratulado del anuncio del titular de
Hacienda de revisar el sistema, porque "no ha sido de gran aplicación"
como demuestra no sólo que apenas 22.000 contribuyentes de los 2,3
millones previstos se hayan acogido a él, sino también el impacto que ha
tenido sobre los ingresos tributarios, que ha sido de unos 60 millones
de euros, muy lejos de los 983 millones que calculaba el Ministerio.
"Y la morosidad y el retraso en los cobros de las facturas
continúan, mientras la gran mayoría de pymes y autónomos siguen
avanzando el pago del IVA que aún no han cobrado", ha lamentado el
diputado catalán, que ve necesario un debate sobre "por qué no ha
funcionado" el sistema con la vista puesta en "revisarlo" para conseguir
los objetivos que se marcaron con su puesta en marcha. Por ello, ha
anunciado que CiU presentará una enmienda parcial en el marco de la
reforma fiscal en este sentido.
MISMOS DATOS QUE EN MAYO.
El pasado 6 de mayo, el ministro Montoro ya reconoció en el Senado
que apenas unas 22.000 personas físicas y jurídicas se habían acogido
al IVA de caja, y en una respuesta parlamentaria publicada en el mismo
mes admitía que esa cifra suponía apenas un 1% de lo previsto.
Concretamente, 10.385 pymes del más de millón previsto y 11.184
autónomos del 1,3 millón potencialmente beneficiario.
El IVA de caja, aprobado con la Ley de Emprendedores, se reguló
por decreto en octubre de 2013 y entró en vigor el 1 de enero de este
año. Su aplicación --que es voluntaria-- está prevista para pymes y
autónomos con una facturación de hasta 2 millones de euros, salvo en
relación con los cobros en efectivo que se realicen respecto de un mismo
destinatario que superen los 100.000 euros anuales.
Los contribuyentes beneficiarios pueden así retrasar el pago del
IVA a la Hacienda pública hasta cobrar la factura, en lugar de tener que
abonarlo en el momento de emitirla, o como muy tarde hasta el 31 de
diciembre del año inmediato posterior a aquél en que se haya realizado
la operación si el cobro no se ha producido.
Además, conlleva nuevas obligaciones de información y de registro
de la facturación, y supone también que los clientes de las pymes y
autónomos acogidos al régimen especial deban utilizar el criterio de
caja también respecto a las operaciones realizadas con ellos. El
acogimiento o la renuncia a esta opción debe comunicarse en el mes de
diciembre anterior al ejercicio en el que debe surtir efecto, y la
renuncia vincula por un periodo de tres años.