Rapapolvo del Fiscal General a los políticos: "Vamos a aparecer en el libro Guinness de los récord por legislación galáctica"

En una conferencia celebrada en el Palacio de Justicia de Bilbao bajo el título 'La Justicia en la cultura política de la democracia', Torres-Dulce ha dibujado un panorama desolador, en el que la "inseguridad jurídica" es lo que manda.
"Uno de los más graves problemas que tiene la estructura normativa, el ordenamiento jurídico en España, es el olvido permanente de la seguridad jurídica", afirma Torres-Dulce. Y se debe a "la dispersión de normas, al rango inferior de normas con incidencia directa incluso en un campo de derechos y libertades como es el Código Penal, y a la enorme desigualdad de resoluciones judiciales, con todo respeto a la independencia judicial".
"El gran desafío de la administración y del sistema normativo español ahora mismo es la seguridad jurídica, que no implica corsés, sino fundamentalmente que todos estamos dando una respuesta coordinada a defectos de convivencia social que requieren soluciones, siempre individualizadas, pero en un marco".
Ello exige, a su entender, que "los poderes públicos ejerzan con sentido común la creación del ordenamiento jurídico, pero que la Administración de Justicia responda con iguales criterios a ese desafío".
Indefinición

Eduardo Torres-Dulce, además, ha defendido como "esencial" que se persista "en los mecanismos de pesos y contrapesos del equilibrio de poderes" y ha manifestado que "es una constatación evidente que en las modernas democracias la división de poderes aparece extraordinariamente difuminada".
"El magma fundamentalmente de esa división de poderes ejemplificada por la enorme importancia de las elecciones constantes y de los pactos derivados de las elecciones, da lugar a estructuras que padecen tensiones acordadas con respecto a esto", ha añadido.
El resultado es "la deliberada indefinición del ministerio fiscal" ; "la indefinición perturbadora y desazonadora" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "que no se sabe bien dónde está ni en qué terreno está", al margen del sistema de elección, y "lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional, que es básicamente un Tribunal de garantías constitucionales, de pacto social, y difícilmente cabe una funcionalidad prácticamente de ejercicio de la Administración de Justicia que, en definitiva, eso, en buena parte, es el amparo".
"Y el resto, Tribunales de Cuentas, etc, supone básicamente y funcionarialmente, en estos tiempos, un verdadero ejemplo no menos perturbador de vampirización de una estructura de partidos políticos que no tiene realmente bastante sentido", ha 'sentenciado' el máximo responsable del Ministerio Público.