Gallardón, como comentábamos hace unos días, ha logrado que la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria general del PP,
Dolores de Cospedal, se pongan de acuerdo en algo: criticar la propuesta lanzada por el ministro sobre una drástica reducción de aforados, que, según dijo en una entrevista periodística, pasarían de más de 17.000 a solamente 22. Pero no es la única medida discutida: su reforma del aborto es aún más polémica.
El ministro de Justicia no descarta poner su cargo a disposición del presidente
Rajoy si decidiera paralizar la reforma, informa ahora también el diario 'ABC'. No obstante, este periódico añade que cualquier decisión del ministro no se producirá hasta después de que la Abogacía del Estado presente los recursos ante el Tribunal Constitucional contra le ley de consultas que aprobará el Parlament y contra el decreto de convocatoria del referéndum.
Por su parte, el diario 'El Mundo' dice que "Gallardón sólo cosecha silencio". Según este diario, "nadie, ni en el Gobierno ni en el PP, ha apostado por mantener viva su Ley del Aborto". Según 'La Vanguardia', "el Gobierno lleva la ley del aborto a una vía muerta por problemas internos". El diario catalán añade que "la decisión de aparcar el proyecto o remitirlo al Congreso es sólo de Rajoy".
Mientras, presión en la Iglesia: el secretario general de la Conferencia Episcopal,
José María Gil Tamayo, dijo ayer lunes que "los compromisos electorales plasmados en un programa, hay que cumplirlos para orientación de los votantes". La vicepresidenta Sáenz de Santamaría dijo en Roma en su visita al Vaticano que "no hay ninguna novedad" sobre lo que el Gobierno viene manifestando sobre la reforma.
Lo
cierto es que, en su trayectoria al frente de Justicia, Gallardón ha
pisado ya demasiados callos, y no hay prácticamente togado que no critique sus
pretendidas reformas sobre el poder judicial o la elevación de tasas que
propuso. Igual ocurre con su reforma
del aborto, que probablemente tampoco entrará en vigor esta Legislatura, dado
que aún no ha llegado a oficializarse, mientras que ha suscitado una intensa
polémica justo cuando Rajoy quería 'vender' a la opinión pública sus logros
económicos.
Para
colmo, la 'propuesta Gallardón' en cuanto a la reducción de aforados ha
suscitado las iras de prácticamente todas las asociaciones judiciales, que
entienden que esta manera de acabar con un sistema vigente desde 1931 sería
altamente inconveniente, al posibilitar que un juez sea juzgado por sus
compañeros, y no por una instancia superior.
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