Contará con las CCAA y los interlocutores sociales
Tras hacer "la verdadera revolución laboral", el Gobierno aprueba una Estrategia para la Creación de empleo hasta 2016
viernes 05 de septiembre de 2014, 14:51h
"La verdadera revolución laboral". Es la que cree haber hecho el Gobierno, en palabras de la ministra Báñez, que presume, con datos, del "mejor arranque" de creación de empleo en lo que va de 2014. En esa línea, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un conjunto de medidas para impulsar las políticas activas de empleo a través de la Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016, diseñada junto a las comunidades autónomas para acelerar la transición del desempleo al empleo mediante acciones más eficaces, así como para ofrecer a los trabajadores y empresas servicios de calidad.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez, ha celebrado que la economía y el
empleo estén en un momento distinto y que por primera vez desde la
crisis se creen puestos de trabajo de forma sostenida. Según destacó, 2014 ha supuesto el "mejor arranque" de año en
términos de empleo ahora que las tasas de crecimiento de PIB se
equiparan con las de incremento del empleo.
"Esa es la verdadera
revolución de la reforma laboral, la transformación estructural del
mercado de trabajo", ha dicho, tras reconocer, sin embargo, que aún
queda un "reto importante" por delante, que es trasladar a los más de 4
millones de parados al mercado de trabajo. Por este motivo, según Báñez, el Gobierno ha dado cumplimiento
este viernes al compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
de reformar las políticas activas de empleo, después de contar con el
compromiso "fuerte y claro" de todas las comunidades autónomas, que han
participado "de forma activa, coordinada y responsable", igual que los
interlocutores sociales. "Todos a favor del empleo", ha celebrado.
La estrategia de activación constituye un escenario plurianual
para vertebrar las actuaciones de los distintos Servicios Públicos de
Empleo bajo un paraguas de objetivos y principios de actuación comunes,
compatible con la flexibilidad de los instrumentos para su consecución. Contará con tres reglamentos --uno de servicios,
otro de programas de empleo y otro de formación profesional para el
empleo--, un programa de buenas prácticas entre Servicios Públicos de
Empleo, una redistribución de fondos en función de la evaluación del
cumplimiento de cada comunidad y un refuerzo de los mecanismos de
fiscalización y justificación del uso efectivo de los fondos.
Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual de
Política de Empleo 2014, que es la concreción de la estrategia para
2014 y recoge los objetivos comunes para los Servicios Públicos de
Empleo. El plan, tal y como ha explicado Báñez, cuenta con 422
actuaciones y con seis ejes de actuación concreta: orientación,
formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades,
emprendimiento y mejora del marco institucional del sistema nacional de
empleo.
Para su evaluación, cuenta con un sistema de 26 indicadores,
producto de la participación activa de todos los Servicios Públicos de
Empleo, para medir el grado de cumplimiento de los objetivos y definir
así la distribución de fondos en 2015.
Fondos vinculados a objetivos
Junto al plan, el Gobierno ha acordado la distribución de fondos
para la ejecución de las políticas activas este año. El total de los
fondos repartidos en 2014 asciende a 1.251,9 millones y un 40% de los
mismos se ha visto condicionado por los resultados obtenidos en 2013. En
2015 esa proporción ascenderá al 60%. El Gobierno ha acordado con las
comunidades una transición gradual hacia la cultura de evaluación que
condiciona el reparto.
Además, ha dado nuevos pasos en la definición de una cartera común
de servicios para el sistema nacional de empleo con el objetivo, según
Báñez, de definir mejor lo que tiene que ser "el mínimo" que tiene que
recibir un trabajador como derecho. La cartera común estará integrada
por cuatro servicios de empleo: uno de orientación profesional, otro de
colocación y asesoramiento a empresas, otro de formación y cualificación
para el empleo y uno de asesoramiento para el autoempleo y el
emprendimiento.
Además, definirá una serie de principios para su prestación desde
los servicios autonómicos como la atención personalizada, la igualdad en
el acceso a los servicios, la eficiencia, transparencia y orientación
de resultados.
Por otro lado, el Consejo de Ministros y ha analizado un informe
sobre la reforma del sistema de formación basado en la transparencia, la
eficacia y la libre concurrencia que estará operativo a partir del 1 de
enero de 2015 y que contempla, ente otras cosas, la implantación de la
cuenta-formación que acompañará al trabajador durante su carrera
profesional.
Igualmente, se introducirá la posibilidad de instrumentar un
cheque-formación para parados con el objetivo de proporcionarles la
formación que necesitan, se aplicará la tele-formaciónpara superar las
limitaciones de un calendario formativo, se desarrollará un sistema
integrado de información que garantice la trazabilidad de acciones y se
impulsará el sistema nacional de cualificaciones y formación
profesional.
Unidad de inspección propia
Además, se realizará una evaluación permanente de la calidad y el
impacto, se garantizará el principio de tolerancia cero contra el fraude
con la creación de una unidad de inspección de trabajo especializada en
el seguimiento y control de las actividades de formación con capacidad
de sanción y se aprobará un régimen sancionador que permita limitar el
trabajo para la Administración de los beneficiarios de los planes de
formación durante los siguientes cinco años al incumplimiento de la
legalidad.
Además, se diseñará un modelo de formación profesional para el
empleo de aplicación a todas las administraciones, se elaborará un
escenario de planificación plurianual según las necesidades de las
empresas, se definirá un nuevo papel para los distintos agentes y
órganos del sistema y se establecerá la libre concurrencia entre
entidades de formación.
El objetivo de la reforma es garantizar el derecho de todos
trabajadores, empleados y parados, al acceso a la formación, contribuir a
la competitividad de las empresas y mejorar la eficiencia y
transparencia de en la gestión de recursos públicos. Según Báñez, las
políticas de formación no daban resultados de calidad y había que
renovarlas con un "cambio integral" del modelo.