En todo caso, la defensa que
los
Pujol están intentando para salvar no solamente su honorabilidad, sino su
patrimonio, a base de denunciar 'motivos políticos' en la investigación de sus
finanzas, está provocando numerosas consecuencias, más allá de lo que ocurre en
la propia Convergencia Democrática de Catalunya, que ya ha sugerido al ex molt
honorable que devuelva su ficha de militante.
Hay voces que, sin la menor
prueba, quieren, sobre todo desde Esquerra Republicana, acusar al Ejecutivo
español de haber propiciado, a través del CNI, 'filtraciones' en torno a las
actividades económicas de los Pujol precisamente a pocas semanas de la Diada y
a pocos meses de la pretendida consulta soberanista del 9 de noviembre. Lo
cierto es que fue el propio Jordi Pujol Soley quien disparó todas las alarmas
con su autoacusación de fraude fiscal con la herencia de su padre, se piensa
que en un intento de proteger a sus hijos, incursos ya en demasiadas presuntas
irregularidades económicas como para que puedan pensar en que todo acabará
saliéndoles gratis.
--'Pacto tácito' con
González, Aznar y Zapatero-
Pero empieza a ser un clamor
el que las 'actividades exteriores' e interiores de Jordi Pujol eran bien
conocidas por los gobiernos centrales desde 1985, cuando los servicios de
inteligencia entregaron a
Felipe González un detallado informe que partía
-aunque no se quedaba ahí-- del 'caso Banca Catalana', un fuerte desequilibrio
patrimonial en el banco fundado por
Florenci Pujol, padre de Jordi, en 1959. La
Fiscalía general del Estado, dirigida entonces por
Carlos Jiménez Villarejo,
presentó una querella en 1984, en la que se incluía al ya president de la
Generalitat. En 1986, los fiscales Mena y Villarejo presentaban la petición de
procesamiento contra los dieciocho ex consejeros del Banco, ya en proceso de
liquidación -completado en 1988--, por presuntos delitos de apropiación
indebida, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio
de las cosas. En la Audiencia de Barcelona, 33 magistrados, frente a ocho,
votaron en contra del procesamiento de Jordi Pujol y, en 1990, esta Audiencia
decretó el sobreseimiento del sumario, pese a estimar que se pudo llevar
a cabo "una gestión imprudente e incluso desastrosa". Una apreciación que tampoco
pareció alterar el hábito de la Agencia Tributaria de mirar para otro lado en
este asunto, aun presumiéndose que tiene no pocas evidencias de
irregularidades.
Pese a las acusaciones hechas
públicas por el entonces vicepresidente
Narcís Serra, Pujol siempre alegó que
el estallido del 'caso Banca Catalana' era, en el fondo, un 'ataque político a
Catalunya'. Y lo cierto es que el Gobierno central prefirió no hacer sangre del
asunto, pese a que ya las investigaciones de los servicios secretos, el CESID,
y de Hacienda, se habían puesto en marcha, acumulando datos 'abrumadores'. La
cooperación a la 'gobernabilidad del Estado' -González ya entonces necesitaba
el concurso de Convergencia para formar una mayoría parlamentaria-fue, sin
duda, la razón última por la que los gobiernos de
Felipe González, de
José
María Aznar y de
José Luis Rodríguez Zapatero hicieron la vista gorda ante las
evidentes irregularidades del president de la Generalitat, de su esposa, Marta
Ferrusola, y al menos de tres de sus hijos.
En cuanto al Gobierno
de Rajoy, que obtuvo mayoría absoluta en las elecciones del 20 de noviembre de
2011 y no necesitaba, por tanto, pactar con otras fuerzas, no consta su
voluntad de ocultar más el caso, pero tampoco consta que la 'longa manus' del
Ejecutivo central esté tras el estallido de un escándalo que ya no podía, como
bien sabía Pujol padre, disimularse más. El 'pacto tácito en pro de la
gobernabilidad' quedaba, por tanto, roto.
Existe una gran incertidumbre
acerca de lo que ocurrirá cuando, a comienzos de septiembre, se normalice la
vida política y Pujol tenga que acudir al Parlament para declarar sobre su
'caso', algo que ni siquiera hasta ahora, ha confirmado el ex president que
piense hacer, aunque sería "inimaginable" que rechazase ir al Parlament a
responder a cuantas preguntas los distintos grupos le quieran plantear. Al
mismo tiempo, tendrá que hacer frente al proceso judicial, una vez que la
máquina de la Justicia se ha puesto en marcha y parece improbable que la
benignidad del 'affaire Banca Catalana' se repita ahora, ni siquiera en algunos
de los peculiares meandros de la justicia catalana.
Es en este marco en el que,
los primeros días de septiembre, llegará a la capital española el 'cap de
Govern' andorrano, quien en los últimos días ha mantenido discretas reuniones
con los bancos andorranos implicados en el 'escándalo Pujol', Andbank y Banca
Privada de Andorra, en un intento de acotar las dimensiones del caso, al menos
las económicas. Tanto los bancos como la familia Pujol tratan de limitar lo
defraudado a Hacienda en algo menos de cinco millones de euros, que es lo que
ya han regularizado los Pujol Ferrusola ante la Hacienda española. Pero todo
indica que las irregularidades de la familia ascienden a mucho más, y Martí y
los presidentes de los dos bancos citados volverán a reunirse a comienzos de
septiembre para, en un esfuerzo de 'transparencia', acotar una cifra más
definitiva y realista. Porque las declaraciones de la ex novia de
Jordi Pujol
Ferrusola, Victoria Alvarez, sobre viajes a Andorra con bolsas llenas de dinero
hacen, entre otras cosas, que las investigaciones sobre los fondos irregulares
que manejan los Pujol Ferrusola en el extranjero calculen que estemos hablando
de al menos treinta millones.
Así, el Gobierno andorrano no
quiere negar la colaboración con el español, pero ni la Agencia Tributaria ni
la Fiscalía se conformarán con lo actuado hasta el momento por las autoridades
andorranas o por los representantes bancarios: hasta ahora, nadie en
Andorra parece haber tomado iniciativa legal alguna, ni siquiera en presencia
de una filtración del secreto bancario, que es algo que un 'paraíso fiscal',
como el pequeño Estado pirenaico, cuida no poco. Pero la llegada a Madrid de
Martí podría sugerir que asegurará a sus interlocutores que no se retrasará la
información que los bancos andorranos han de entregar al Gobierno español. El
'caso Pujol' puede ser el culebrón de un otoño que ya de por sí va a estar
lleno de acontecimientos en Cataluña.
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