Acepta la petición de Andalucía Acoge
Un juzgado de Melilla va a investigar si la Guardia Civil cometió delito al expulsar en caliente a los inmigrantes de la valla
jueves 07 de agosto de 2014, 13:34h
El Juzgado de primera instancia y de Instrucción número 2 de Melilla ha aceptado abrir diligencias previas para investigar la posible responsabilidad y comisión de delitos en la acción de policías marroquíes y efectivos de la Guardia Civil durante las expulsiones en caliente que se produjeron en Melilla durante la noche del pasado 18 de junio, según ha informado este jueves Andalucía Acoge, asociación denunciante de estos hechos junto con la Federación de SOS Racismo y Prodein Melilla.
En un comunicado, la organización explica que esta decisión se ha
adoptado en respuesta a la querella presentada por estas tres ONG a
partir de un vídeo grabado "en el que se aprecia cómo fuerzas auxiliares
marroquíes, dentro de territorio español, apalean a una persona
inmigrante", así como los hechos son observados por "un coche de la
Guardia Civil, que no interviene para detener la acción violenta".
"A continuación, en el mismo vídeo, se ve claramente cómo policías
de Marruecos y guardias civiles, en el espacio entre vallas, por tanto
dentro de territorio español, conducen a un grupo de inmigrantes para
devolverlos en caliente", una acción que, según explica el coordinador
del equipo jurídico de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez Candela,
podría ser "constitutiva de varios delitos" según entiende el juez de
Melilla.
Según Andalucía Acoge, el magistrado instructor de la querella
solicitará a la Comandancia de la Guardia Civil que identifique a los
agentes que estuvieron desplazados a la valla la noche de los hechos,
así como que informe sobre el protocolo de acción seguido aquel día y
las órdenes completas recibidas por los guardias civiles acerca de la
manera de proceder con los inmigrantes. "El juez también ha ordenado
girar comisión rogatoria a Marruecos para que identifique a sus
efectivos que participaron en la acción dentro de territorio español",
añade Rodríguez Candela.
Para el letrado, la decisión del Juzgado de Melilla "refuerza la
tesis defendida por un grupo de juristas que afirma que se estarían
cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales, de
las leyes españolas y de la normativa europea en la zona fronteriza de
Melilla y Marruecos". Por parte de la Federación de SOS Racismo, Mikel Mazkiaran aplaude
que se haya decidido investigar esta expulsión en caliente y resalta la
importancia de la prueba del vídeo, que "ha sido una pieza clave para
mover esta acción sin duda". "Teníamos testimonios, conocíamos casos
anteriores que podrían ser constitutivos de delito, pero las imágenes
hablan solas", argumenta.
Importante precedente
"A partir del vídeo, de las diligencias, y los testimonios, el
Juzgado de Melilla estará en condiciones de determinar si se cometieron
los delitos de lesiones, trato degradante, coacciones, contra los
derechos individuales, contra el deber de impedir la comisión de delitos
y prevaricación, todos ellos listados por el magistrado en su auto de
incoación de las diligencias previas", apostilla el letrado. En la misma línea se ha manifestado el presidente de Prodein
Melilla, José Palazón, quien entiende que con la decisión del Juzgado
"la sociedad civil ha ganado terreno en su defensa de los derechos
humanos en la frontera sur de Europa".
"Esta querella abre un importante precedente en España y Europa
porque nos permitirá aclarar lo que es legal o no en el proceder de las
fuerzas de seguridad españolas y marroquíes cuando ocurre un episodio
como el del día 18 de junio. Nosotros tenemos nuestro juicio y tenemos
claro, pero creemos que le toca a la justicia dictar su parecer a partir
de los hechos tan lamentables que corrieron el mundo a través de las
imágenes del vídeo que aportamos. España y Europa no pueden permitirse
otra acción al margen de la legalidad, del respeto a los derechos
humanos y a las garantías fundamentales", esgrime Palazón.