Exposición razonada de motivos

Todo parece indicar que la juez Mercedes Alaya va a soltar pronto la cuerda que tiene atados al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a cinco ex consejeros del Gobierno andaluz, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo, preimputados todos ellos por la magistrada en el asunto de los EREs fraudulentos. Y es posible que lo haga este mismo fin de semana mientras en la capital hispalense se celebra el Congreso Extraordinario del PSOE que, presidido por Susana Díaz, ratificará la elección de Pedro Sánchez como secretario general. Tengo un amigo que afirma que no existen las casualidades, que toda acción tiene su por qué, sus causas y sus efectos. Y, claro, viendo como se ha desarrollado la instrución de los EREs falsos y analizando cuando se han producido los autos importantes de la juez astigitana, no me extraña que los socialistas anden con la mosca detrás de la oreja sospechando que cada imputación haya coincidido con algún congreso del partido, alguna toma de posesión o algunas elecciones. Yo también estaría mosqueado si fuese del PSOE, que evidentemente, no lo soy. En descargo de la magistrada hay que reconocer que los socialistas se han excedido en los últimos años con los congresos  y los relevos en la cúpula en busca de ese "eslabón perdido" que les abriera las puertas a una renovación con esperanzas de un futuro mejor. Raro ha sido el mes en el que no han celebrado algo y así, claro, a nadie le extraña que los autos de la juez se solaparan con los saraos socialistas.

Pero, en fin, a lo que iba, que Alaya ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que le comunique urgéntemente que tribunal tiene que juzgar a los aforados preimputados en los EREs falsos ya que algunos de los "preimputados", Chaves, Griñán y Viera, pasarán al Tribunal Supremo por su condición de diputados o senadores, y el resto, Aguayo, Ávila, Recio y Vallejo, tendrán que ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por ocupar un puesto como parlamentarios autonómicos. Este sería el último paso antes de que la juez instructora se inhiba a un tribunal superior mediante una resolución judicial conocida con el nombre de "exposición razonada de motivos", en la cual Alaya lleva trabajando ya varios meses y que todo apunta a que se notificará de forma inmediata, nada más tener la respuesta de Anticorrupción. La verdad es que a la sin par magistrada no le hace falta ya seguir con algunas de las causas abiertas con los aforados porque, al menos, aunque no los haya podido juzgar ella, les ha obligado a dimitir de sus puestos políticos poniéndolos en la diana de la opinión pública y publicada. Ya veremos si los altos tribunales a los que corresponde ahora su turno, son capaces de seguir la investigación o, lo que es más posible, deciden darle carpetazo al asunto.

Y es que después de casi cuatro años de instrucción, de muchas noches en blanco, de cientos de miles de folios, de casi doscientos imputados y de diversas macrooperaciones de la Policía y la Guardia Civil,  el Caso de ls EREs fraudulentos y sus diversas secuelas, Invercaria, Mercasevilla, cursos de formación, facturas falsas de la UGT, en las que se han dilapidado miles de millones de euros del erario público, que se dice pronto,ha arrastrado consigo algo que los andaluces deberíamos de habernos dado cuenta hace ya bastante tiempo, que la prmanencia en el poder de un partido de forma ininterrumpida durante más de cinco años provoca un caldo de corrupción en el que suelen pescar impunemete los más listos o los mas golfos de la clase, que son bastantes.

Tendrá que pasar algo de tiempo para poder emitir un jucio justo, pero no cabe la menor duda que la ingente labor de la juez Mercedes Alaya en estos últimos cuatro años destripando pormenorizadamente todos estos casos de corrupción política se merecen, cuando menos, una medalla de Andalucía. Sí, ya sé que Susana Díaz no se la va a dar, faltaría más, pero desde aquí propongo una suscripción popular y una recogida de firmas para hacerle la justicia que se merece.