Falsas reformas constitucionales

             Una imprecisa reforma constitucional figura en la verborrea de políticos de todas clases como sucedáneo de las reformas sociales y económicas que preocupan al pueblo y que sus representantes no parecen capaces de programar en plazo ni en forma. Es posible que toda Constitución necesite reformarse para subsistir y es cierto que toda Constitución y, entre ellas la nuestra, incluye procedimientos de reforma fundamentados en grandes acuerdos mayoritarios y ratificaciones populares proporcionadas al gran consenso original. Pero no parece que las razones que se alegan reiteradamente sean asuntos urgentes, esenciales y emanados de preocupaciones populares.
 
             Se suelen mencionar como ejemplos de materia reformable cuatro temas de escasa repercusión. Uno es corregir la preferencia del varón en la sucesión a la Corona, tema sin incidencia inmediata cuando se da la circunstancia de que los derechos de sucesión actuales recaen en personas del género femenino y que, en todo caso, no parece un tema apasionante para presuntos republicanos. Tampoco parece que el presunto republicanismo emane de una pasión popular para que un interino e irrelevante personaje partidista ostente con mayor prestigio y mejores relaciones internacionales la representación histórica del Estado. Otro tema es incluir en el texto constitucional la mención a los nombres de las Comunidades Autónomas, asunto bastante ocioso cuando sus nombres son bien conocidos y sobradamente ratificados en los correspondientes Estatutos que son, en sí mismos, ramas de la Constitución. El tercero es incluir referencias a la Unión Europea que es una entidad supranacional consolidada por tratados internacionales y que, en sí misma, hasta la fecha, no ha querido o podido transformar su estructura convencional en una Constitución Europea. También se incluye en el repertorio la desaparición de algunos aforamientos, como si el pueblo no supiese que las garantías de independencia de sus parlamentarios son una consecuencia clásica y universal de la democracia al depositar la soberanía nacional en unos representantes de la voluntad del pueblo que no deben quedar a merced de que cualquier individuo delirante consiga colar una querella torticera en un juzgado de su pueblo. Lo que le molesta a la gente no es el status jurídico de sus representantes sino la impunidad de corruptos ostentosos, violadores en vacaciones, ladrones de cuello blanco, atracadores de barrio, destrozones callejeros, terroristas peripatéticos, reincidentes profesionales y sindicalistas coactivos.
 
            Pero los que hablan de reforma constitucional no suelen referirse a estos temas sino a los otros. Solo flota un asunto de mayor calado: convertir a España en una federación. Esto no sería en ningún caso una reforma sino un cambio de Constitución, lo que es un aventurerismo peligroso. El objetivo de tal cambio no reside en las maravillas que para el pueblo derivarían del paraíso federalista sino en conllevarse con los problemas territoriales suscitados por algunos partidos llamados nacionalistas que proponen la fragmentación de España, cuando la clave del federalismo es construir una sola nación con las partes federadas. Lo inútil de tal propuesta reside en que la hipotética federación no sirve en absoluto para satisfacer unas pretensiones separatistas que estarían más oprimidas por un sistema federal e igualitario reforzado con un nuevo consenso nacional que por su actual "status quo" como autonomías asimétricas. Es decir, que no sirve para eliminar el ridículo "choque de trenes" con que amenaza ese megalómano Artur Mas que no es capaz de entender que solo sería el choque de un tren con una tartana.
            
            La única reforma constitucional que entendería la ciudadanía sería la que taponase cualquier rendija por la que nadie con cargo constitucionalmente ratificado pueda promover impunemente la ruptura de la unidad nacional. Una reforma que borrase la desigualdad de los territorios. La que restringiese el despilfarro y la proliferación burocrática de las autonomías. Una reforma en sentido contrario a la que proponen algunos políticos blandengues para intentar congraciarse, sin éxito, con otros colegas locales. Una reforma justiciera que robusteciese la operatividad de los tres poderes del Estado -ejecutivo, legislativo y judicial- y armonizase una cultura y educación cívica general en todos los territorios del Estado realizada con lógica histórica y capacidad de cohesión social. Las otras reformas accesorias no son sino una especie de "tiquitaca" electoralista con que juegan unos y otros partidos a engañarse con juegos terminológicos vacíos de sustancia.