El Gobierno aprobará este
viernes el nuevo proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, tras introducir
cambios al documento que presentaron el pasado mes de noviembre por su polémico
contenido. Colectivos sociales critican que la norma recorta derechos básicos,
como el de manifestación o expresión.
El anteproyecto de la ley ha
sido estudiado durante seis meses después de ser aprobado de forma inicial por
el Gobierno. Las críticas sobre algunos aspectos del texto han provocado que el
Ejecutivo haya introducido en este tiempo diversas modificaciones en un proceso
que culminará cuando el Consejo de Ministros de este viernes de su visto bueno.
Uno de los aspectos más
polémicos del texto inicial era que se consideraban faltas los insultos, las
vejaciones, las amenazas o las coacciones a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. También establecía como motivo de sanción el uso y
distribución de imágenes de los policías si supusieran un 'atentado' contra su
intimidad o pudieran poner en riesgo una operación.
Las faltas graves o muy
graves podían suponer penas de entre 1.000 y 600.000 euros, mientras que las
leves podrían oscilar entre los 100 y los 1.000 euros. Las causas para imponer
las sanciones más altas incluían la
perturbación de la seguridad ciudadana en espectáculos, acontecimientos
deportivos u oficios religiosos, así como las convocatorias "con finalidad
coactiva" celebradas durante la jornada de reflexión o el día electoral.
Otras faltas consideradas
graves serían las manifestaciones no autorizadas, el manejo de armas prohibidas
o explosivos no catalogados, la celebración de espectáculos públicos o
actividades recreativas prohibidas o la proyección de dispositivos luminosos
como los clásicos punteros 'lasser' contra vehículos y otros medios de
transporte como aviones.
De la misma forma,
contemplaba como grave la participación en alteraciones de la seguridad
ciudadana con el rostro cubierto o la obstrucción a las autoridades en el
ejercicio de sus funciones. En la categoría de sanción leve se incluía, entre
otros, la celebración de cualquier reunión o manifestación no comunicada.
Garantías constitucionales
Desde el Ministerio del Interior se asegura que el nuevo texto que
será sometido a su aprobación por el Consejo de Ministros contará "con
todas las garantías en cuanto a su constitucionalidad y con un escrupuloso
respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas".
El gabinete que dirige
Jorge Fernández Díaz ha explicado que se
han asumido todas las observaciones "esenciales" que se han formulado
y que se ha perseguido el objetivo de "garantizar las mejores condiciones
para la seguridad ciudadana, con un absoluto respeto a la libertad y con una
total seguridad jurídica".
Cuando se apruebe la nueva Ley de
Seguridad Ciudadana, pasará a sustituir a la denominada como 'Ley Corcuera', de
1992. La nueva Ley se ocupará de las
conductas sancionables en delitos e infracciones Administrativas, que hasta
ahora formaban parte del Código Penal, y contará con casi 20 artículos más que
la norma vigente, además de nuevos supuestos de infracción repartidas entre leves,
graves y muy graves.
'Ley
Mordaza'
Ante el anuncio de la
aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, movimientos sociales y
colectivos ciudadanos han empezado a movilizarse para mostrar su rechazo ante
la norma.
El colectivo 'No somos
Delito' convocó una asamblea de urgencia en Madrid este jueves para debatir las
acciones que se llevarán a cabo para protestar contra la que denominan la "ley
Mordaza". Este colectivo nació precisamente para mostrar un rechazo contra esta
norma y para criticar la reforma del Código Penal.
"Cada vez hay más represión
en las calles, más detenciones, identificaciones injustificadas, mayor
violencia policial, mas sentencias injustas a compañeras, etc.", criticaba el
colectivo en un escrito en el que anunciaba la asamblea y que ha difundido por
las redes sociales.
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