Guerra de corporativismo entre jueces y fiscales por la imputación de la Infanta

El fiscal Horrach llegó a acusar al juez Castro de realizar una imputación "a la carta", lo que provocó que el propio Castro le retara a presentar una demanda en su contra por prevaricación si de verdad pensaba las duras acusaciones que realizaba en su recurso a la imputación de la infanta Cristina. Pero la historia no se quedó en los juzgados de Palma.

Numerosas asociaciones judiciales primero y el Consejo del Poder Judicial después salieron en defensa del juez encargado del caso Nóos. En una insólita declaración, el CGPJ criticó la utilización de "expresiones que puedan sembrar dudas sobre la objetividad e independencia de los jueces/juezas" sin citar en ningún momento al fiscal Horrach, ni al caso Nóos, aunque se daba por sentado el motivo que desencadenó el texto.

Ahora, el Consejo Fiscal ha salido en defensa del aludido en silencio que por sí mismo se limitó a respetar al CGPJ pidiendo respeto también para sus propias resoluciones. El órgano de representación del ministerio fiscal ha defendido al fiscal anticorrupción aunque tampoco ha querido en ningún momento citar al caso, al juez o al fiscal, tal y como hizo el lunes el CGPJ, parafraseando incluso algunos de los términos utilizados por el órgano de los jueces.

El Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, ha mostrado su "conformidad" con el comunicado emitido el lunes por el CGPJ, "haciendo extensible su preocupación sobre determinadas expresiones que en ocasiones figuran en algunas resoluciones judiciales, así como en manifestaciones públicas que realizan titulares de los órganos judiciales".

"Por ello -ha añadido- estima necesario solicitar de los mismos que no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor del Ministerio Fiscal".

El órgano de representación de la Fiscalía ha recordado, asimismo, que el fiscal actúa en cumplimiento de las funciones que constitucionalmente le están atribuidas, como son "la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales", como establece el artículo 124 de la Constitución Española.


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