El Rey y el presidente

La proclamación de un nuevo rey no es un simple relevo personal sino un acontecimiento con repercusiones históricas. En esta ocasión, D. Felipe VI llega al trono tras el trascendental reinado de D. Juan Carlos I que abarcó nada menos que treinta y nueve años. Nuevas generaciones, nuevo panorama internacional, diferente coyuntura socioeconómica, redes informativas más densas, configuran un paisaje distinto al que encontró D. Juan Carlos al iniciar su reinado. Es cierto que la política es siempre una actividad dinámica que evoluciona día a día, pero los grandes hitos, marcados por el empuje del cambio en la titularidad de la Corona, son un estímulo sicológico a la renovación de la vida pública.
 
El sentido de la prudencia y la moderación característico de las monarquías parlamentarias evita reacciones directas apresuradas pero abre espacios a la reflexión en todos los niveles del Estado. Las relaciones entre la Corona y la Presidencia del Gobierno no son una excepción. Cuando Juan Carlos I inició su reinado el, entonces, presidente D. Carlos Arias Navarro le presentó su dimisión, pero fue inicialmente confirmado. Las circunstancias eran muy diferentes. El Presidente del Gobierno, de acuerdo con la legislación anterior, debía ser cooptado por el Jefe del Estado entre una terna propuesta por una institución, hoy inexistente, que se llamaba Consejo del Reino. El Rey tenía, después, un papel activo y determinante, al manifestar su preferencia entre tres candidatos. Así fue nombrado presidente Adolfo Suárez en su primer mandato y, por ello, Torcuato Fernández Miranda, Presidente de las Cortes y de dicho Consejo del Reino, pudo pronunciar aquella célebre frase: "Estoy en condiciones de presentar al Rey lo que él me ha pedido". Lo cual, en sentido estricto, quería decir que ya había conseguido que el Consejo del Reino le presentase una terna concreta. En aquellas circunstancias había una intervención directa de la Corona que suponía un grado de preferencia y que, por tanto, hacía inexcusable poner el cargo a disposición del monarca para permitirle ejercer su derecho a optar. En el segundo mandato de Adolfo Suárez ya no se daban aquellas circunstancias pero, sin embargo, presentó su dimisión al Rey cuando lo consideró conveniente, antes de abrir la puerta del Congreso para que este eligiese a Leopoldo Calvo Sotelo. Esta elección fue interrumpida por un asalto al Congreso y continuada, una vez recuperada la normalidad con la intervención del Monarca.
 
A partir de la Constitución democrática de 1978, elegir presidente de Gobierno es una competencia del Congreso de los Diputados, como institución depositaria de la soberanía nacional que ejerce colectivamente por mayoría. El Rey sanciona la elección del Congreso y su sanción no tiene ningún efecto selectivo sino que, simplemente, garantiza la conformidad arbitral de que la elección se ha realizado con arreglo a la legalidad constitucional vigente. Con esta estructura constitucional, el presidente no estaría obligado formalmente a presentar su dimisión al Rey sino, quizá, recabar la confirmación de su confianza al Congreso o, en caso de causa mayor, convocar elecciones generales. Cualquiera de los dos caminos serían un proceso para regenerar el mandato con la sanción del nuevo Jefe del Estado a las actuaciones que van a desarrollarse bajo su reinado, poniendo el interés público por encima del interés personal. No sabemos, en estos días de proclamación de un nuevo monarca, que conversaciones se habrán mantenido entre el nuevo Rey y el actual Presidente. Es de suponerlas armoniosas y razonables, dado el clima y valor de la estabilidad imperante y el carácter sereno de las personas citadas. Pero no parece lo más correcto que se produzca un relevo en la Jefatura del Estado y el poder ejecutivo se limite a tomar nota, como si aquí no hubiese pasado nada. Es un error confundir estabilidad con continuismo. La sucesión por abdicación, con el respaldo legal mayoritario de los representantes del pueblo, es un acto de estabilidad constitucional pero no es un acto de continuismo. Por el contrario, es un estímulo al cambio y regeneración bajo el empuje de una Institución sin vacios que, por ser estable en sí misma, permite circular los aires de mudanza.  Las expectativas de nuevo impulso que simboliza, por sí misma, la imagen de un nuevo Rey no deben ser borradas por un continuismo tecnocrático sin reflejos. De alguna manera, la Presidencia del Gobierno debe demostrar que ha entendido el mensaje en una coyuntura que, afortunadamente, solo se produce en una monarquía parlamentaria cada cuarto de siglo, como mucho.