El artículo 56.3 de la Constitución establece que la persona del
Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad, porque sus actos estarán siempre refrendados por el presidente del Gobierno y en su caso por los ministros competentes. Por lo tanto, en cuanto pierda su condición de Rey,
Don Juan Carlos perderá esa condición de inviolabilidad, aunque nadie le podrá reclamar nada ante los tribunales por su gestión de cuando era el Jefe del Estado, porque sus actos estaban siempre sometidos a refrendos.
Sin embargo, a partir de ahora, para que Don Juan Carlos pueda estar al menos aforado se necesita una regulación legal que no existe. Según las fuentes consultadas hay varias vías, sin que el Ejecutivo haya tomado una decisión. El
Gobierno podría promover una ley al respecto, podría hacerlo el Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley, o podría introducirse el aforamiento en una ley que esté en trámite, como la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
De hecho, el Gobierno incluyó en esta ley el aforamiento de los Príncipes de Asturias y de la
Reina Sofía. Sin embargo, está aún en fase de anteproyecto a la espera de informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, por lo que su aprobación aún se va a demorar varios meses.
Las fuentes citadas descartan en principio aprobar un procedimiento especial para aforar a Don Juan Carlos y le gustaría que el método elegido tenga el apoyo y el consenso de todos los partidos.
Este asunto tiene una gran relevancia, toda vez que Izquierda Unida ya ha anunciado a través de su diputado
Alberto Garzón que si la ley orgánica en la que se recoge su abdicación no le blinda, plantearía querellas "por los
hechos delictivos que hubiera podido cometer en todo su reinado".
En lo que sí está trabajando ya el Ejecutivo es en un Real Decreto que regulará el tratamiento que se le dará cuando deje de ser rey a Don Juan Carlos, además de otros asuntos, y que entrará en vigor inmediatamente después de que Don Felipe sea proclamado. Aunque las fuentes citadas no aclararon en qué consistirá, sí indicaron que hay modelos recientes en otras monarquías europeas, donde también se han producido casos de abdicaciones.
Y es que corren prisas por Moncloa. Sobre todo al conocerse que el partido Soberanía ha ampliado en la Audiencia Nacional la querella
que interpuso contra el Rey Juan Carlos acusándole de haber participado
en la denominada 'trama civil' del 23-F para solicitar a este órgano
judicial que tenga en cuenta que ha perdido la inviolabilidad desde el
momento de la abdicación. El abogado querellante
José Luis Mazón ha ampliado el recurso que interpuso ante la Sala de lo Penal contra la decisión del juez
Santiago Pedraz, que rechazó la demanda que presentó contra el Rey y contra el expresidente del Gobierno
Felipe González por haber participado, a su juicio, en esta trama sustentándose en el
libro del rey de la escritora
Pilar Urbano '
La gran desmemoria'.
Rey por el BOE Por otra parte, las fuentes citadas que subrayan el deseo de que la sucesión se haga con gran rapidez, explican que a efectos jurídicos Don Felipe se convertirá en rey de derecho en cuanto se publique en el BOE la abdicación de Don Juan Carlos. En todo caso se quiere que esa publicación venga seguida inmediatamente del acto del Congreso en el que se producirá la proclamación del nuevo monarca. Como en el caso de su padre, también la
Infanta Leonor se convertirá automáticamente en Princesa de Asturias en cuanto la abdicación se publique en el BOE.
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