Desde que se tuvo noticia de que Bankia vendía el 20% de su
participación a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) y el Estado se convertía en su principal accionista, los rumores
de movimiento de ficha entre los consejeros de la compañía no se hicieron
esperar. El baile de currículos entre los militantes del Partido Popular se empezaron a amontonar en
el despacho del presidente de Indra.
Las malas lenguas no sólo hablaban de segundas figuras, también
peligraba el puesto de presidente, el de
Javier Monzón, un hombre aupado por el
PSOE. Quienes le conocen saben que sólo se le puede
sacar de Indra con fórceps y que en todo este tiempo ha sabido blindarse
y cubrirse las espaldas.
Este lunes se ha sabido que el presidente de Indra se garantiza un finiquito de más de
16 millones de euros en caso de despido, tal y como publican Vozpópuli.
El consejo de administración de Indra, empresa cuyo mayor accionista es desde agosto pasado el Estado
(20%) a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), aprobó en diciembre pasado sustituir el marco contractual de sus
consejeros y ejecutivos y altos directivos vigente hasta entonces por
un "plan de prejubilación y ahorro a largo plazo" al que ha dotado, de
momento, con 21,11 millones de euros, de los que 11,5 millones
corresponden al presidente.
No es el primero, ni será el último El pasado viernes día 2 se publicó en
Diariocrítico que el ex presidente del Consejo de Dirección de
la SGAE, Teddy Bautista se había adjudicado una pensión mensual de 26.269 euros con carácter vitalicio; una cantidad que surge por la aceptación de la
demanda que se ha aceptado en contra de la entidad.
Esta
cantidad de dinero, que muchos consideran desorbitada, corresponde a un
contrato de seguro del plan de jubilación que suscribió en enero de 2000
dentro del contrato especial de alta dirección que firmó con la SGAE.
Bautista abandonó dicho cargo debido a su detención el 1 de julio de
2011 por la Guardia Civil ya que fue imputado por apropiación indebida,
administración fraudulenta y un delito societario por el juez de la
Audiencia Nacional Pablo Ruz. En un principio, tanto la demanda por
despido improcedente como la indemnización que pedía el ex dirigente
fueron desestimadas.
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