Reforma constitucional

            Se habla mucho de reforma constitucional como panacea para curar las tensiones territoriales y superar el desgaste del paso de los años en cualquier estructura política. Todos los mecanismos necesitan revisiones y, en la práctica, las Constituciones de todos los países con estabilidad democrática sufren reformas. También nuestra Constitución fue reformada por dos veces. Su artículo 13 para adaptarla a las circunstancias de la incorporación de España al Tratado de la Unión Europea. Su artículo 135 para facilitar la gestión financiera del Estado en las vicisitudes de la crisis económica padecida. La clave de las reformas constitucionales es que se mantenga el espíritu de consenso con que fue redactada, aprobada y refrendada. En ambos casos operaban las conveniencias del proceso de integración europea pero nunca tendencias a la disgregación o secesión que jamás provocarían consenso sino disenso.
 
            Hoy, cuando se habla de reformas constitucionales, da la impresión de que se buscan fórmulas para reacomodar la Constitución de 1978 a la experiencia práctica del llamado Estado de las Autonomías que, a lo largo de 36 años, ha puesto de relieve sus ventajas y sus defectos. En cualquier caso para mejorarla y no para agravar sus grietas ni para romperla, como parecen desear sus oponentes de uno y otro extremo. Siempre de acuerdo con el interés general y no con pretensiones parciales. La virtud de la Constitución de 1978, en comparación con otras antecedentes, es que es fruto de un consenso reconciliador y no de una imposición del poder establecido. No fue una Constitución de vencedores y vencidos sino un compromiso entre todos, lo que la diferencia de otras, como la de la II República, hecha por los republicanos y para los republicanos, entendidos por tales los eufóricos teorizantes de un izquierdismo sectario y excluyente que no concebía que la democracia pudiera otorgar el poder dentro del sistema a tendencias de otro signo. Por ello, la Transición se hizo "de ley a ley" tras una previa Ley para la Reforma política aprobada por las antiguas Cortes españolas y refrendada por el pueblo, que permitió unas elecciones generales con presencia de todos los partidos políticos, incluidos comunistas y nacionalistas, de la que emanó un poder legislativo plural capaz de proponer un texto acordado y no otorgado ni impuesto. Este espíritu no puede ser degradado por reformas que solo sirvan a intereses coyunturales de partido o de territorio y es por lo que los procedimientos de reforma legalmente previstos exigen mayorías parlamentarias y plebiscitarias cualificadas.
 
             La cultura del consenso es la clave de la concordia constitucional y su abandono nos haría retroceder a la dinámica de inestabilidad y confrontación de la borrascosa historia de los dos siglos precedentes de nuestra historia. Corregir los notorios defectos de nuestra vida política actual no puede hacerse a costa de favorecer la crispación, el secesionismo o la violencia, promoviendo un ambiente de enfrentamientos radicales que hagan inviables los grandes acuerdos. En nuestra actualidad algunos creen que una reforma constitucional indefinida podría mejorar el diseño del Estado y su despliegue territorial, lo cual no es verdad ni mentira, sino una simple hipótesis imprecisa y carente de ninguna base previa capaz de promover un consenso general.
 
            Solo se han producido hasta la fecha reformas justificadas por el proceso de integración europea, admitida de buen grado por la inmensa mayoría de los españoles. Da la impresión de que, en un futuro, el avance de la construcción europeísta va a propiciar nuevas reformas, especialmente en el campo de la fiscalidad y de la solidaridad social. Pero no parece que tengan ningún sentido reformas para promover separaciones que perjudican al proyecto común europeo. Tampoco parece que, desde un punto de vista interno, las reformas imaginables se promuevan para estimular los gérmenes nacionalistas que complican la unidad de mercado nacional y segregan entidades políticas que,  como primer paso, tienen la inevitable consecuencia de anular los tratados internacionales suscritos por los Estados actuales, abriendo nuevas y complejas negociaciones para cada una de las partes supervivientes a las supuestas secesiones.
 
            No puede contemplarse ninguna idea de reforma constitucional como un camino para complacer a aquellos que actúan contra la unidad de los Estados, como decía Rabindranath Tagore: "Fabricando mentiras y verdades a medias sobre los hechos históricos, presentando desfavorablemente a otras razas y cultivando sentimientos de animadversión hacia ellas, conmemorando sucesos que a menudo son falsos y debieran de ser olvidados rápidamente por el bien de la humanidad." Muy por el contrario, las reformas constitucionales capaces de contar con suficientes consensos en el futuro no serán disolventes para acrecentar la dispersión con que sueñan los políticos regresivos sino aquellas con intención de reajustar el Estado económico y coordinarlo con realismo y simplificación. Deberá reformarse la Constitución para corregir los vicios detectados en nuestro Estado, no para transferir los vicios del Estado centralista al neocentralismo  surgido en cada capital autonómica. La finalidad de cualquier reforma imaginable y aceptable no puede ser desmantelar el Estado sino adaptarlo a las tendencias de unidad europea, de globalización económica y de sentido común. Ninguna reforma, ni tan siquiera un cambio radical, puede desconocer la realidad metapolítica de que una Constitución es consecuencia de la existencia de una unidad básica previa y que la unidad no es el fruto de la Constitución sino su origen. La invocación al refrendo de una Constitución reformada solo puede inspirarse en la conciencia de que existe una unidad histórica previa y no un proyecto controvertido y parcial que no cuenta con un asentimiento popular proporcionado en toda la dimensión que abarca la norma. En consecuencia toda reforma constitucional viable, como fruto de un acuerdo unitario, será un refuerzo del principio de unidad y coordinación y nunca un atajo para desintegrarla. Una reforma integradora, no disgregadora.