La Junta acusa al Gobierno de iniciar una 'caza de brujas' contra Andalucía

Alonso se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa en Sevilla http://cms.diariocritico.com/imagenes/save.png en relación con la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre supuestas irregularidades detectadas en cursos de formación que habrían percibido de forma irregular dinero de la Junta.   

Respecto al hecho de que la Comisión Europea haya anunciado que pedirá explicaciones al Gobierno andaluz por el posible fraude, Alonso ha remitido a Bruselas a pedir las explicaciones al Ministerio del Interior, que es el que está dando esos datos, y ha lamentado no haber podido contactar por teléfono con sus responsables a lo largo de la jornada. "El ministro ha desaparecido, hemos intentado ponernos en contacto con él y no se pone al teléfono", ha añadido.
  
"Colaboraremos con la Justicia y con la UE y con todo aquello que signifique transparencia y legalidad; no tendremos problemas en asumir lo que tengamos que asumir", ha aseverado el consejero, quien agrega que la Junta "sólo sabe lo que dice la prensa, no tenemos notificación de nada, no se ha puesto al teléfono; eso es una vergüenza y un atropello a los andaluces, una falta de respeto que no es tolerable en un Estado de derecho".

ÚNICA PETICIÓN   

Alonso ha explicado que la única petición es la realizada por la sección de investigación de la Seguridad Social en base a las diligencias de investigación seguidas por la Fiscalía de Málaga, que en enero de 2014 solicitó a la Delegación Territorial de Educación de Málaga, petición que "fue contestada en todos sus extremos, por lo que se entregó la documentación requerida el 7 de febrero".
  
El consejero ha agregado que el mandamiento judicial versa sobre la petición del programa de compromiso de contratación que subvenciona acciones formativas de la convocatoria 2010 en la provincia malagueña, un programa con un presupuesto de 5,9 millones de euros.
  
Alonso agrega que en los juzgados "solo se solicitó información sobre 17 expedientes de dicha convocatoria, cuyo presupuesto es de 1,5 millones de euros". De esos 17 expedientes solicitados, 11 son empresas sociedad limitada, dos sociedades civiles, dos empresarios individuales y dos asociaciones empresariales.
  
Ha explicado que de esos 17, uno de los expedientes se encuentra terminado, y se le solicita reintegro parcial, una resolución que se publicará en BOJA y de la que no quiso decir cantidad ni a qué entidad se refiere, y el resto "o bien se está requiriendo de documentación, se está iniciando el proceso de reintegro o tiene la resolución de reintegro pendiente de publicar. Ha agregado en ese punto que "la mayoría de la documentación requerida consiste en una justificación real a través de la vida laboral de la contratación de personal comprometido o actas notariales de aceptación o renuncia por parte de los trabajadores".
  
Asimismo, ha explicado que habitualmente en ese tipo de subvenciones "en el momento de la concesión se tramita una orden de pago por el 75 por ciento del importe y el 25 por ciento restante de la subvención queda supeditada a la justificación del mismo, y a si se adecua a lo realizado, proceso en el que actualmente se encuentran". Así, una vez que se justifica, "o bien se paga el 25 por ciento o bien se inicia procedimiento de reintegro o procedimiento sancionador y si se observase ilícito penal se pondría en conocimiento de la Justicia".
  
Estas subvenciones en concreto de Málaga correspondiente a la convocatoria de 2010 se ejecutan durante 2011 y 2012 y cuando terminan se empieza la justificación en 2013.

"CAUSA GENERAL"   

Considera que el ministro "deberá especificar y explicar los datos y decir de dónde los ha recabado para decir que existe fraude masivo en la formación profesional de Andalucía; deberá decir si los datos están contrastados, si se lo ha dicho a los organizaciones judiciales competentes, que diga qué empresas, entidades e instituciones y ayuntamientos están incluidos en dicho 'fraude', si se les ha notificado, y qué procedimiento se ha creado para emitir posibles alegaciones".
  
Alonso lamenta que el Ministerio "sea juez, ejecutor y parte" y reconoce que tiene "gran preocupación sobre si el Ministerio sabe de lo que habla", toda vez que "se pone en duda la legalidad de las cantidades, que representan el presupuesto total de la formación profesional para el empleo en Andalucía en los últimos siete años".
  
El consejero lamenta que el Gobierno "se alía con el PP-A en la causa general frente a la formación profesional de Andalucía, y le da igual el coste que puedan tener sus acciones para cientos de entidades honradas y eficientes; no sé si ha medido lo que supone acusar a todo el tejido asociativo e institucional de participar en un entramado de corrupción".
  
Así, ha recordado que entre los entes que concurren a esas subvenciones se encuentran asociaciones, pymes, instituciones públicas y privadas y universidades". "Al declarar el Gobierno causa general, está diciendo que sindicatos, CEA, autónomos, Cruz Roja, ONCE, Universidad de Sevilla, ayuntamientos de Almería, Granada, Málaga, Jaén, Cádiz y Sevilla, diputaciones, mancomunidades o FAMP durante todos estos años han sido cómplices de corrupción con el Gobierno andaluz", advierte.
  
Asimismo, muestra sus "serias dudas" sobre "por qué el Gobierno lo ha hecho, ahora en Semana Santa, con el juez Ruz..., es sorprendente esa filtración, por lo que exigimos una explicación por parte del Ministerio, que dé la cara, y le exigimos una rectificación, que pida disculpas y retire sus acusaciones".

"HOJA DE RUTA"   

Sobre el nuevo modelo para la gestión de convocatorias de ayudas, ha explicado que se ha seguido "rigurosamente" las recomendaciones de Intervención General y de la Cámara de Cuentas, de forma que no se utiliza el instrumento de la exoneración, de forma que "los que no hayan cumplido con la obligación de justificar los fondos no podrán concurrir a las convocatorias ni percibir ayudas hasta la fiscalización de los expedientes previos".
  
En ese sentido, ha precisado que los servicios centrales de la Consejería y las unidades provinciales están estudiando "caso a caso" cada uno de los expedientes de convocatorias anteriores que se encuentran en fase de justificación. "Se está mirando uno a uno, quizás podríamos ser más ágiles", reconoció.
  
Así, ha explicado que "en siete meses, los servicios centrales han efectuado 480 requerimientos de documentación de expedientes desde 2007, y se han iniciado 56 expedientes de reintegro". Esos expedientes aún no han abonado las ayudas porque no estaban justificados y ha recordado que "cada año se destinan 300 millones en ayudas para subvenciones".
  
El consejero, que ha recordado que ya compareció por este tema en el Parlamento andaluz a petición propia aunque asegura que comparecerá "las veces que haga falta", ha dejado claro que la Junta "mantiene su hoja de ruta, con su respeto escrupuloso a la legalidad en la tramitación de todas las convocatorias públicas, de colaboración con la Justicia y puesta en funcionamiento del nuevo modelo de formación para el empleo".
  
"Queremos gestionar el presente, ordenar el pasado y planificar el futuro de la formación profesional", ha agregado el consejero.