viernes 11 de abril de 2014, 14:29h
El espectáculo
empieza a resultar bastante bochornoso; se nos llena la boca con lo del Estado
de Derecho pero resulta que aquí, un día
sí y otro también, la Ley, eso que todos deberíamos respetar porque es lo único
que al final puede salvarnos, se va quedando cada vez más fuera del sistema,
cada vez más desprestigiada y cada día más inútil.
Naturalmente el
ejemplo palmario de lo que digo es el caso del gobierno de Artur Mas y los
suyos que se permiten el lujo de no cumplir la mitad de las sentencias del
Tribunal Constitucional -sin que pase nada- y que llevan al Congreso de los
Diputados una petición imposible sobre la que -ahí está el desprecio- anuncian
con antelación que digan lo que digan los representantes del pueblo español,
ellos van a hacer lo que quieran. Pues sí que estamos bien.
Y ahora la crisis
en la Gobierno de Andalucía porque Susana Díaz -de la que sólo puedo tener por
ahora buenas opiniones- decide enmendar
la plana a sus socios heredados en el Junta, las gentes de IU, y pretende
cumplir la ley en una entrega de viviendas y respetar las listas de espera. ¡Y
semejante cosa, respetar la Ley, puede costar -no va a pasar- una posible
ruptura del pacto entre el PSA e IU!
Y luego está el
tema de los indultos, que por ahora -y después de muchos y muy tristes
ejemplos- parece que se ha frenado un poco con Jaume Matas, por ejemplo o del
Nidio que piden el indulto al Gobierno por ser, sencillamente, quienes son: ricos y famosos. Punto. ¿Será
posible?
A la juez Alaya
le llueven reprimendas en lugar de ayudas por todas partes. A Ruz le quedan
días para concluir la instrucción y, o se da prisa o pasa el caso a quien le
sustituya; en Palma de Mallorca ya uno no sabe ni qué está pasando y si, al
final, todo habrá prescrito. La
Audiencia Nacional cada día está más desprestigiada. El Supremo y el
Constitucional no se pueden ni ver y el
CGPJ es una caja de sorpresas.
Y así no hay
manera. La Ley y todo lo que conlleva, tendría que ser el último recurso a
salvo de toda sospecha en una estado de derecho; la Ley es -debería ser- la
ultima garantía capaz de frenar los desmanes de políticos y ciudadanos. Y la
Ley debería ser lo suficientemente sagrada como para que todos tuviésemos claro
la necesidad de que debe ser respetada. Pues ya se ve que no. Entre sentencias
incomprensibles, juicios que no se acaban nunca, tasas y más tasas,
politización de las instituciones y ningún respeto a muchas sentencias firmes
por altas instituciones políticas, la Justicia está en España a los pies de los
caballos, a los pies de los partidos y a
los pies de una burocracia que impide una de sus características fundamentales:
la inmediatez. Y una democracia sin un poder judicial independiente, respetado
y fuera de toda sospecha, una democracia sin ese contrapeso, resulta muy
complicada para todos.
Algo tiene que
cambiar en España para encontrar el buen camino y no hacer de la Justicia un
elemento casi anecdótico para unos pocos y algo inalcanzable o inútil o
desanimante para la gran mayoría