Desdemocratización

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, está yendo muy lejos en sus reformas legislativas, toda una revolución. Más bien, toda una involución. No solo se plantea acabar con el derecho de las mujeres al aborto, pasando de una ley de plazos como la actual a una ley de supuestos como la anterior, pero más restrictiva, sino que ahora se propone silenciar a los jueces y a los medios de comunicación, además de poner fin a los jueces estrella de la Audiencia Nacional. En cambio, parece haberse olvidado de las fechorías de quienes, delinquiendo, convierten a ciertos jueces en estrellas.

En un país democrático como España, resulta que el Consejo General del Poder Judicial podrá ordenar a un medio de comunicación, un político u otro juez que deje de informar, escribir o hablar sobre el trabajo de otro magistrado o tribunal, según establece un anteproyecto que acaba de presentar Gallardón. Con un lenguaje impropio de una democracia, se habla de "ordenar" a un medio de comunicación que "perturbe o inquiete a los jueces el inmediato cese en dicha conducta". Pero hay más. "La continuación o reiteración de tal comportamiento tras recibir la orden de cese será constitutiva de delito contra la Administración de Justicia previsto y penado en el apartado 1 del artículo 464 del Código Penal", dicta el articulado de Gallardón.

Además de este claro ataque a los derechos de la prensa, en España se corre el riesgo cierto de que vuelva la censura, porque Gallardón quiere prohibir a todos los jueces y a las asociaciones judiciales valorar los casos abiertos en los juzgados. Por cierto, con contradicciones impropias de la era digital. Resulta que Gallardón pretende decidir quién coarta o no el derecho fundamental de expresión y, en un alarde de generosidad propio de las 'dictablandas', se escuda en que les permitirá hacer comentarios de índole doctrinal en publicaciones especializadas para no atacar su "libertad de investigación científica". ¿Y por qué se prohíbe hacer valoraciones jurídicas en medios generalistas pero no en publicaciones especializadas? El delirio de Gallardón se detiene esta vez ante "el derecho a la libertad de investigación científica recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea", pero no ante la Constitución.

A la vista de medidas jurídicas de este tipo y de ciertas políticas económicas, sociales y laborales, España podría convertirse en el paradigma del proceso de desdemocratización descrito hace ya unos años por la profesora estadounidense Wendy Brown, con el hándicap de que la izquierda española carece actualmente de pensadores e ideólogos capaces de brindar una verdadera alternativa política progresista ante el tsunami de la impetuosa ideología neoliberal.

@J_L_Gomez