La Constitución, mantenimiento y reformas

 Es inevitable que cuando nos referimos a nuestra Constitución, la palabra reforma aparezca inmediatamente como necesidad más o menos imperiosa. Nos dirigimos felizmente hacia la cuarentena de su entrada en vigor, pero por una razón u otra no dejamos de encontrarle peros o defectos.

Nadie puede negar que la sociedad española que dio ese paso institucional tan trascendental como es el de dotarse de una regla general democrática para ordenar su funcionamiento, no es la de esta primera década del siglo XXI en la que nos encontramos. Muchísimas cosas han cambiado en nuestras propias vidas como para negar la necesidad de realizar algunos ajustes que remedien ausencias que nadie podía prever a finales de los años 70 del siglo pasado.

Pero lo que no debemos perder de vista es que los cimientos, la base, el edificio, no sólo no tienen que ser derruidos, sino reconocidos como uno de los logros más importantes de toda nuestra Historia. Y eso no lo debemos olvidar así como así. Por lo tanto, debemos proceder a su mantenimiento entre todos los españoles. Porque fue tarea de todos, y a todos nos corresponde asumir la responsabilidad de defender unos principios que yo considero inalterables.
 
A saber: unidad de España y defensa comprometida del Estado de las Autonomías, con la Monarquía parlamentaria como forma política; defensa a ultranza de la libertad individual, la justicia, la igualdad y el pluralismo y del Estado social y democrático de Derecho; el pueblo español como sujeto de la soberanía nacional de la que emergen los poderes del Estado. Valores y principios todos ellos que configuran esos cimientos, esa base y ese edificio en el que cabemos todos los españoles haciendo como propios la cultura y la personalidad de otras Comunidades ajenas a la nuestra.
 
A partir de aquí, y como decía al principio, nadie puede negar la conveniencia de hacer ajustes, pequeñas reparaciones o puestas al día de nuestra Carta Magna para hacer frente a retos sociales que hasta hace poco eran ajenos a cualquier sociedad democrática avanzada. Modificaciones constitucionales que, a mi juicio, deben desarrollarse por el mismo procedimiento por el que fue aprobada la Constitución. Es decir, con el máximo consenso posible de las fuerzas políticas presentes en las Cortes Generales. ¿Acaso debemos considerar que nuestros representantes políticos hoy no son capaces de hacer lo que hicieron los que nos representaron por voluntad popular hace ahora casi 40 años? Yo debo y quiero responderme a esa pregunta con un no rotundo. Por lo tanto, y desde esta tribuna que se me ofrece muy generosamente, reclamo una vez más responsabilidad a nuestros políticos para que no afronten ninguna reforma constitucional si no es partiendo de ese principio básico: consenso.

Pero también quisiera referirme a un aspecto de nuestra Constitución que no sólo no necesita reforma sino que demanda una puesta en valor mucho más importante de lo que se hace habitualmente. Incluso por nosotros mismos, los que somos empresarios por vocación y dedicación.
 
Me refiero concretamente al reconocimiento que nuestra ley de leyes hace de la libertad de empresa. Hace unos meses, y como responsable de una organización empresarial tan importante como la que agrupa a los 500.000 mil empresarios de Madrid, tuve la ocasión de expresarme públicamente sobre este aspecto, y quiero hacerlo aquí de nuevo. Recordé en aquel momento que las organizaciones empresariales tenemos en nuestro objeto fundacional la defensa de esa libertad de empresa que reconoce el artículo 38 de nuestra Constitución.
 
Y quiero poner en valor una vez más el papel del empresario en la consolidación de nuestras libertades sociales y en el desarrollo económico y progreso social que ha experimentado España en esta feliz etapa democrática que vivimos. No siempre ha sido fácil que esa función social del empresario haya sido comprendida en términos generales ni su defensa. Pero parece que poco a poco se va abriendo paso lo que en otras sociedades no es sólo un activo, sino un principio incuestionable. Sin empresa, sin empresarios, no hay generación de empleo ni progreso económico general.
 
[*] Arturo Fernández es presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE) y de la Cámara de Comercio de Madrid