CSIF.F denuncia que el gobierno "prepara la privatización" del Registro Civil en toda España

El sindicato cree que "esta decisión del ministro Gallardón va en detrimento de un servicio público que supondrá a todos los ciudadanos un coste, aun sin cuantificar, en trámites como inscripciones, certificaciones (matrimonio, nacimiento, defunciones, fe de vida, etc) que hasta ahora son gratuitas".

Según ha podido saber CSI·F, esta decisión del Gobierno ha sido trasladada por el subsecretario de Justicia al presidente del Colegio de Registradores el pasado martes, en una reunión celebrada en el ministerio en la que estuvo también presente el director general de Registros y Notariado.

Además, CSI·F ha tenido acceso a una carta que ha enviado esta semana el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, a todos los registradores de España, en la que les comunica esta decisión tan trascendente que, si nadie lo remedia, se hará efectiva en un próximo Consejo de Ministros.

Según la misiva, "la decisión del Gobierno ha sido la de asignar el Registro Civil a los registradores. Esta asignación se hace con plena capacidad auto organizativa del Colegio de Registradores en los aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro Civil".

Esta privatización del Registro Civil se va a hacer a espaldas de los representantes de los trabajadores. En los últimos días, CSI·F ha tratado de contrastar esta información con el ministerio, obteniendo la callada por respuesta.

Medidas de presión

CSI·F está valorando la posible adopción de medidas de presión para "intentar frenar una medida injusta que todavía no ha llegado al Consejo de Ministros. Esperemos que el Gobierno reconsidere y reconduzca una nueva decisión del titular de Justicia adoptada sin consenso", aseguran en un comunicado.

Para intentar reconducir esta decisión del Gobierno, CSI·F ha remitido en varias ocasiones una propuesta alternativa al titular de Justicia, que supone la desjudicialización del Registro Civil, tal y como marca la Ley, pero manteniendo el carácter de servicio público del Registro y su gestión por parte de los funcionarios públicos que, aseguran, "a lo largo de todos estos años han demostrado su eficacia, compromiso y profesionalidad, con una absoluta carencia de medios humanos y materiale".