En un Auto conocido este jueves, la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de da un gran varapalo jurídico a los que,
en tiempos de
Esperanza Aguirre, iniciaron la privatización sanitaria en
Madrid. En ese Auto, los magistrados estiman que los hechos objeto de la
querella interpuesta por AFEM no aparecen como "totalmente inverosímiles", por
lo que al Juzgado de Instrucción nº 4 "no le cabía otra opción que la de incoar
diligencias previas".
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado así
el recurso de apelación interpuesto por
Patricia Flores Cerdán, Antonio
Burgueño Carbonell, Víctor Madera Núñez, Iñigo Muñoz y Manuel Lamela Fernández
contra la admisión a trámite, por parte del Juzgado de Instrucción nº 4 de
Madrid, de la querella de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid
(AFEM).
Los facultativos les habían denunciado por presuntos
delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra
la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación
de caudales públicos durante el proceso de apertura de los hospitales de
Valdemoro, Torrejón y Móstoles.
Ahora, los jueces de la Audiencia Provincial de
Madrid han estimado por unanimidad que "los
hechos objeto de la querella no aparecen como totalmente inverosímiles, por lo
que al mencionado juzgado de instrucción no le cabía otra posibilidad
técnico-jurídica que la de incoar diligencias previas para determinar la naturaleza
y las circunstancias de los hechos, y las personas que en ellos pudieran haber
intervenido".
Los jueces, por otra parte, explican que el presente
auto desestimatorio responde únicamente al primero de los recursos presentados
por los apelantes, por lo que todavía queda a la espera de resolución el
segundo recurso de apelación presentado en este mismo procedimiento contra el auto
del Juzgado de Instrucción nº 4 que acuerda la práctica de determinadas
diligencias de instrucción, entre ellas la declaración de los querellados.
En todo caso, resulta un nuevo varapalo jurídico para
la Comunidad de Madrid, después de que los tribunales paralizaran el proceso
privatizador en seis hospitales públicos que habían decidido el presidente
regional
Ignacio González y el dimitido-cesado consejero de Sanidad,
Javier
Fernández-Lasquetty.
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