Cuando en marzo del 2010 la Comisión Europea
publicó el documento "Europa 2020. Una Estrategia para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador", el presidente de la Comisión,
José Manuel
Durao Barroso, proponía, en su prefacio, cinco grandes objetivos para esta
década: el empleo, la investigación y la innovación, la energía y el cambio
climático, la educación y la lucha contra la pobreza. La propuesta de la Comisión incluía siete
iniciativas emblemáticas que desarrollaban de manera detallada líneas de acción
para abordar con éxito esos desafíos.
Si queremos que la situación
de la España
del 2020 sea la de un país cuyo sistema económico, social y político es capaz
de generar bienestar y oportunidades en su presente y en su futuro para todos
los españoles, no cabe duda que una muy buena parte de los objetivos antes
mencionados son también los nuestros. Entre las distintas, e importantes áreas,
que deberían configurar las líneas de actuación hasta 2020 yo voy a destacar
aquí algunas de las que me parecen, sin discusión, fundamentales.
Primero, la educación. No
habrá habido un tema sobre cuya situación tanto lamento se vierta cada día,
respecto del que todos coincidan que es urgente resolver, y que tanto impacto
esté teniendo en el futuro de las personas y de la sociedad que colectivamente
constituyen. La educación en España tiene enormes lagunas de calidad, está
perjudicando notablemente la igualdad de oportunidades, como instrumento clave
de movilidad social, no estimula el valor del esfuerzo y como colofón lastra
las posibilidades de un desarrollo y crecimiento económico sólido y
competitivo.
Así las cosas, y con un
tercio de estudiantes en edad escolar obligatoria que abandonan el sistema
educativo sin acreditación alguna para su inserción laboral, o se actúa de una
vez por todas, con determinación y sentido de la responsabilidad, lo que afecta
esencialmente a los responsables políticos, o la España del 2020 -y más
allá- no ofrecerá una imagen muy diferente a la de la complicada, y a veces
dramática, trama de problemas que ahora tenemos.
La ley de Calidad de la Educación aprobada por
el Parlamento en diciembre del 2002, cuya aplicación apenas vio la luz al ser
paralizada por el Gobierno socialista tan pronto como accedió al poder en el
año 2004, no pudo, muy lamentablemente, desplegar sus posibilidades para
responder eficazmente a los problemas de nuestro sistema educativo. Sin
embargo, producto del debate que hubo entonces y del que sigue habiendo ahora,
hay un acervo de ideas sobre las necesidades de la Educación en España, que
son ampliamente compartidas por los profesionales del sector, por los
empresarios y. en general, por la sociedad española. No hay una sola excusa, ya
no hay un momento más que perder para afrontar este gran desafío.
El avance de las tecnologías y
de Internet
Segundo, la era digital. El
espectacular avance de las tecnologías de la información y de la comunicación y
la puesta en marcha de Internet, su producto estrella, han permitido en esta
última década un desarrollo de las relaciones sociales, de la formación, de las
transacciones comerciales, etc., en el espacio digital, de una gran amplitud.
Por lo que se refiere al
mercado digital se puede afirmar que está destinado a convertirse en el motor
del mercado interior europeo. Tal es su potencial, que un estudio de marzo de
2010 calculaba que la
Unión Europea podría aumentar en un 4 % su PIB estimulando un
rápido desarrollo del mercado digital de aquí al 2020, lo que vendría a suponer
unos beneficios de entorno a los 500.000 millones de euros durante el periodo.
España tiene en estos años
que impulsar un mercado digital único y desarrollar en el propio país una serie
de acciones encaminadas a alcanzar una posición competitiva.
Objetivos como facilitar el
despliegue de las redes de alta capacidad-velocidad en un entorno de
competencia; establecer un programa de gestión eficaz del espectro
radioeléctrico que fomente la rápida implantación de las redes de cuarta
generación y el Internet móvil de muy alta velocidad; impulsar la
interoperabilidad y los estándares comunes en el mercado de las comunicaciones
electrónicas; reforzar la seguridad y la privacidad de los datos como pilar
esencial de Internet; incorporar a todos los grupos de población en el uso de
las nuevas tecnologías o impulsar el apagón
analógico de la
Administración Pública mediante la plena conversión de los
servicios de la
Administración al entorno digital, son algunos de los grandes
desafíos en este área.
La inviabilidad del garage development
Tercero, emprendedores. Muy
afortunadamente estamos asistiendo a un debate en el que el valor de emprender,
sus riesgos y sus beneficios, empiezan a ser considerados como parte
constitutiva de una sociedad que quiere luchar por su futuro. Así es; hoy la
necesidad de emprender y la importancia de una actitud vital emprendedora
forman parte del debate sobre nuestro futuro y se abre paso cada vez con más
brío.
Me voy a permitir centrarme
ahora en uno de los temas que dificultan en España el desarrollo del impulso
emprendedor. Con demasiada frecuencia la actividad profesional de los
innovadores, especialmente de los jóvenes, se enfrenta a estructuras muy
rígidas y costosas para desarrollar ideas y tecnología. En España, los instrumentos
que se utilizan son la empresa (normalmente sociedad limitada o, rara vez,
anónima) o la figura del empresario autónomo. En ambos casos hay obligaciones
fiscales y económicas que entrañan exigencias iniciales que habitualmente
exceden la capacidad de los jóvenes innovadores.
El concepto del "garage development" (el que llevó al
éxito a muchos, entre ellos a Bill Gates) es difícilmente viable con esas
estructuras. Y tampoco hay que olvidar que los procesos creativos son
normalmente mecanismos de prueba y error, el éxito suele estar precedido por
fracasos previos. Sólo se cuenta la parte amable de la historia, el resto se
olvida o no interesa.
Si esos fracasos asfixian a
los innovadores, debido a las obligaciones mencionadas, al final es mejor optar
por buscar un trabajo seguro. Por todas estas razones es necesario establecer
estructuras mercantiles sencillas y flexibles para vehicular la creación y la
innovación, por ejemplo sería interesante poner en marcha el CIF del Emprendedor.
Investigación y racionalidad de
las administraciones
Cuatro: investigación e
innovación. Cuando Estados Unidos atravesó la Depresión de 1929, lejos
de recortar los gastos en investigación, la Administración
americana dobló el presupuesto. Investigación e innovación son siempre
esenciales para mejorar la competitividad de la economía pero, si cabe, son
todavía más determinantes cuando se trata de salir de una situación de crisis.
Es esta área precisamente en la que el Parlamento Europeo ha insistido más en
obtener un incremento presupuestario para los programas de investigación
financiados por la Unión
Europea (Programa Marco de Investigación).
En España, con niveles de
inversión en I+D+i todavía alejados de la media de la UE hay que hacer un esfuerzo
claramente superior (en parte en el sector público y en muy buena parte en el
sector privado). Pero hace falta más, es necesaria una administración eficiente
de los recursos, la explotación económica de los nuevos hallazgos (el número de
patentes españolas está también sustantivamente por debajo de la Media Europea) y una
relación flexible entre investigadores y empresas.
Quinto: racionalidad en el
funcionamiento del sistema autonómico. No puedo dejar de referirme a otro gran
asunto que ha terminado por tener efectos depredadores sobre nuestro bienestar,
y amenaza aún más nuestro futuro. Me refiero a la creciente ausencia de
racionalidad en el funcionamiento del sistema autonómico. La dimensión de sus
consecuencias es tan profunda que nos permite hoy hablar abiertamente sobre el
mismo, lo que hasta hace bien poco quedaba automáticamente descartado.
Parece francamente difícil
concebir la España
del 2020 como una sociedad próspera, con una economía sólida y llena de
oportunidades, si no corregimos todas aquellas duplicidades, en algunos casos
multiplicidades, de recursos económicos, humanos y organizativos que drenan y
obstaculizan a diario los esfuerzos colectivos de nuestra sociedad. O se
racionaliza radicalmente el funcionamiento del sistema autonómico,
corrigiéndolo de manera clara, determinada e inmediata, o no será posible
afrontar con posibilidades de éxito los muchos problemas que tenemos en esta
segunda década del siglo XXI.
Hasta aquí esta breve
reflexión sobre lo que a mi entender son parte de los desafíos que tenemos que afrontar
en el camino hacia la España
de 2020. Creo poder afirmar que algunos, como mínimo, son compartidos por la
inmensa mayoría de la sociedad española. Pienso también que todos somos
responsables de nuestro futuro colectivo, como lo somos de nuestro futuro
individual, y por ello, en muy buena medida, la España del 2020 será la que
nosotros queramos. Pero igualmente creo que los líderes políticos tienen una
enorme responsabilidad sobre todo aquello que, siendo de su competencia,
dificulta el pleno despliegue de la energía y capacidad de la sociedad
española. En esa dirección hoy hay un número importante de decisiones políticas
que tomar, no hacerlo sería una grave irresponsabilidad.
[*] Pilar del Castillo Vera es eurodiputada del PP y pertenece al Consejo Editorial del grupo Diariocrítico.
Artículo publicado en el libro "La España que necesitamos"
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