IURE Emprendedores & Business analiza las medidas jurídicas que deben tener en cuenta las empresas familiares

Por ello, en materia legal, el asesor del empresario debe poner de manifiesto los diferentes riesgos a los que se expondrá la empresa en un futuro, no con el ánimo de disuadir al emprendedor de su actividad, sino con el objetivo de gestionar tales riesgos y evitar que su eventual concreción puedan frustrar la actividad empresarial.

En este sentido, son habituales ciertos errores de planificación en las empresas que terminan por conducir al cierre definitivo de la misma. Por ello, para evitar un posible cierre de la actividad económica, resulta aconsejable adoptar ciertas medidas preventivas desde el principio.

Un primer paso consiste en elaborar un protocolo familiar en el que se deben fijar los estatutos que contemplan las relaciones familia-empresa, para de esta forma prever las situaciones que puedan plantearse en el futuro en este entorno y darles una solución para cuando esto suceda. El objetivo es facilitar el consenso y las pautas a seguir para cuando surjan problemas o acontecimientos de gran calado que afectan a la empresa.

En este contexto, es muy importante identificar correctamente los riesgos inherentes a la actividad que se pretende emprender, de forma que pueda planificarse una estructura societaria óptima que canalice tales riesgos. Así, no resulta aconsejable que la actividad empresarial se identifique en su integridad con una única sociedad de capital (sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada), dado que ello supone concentrar en la misma sociedad el devenir futuro de las distintas actividades que vaya a desarrollar.

En palabras de Carlos Pavón, socio director de IURE Emprendedores & Business: "A modo de ejemplo, si una empresa pretende fabricar un producto concreto y distribuirlo en los puntos de venta de sus clientes, una actividad económica será la producción del producto, mientras que la distribución constituirá una actividad independiente, resultando aconsejable que ambas actividades se encuentren diferenciadas en sociedades mercantiles distintas, vinculadas entre sí por la misma participación societaria".

Esto es así porque puede ocurrir, en la práctica, que la empresa se vea obligada a prescindir, por cualquier motivo, de la actividad de distribución y pretenda subcontratar este servicio a un tercero, o bien que se asuma directamente por el cliente. En este proceso de reordenación de la actividad, la previsión de haber constituido en origen una sociedad independiente para su explotación permitirá que la sociedad de fabricación no se vea lastrada por el cierre de la actividad de distribución.

En otros casos, la diversificación del riesgo se identifica con una eventual morosidad por parte de los clientes, que puede conllevar el cierre empresarial en caso de impago de un importe significativo de la facturación. Para este tipo de supuestos es aconsejable constituir sociedades filiales de venta que canalicen el riesgo de impago de los clientes. Con ello se logra garantizar la continuidad de la empresa a través de su matriz, a pesar del riesgo de impago de un cliente o grupo de clientes relevantes, al verse únicamente afectada por el mismo la sociedad filial.

Por último cabe citar, como error habitual en el inicio y desarrollo de cualquier actividad empresarial, la escasa utilización de los mecanismos que prevén nuestra normativa para la flexibilización del coste laboral y su adecuación al volumen de facturación.

Así, muchas de las dificultades que ponen en riesgo la continuidad de las empresas suelen venir acompañadas por un sobrecoste laboral asociado a su consideración como coste fijo en la cuenta de resultados, de forma que una caída en las ventas no se ve acompasada por una reducción proporcional en la estructura de costes de las empresas. Para ello, la utilización de retribuciones variables a favor de los empleados permite incrementar su retribución cuando la empresa alcanza unos resultados positivos óptimos, mientras que una reducción en la facturación permitirá reconducir de forma proporcional el coste laboral hasta unos niveles adecuados.

"Estas medidas, a modo de ejemplo, ponen de relieve la necesidad de anticiparse a los riesgos futuros de la empresa, adoptando las acciones necesarias para prevenir que éstos puedan conducir al cese definitivo de la actividad empresarial", añade Pavón.