Devolver a la Justicia la justicia y la dignidad

Nuestra Constitución dedica su título VI al poder judicial. Ahora que se ha cumplido el 35 aniversario de su promulgación, desde el punto de vista de un abogado en ejercicio que diariamente pisa los estrados, observo con pudor cuán alejada se encuentra la realidad que pretendía instaurar nuestra Carta Magna con la que impera en el día a día judicial.

Por ejemplo, el artículo 118 de la Constitución instituye la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y de los tribunales. Muchos de los que lean esto dirán: "¡Pero si yo obtuve una sentencia que jamás pude ejecutar porque el condenado y obligado al pago se declaró insolvente, aunque circula con el mismo tren de vida de antes, con un coche de superlujo y burlándose de todos a los que dejó en la ruina!". Pero así son las cosas: resulta ya una triste evidencia el hecho de que el sistema no funciona.

O qué decir del artículo 124.1, donde se establece que el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. Pues bien, ¿cuántas veces vivimos situaciones en los Juzgados en las que un denunciante o testigo ha mentido flagrantemente y así lo ha manifestado el juez, sin que posteriormente se hayan iniciado acciones contra éstos calumniadores y delincuentes de la palabra por falso testimonio? Es otra prueba evidente de que el sistema no funciona.

Y eso sin relatar cómo se nos ha transmitido, ante la instrucción de un caso de trascendencia mediática, la preocupación del juez de turno porque ningún fallo le pueda costar su carrera al susodicho, por el miedo a que el artículo 117.2 no fuera de común aplicación (aquel que dice que los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley). Alguien podría decir que se trata de una posición prudente, pero la realidad es que afecta a la calidad de la justicia, y todos conocemos multitud de casos.

Ése es el día a día en uno de los poderes esenciales del Estado, el que tiene la capacidad para impartir justicia y de hacer realidad nuestro principio social y democrático de igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Así las cosas, me cuesta posicionarme sobre si la reforma de la Constitución es o no obligada, o si de serlo debería ser de forma parcial o total; pero lo que no me cuesta ningún trabajo es criticar la obsesión reformadora de leyes que aquejan a los españoles, especialmente a sus políticos, sin observar que en la mayoría de los casos bastaría con la sencilla aplicación exhaustiva de las que ya tenemos, preocupándonos más de procurar que nuestro sistema judicial haga realmente efectivas las dos características necesarias que le harán competitivo.

Me refiero, en primer lugar, a la seguridad; sí, a la seguridad jurídica de la que carecemos, porque cualquier abogado ejerciente sabe, sin ningún género de dudas, que la resolución de un asunto va a depender de la Sección o Juzgado donde caiga, de la afinidad o no de un magistrado con una corriente determinada y de cómo según su adscripción progresista o conservadora el citado juez interpretará las leyes de manera diametralmente opuesta.

La segunda característica, pero no menos importante que la primera, es la de la celeridad en la tramitación y resolución de los asuntos, porque de todos es conocido que la justicia tardía no es justicia, y tras veintidós años de ejercicio tengo base suficiente para afirmar que la justicia en España no es que sea lenta, es que se eterniza. Y eso no se arregla con un cambio de leyes, sino con voluntad política y con la puesta en marcha de los recursos necesarios para que el sistema judicial funcione. Así de simple... y así de complicado. Y obvio voluntariamente, aunque arriba lo he dejado apuntado, el asalto de la justicia por el poder político.

Creo que sobre todo eso es sobre lo que deberíamos reflexionar en profundidad más allá de los avatares electorales. Necesitamos un gran pacto de Estado para dar al poder judicial algo que parece que nunca realmente ha tenido: justicia... y dignidad.
 
 
[*] José María Garzón es abogado y fundador del bufete Garzón & Abogados