El anciano ex banquero quiere desmentir a Zapatero, pero su propia carta le deja en evidencia
Trichet asegura que no negoció con Zapatero la reforma de la Constitución para limitar el déficit... ¡Sólo la exigió!
martes 14 de enero de 2014, 18:23h
En septiembre de 2011, Zapatero dio otra vuelta de tuerca
antisocial y, en comandita con el PP de Rajoy, aprobó por la puerta falsa una
reforma de la Constitución para limitar en la Carta Magna el déficit de España,
tanto de la Administración del Estado como de las autonómicas. Zapatero dijo
que se lo había impuesto el entonces todopoderoso presidente del BCE, Jean-Claude
Trichet. Trichet desmiente ahora a Zapatero y dice que él no negoció con el ex presidente
español la reforma de la Constitución. Pero la carta que Trichet y Ordóñez
enviaron a ZP en agosto de 2011 desmiente a Trichet: el suyo es el mayor juego
de cínicos -o de pícaros- que conoce la historia.
La noticia saltaba en la tarde de este martes: el ex
presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, justificó la
carta que envió en agosto de 2011 al ex presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, en la que reclamaba importantes reformas económicas
alegando que la situación de la eurozona era "absolutamente
dramática" y que España e Italia "estaban en juego", pero ha
negado que negociara la reforma de la Constitución para limitar el déficit
público.
"No negocié. No he leído el libro del señor Zapatero y
no sé si él sostiene lo mismo, pero desde mi punto de vista puedo decir que no
hubo negociación con el señor Zapatero", dijo Trichet durante una
audiencia en la Eurocámara al ser preguntado por el eurodiputado de CiU, Ramon
Tremosa, sobre la reforma de la Constitución acordada por el PSOE y el PP en septiembre
de 2011 y sobre la carta que Zapatero ha hecho pública por primera vez en sus
memorias ("El dilema. 600 días de vértigo", editado por Planeta).
Efectivamente, el anciano Trichet lleva razón... en parte: él
no 'negoció' con Zapatero, sino que entre él y el entonces gobernador del Banco
de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, 'ordenaron' a Zapatero que acometiera
las más antisociales reformas que recuerda la historia de Europa después de la
II Guerra Mundial. Medidas que, naturalmente, conducían a reformar la
Constitución que Zapatero se vio obligado a acometer, con el apoyo
y aplauso del PP, para contentar a la poderosa banca europea y no terminar
de hundir a España.
Pero como quien mejor desmiente a Trichet es su propia
carta, Diariocrítico la muestra íntegra a continuación, extraída del libro de
Zapatero, que la publicó para desenmascarar a 'todos' los culpables de aquel desaguisado.
CARTA
DEL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
ESTRICTAMENTE
CONFIDENCIAL
Sr.
José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente
del Gobierno de España Complejo de la Moncloa
Avenida
de Puerta de Hierro, s/n
28071
Madrid
España
Fráncfort/Madrid,
5 de agosto de 2011
Querido
presidente del Gobierno:
El
Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo abordó el 4 de agosto de 2011 la
situación en los mercados de deuda pública española. El Consejo de Gobierno
considera esencial que las autoridades españolas adopten medidas urgentes encaminadas
a devolver la credibilidad de la firma soberana en los mercados de capitales.
Recordamos
que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro celebrada el 21 de
julio de 2011 concluyó que "todos los países de la zona del euro reafirman
solemnemente su determinación absoluta de hacer plenamente honor a su propia
firma soberana y a todos sus compromisos en materia de condiciones
presupuestarias sostenibles y reformas estructurales". El Consejo de Gobierno
considera que España debe apuntalar urgentemente la reputación de su firma
soberana y su compromiso con la sostenibilidad fiscal y las reformas
estructurales, y hacerlo mediante pruebas creíbles.
En
la coyuntura actual, consideramos esencial la adopción de las siguientes
medidas:
l.
Consideramos necesario adoptar medidas adicionales que mejoren el
funcionamiento del mercado de trabajo con vistas a lograr claros avances en la
reducción de la elevada tasa de paro.
a)
El decreto-ley de reforma de negociación colectiva aprobado por el Gobierno
español el 10 de junio debería reforzar de manera más efectiva el papel de los
acuerdos en el ámbito empresarial con vistas a garantizar una descentralización
real de las negociaciones salariales. En el transcurso del próximo trámite
parlamentario deberían aprobarse enmiendas que lleven a reducir la posibilidad de
que acuerdos en el sector industrial (en ámbitos nacional o regional) limiten
la aplicabilidad de acuerdos a nivel empresarial.
b)
Además, nos preocupa
enormemente que el Gobierno no haya adoptado ninguna medida para suprimir las cláusulas
de indiciación de la inflación. Dichas cláusulas no constituyen un elemento
adecuado en los mercados laborales de una unión monetaria, dado que suponen un
obstáculo estructural para el ajuste de los costes laborales y, por ello,
contribuyen a dificultar la competitividad y el crecimiento. Animamos al Gobierno a tomar
medidas audaces y excepcionales para excluir el recurso a dichas cláusulas a la
vista de la actual crisis.
e)
El Gobierno también debería tomar medidas excepcionales para promover la
moderación salarial del sector privado, en consonancia con las reducciones
significativas de los salarios públicos acordadas el año anterior. Invitamos al
Gobierno a explorar todas las vías posibles para la consecución de dicho fin.
d)
Asimismo, sugerimos revisar en breve otras regulaciones del mercado laboral con
vistas a acelerar la reintegración de los desempleados en el mercado de
trabajo. Vemos importantes
ventajas en la adopción de un nuevo contrato laboral excepcional en el que las
indemnizaciones por despido sean muy bajas, y que se aplique durante un periodo
limitado de tiempo. Además, sugerimos suprimir toda restricción a la
prórroga de contratos temporales durante cierto periodo de tiempo.
A la vista de la gravedad de la
situación de los mercados financieros, consideramos fundamental que las
medidas, en los campos arriba expuestos, se tomen con la mayor brevedad posible,
y a más tardar a finales de agosto [así se hizo].
2.
El Gobierno también debe adoptar medidas audaces que garanticen la
sostenibilidad de las finanzas públicas.
a)
El Gobierno debería
demostrar de manera clara, con acciones, su compromiso incondicional con el
cumplimiento de los objetivos de política fiscal, independientemente de la situación
económica. Con este fin, instamos al Gobierno a anunciar, a lo largo del
presente mes, medidas adicionales de consolidación fiscal estructural para lo
que queda de 2011 superiores, como mínimo, al 0,5 por ciento del PIB, con
vistas a convencer a los mercados de que el objetivo de déficit del 6 por
ciento se alcanzará sean cuales sean las circunstancias. Simultáneamente, han de seguir
aplicándose normas fiscales nacionales que aseguren el control de los presupuestos
regionales y locales (incluyendo la autorización para la emisión de deuda por
parte de los gobiernos regionales), y han de implementarse con celeridad, si es
necesario, planes gubernamentales de consolidación de los gobiernos regionales
y locales.
b)
La reciente publicación de los datos trimestrales sobre la ejecución del
presupuesto de los gobiernos regionales es un importante paso adelante en cuanto
a transparencia, pero no va todo lo lejos que debiera. El Gobierno debería
publicar a corto plazo las cuentas nacionales de todos los subsectores
gubernamentales junto con las estadísticas trimestrales de las finanzas
gubernamentales. Además, a medio plazo, el Gobierno debería promover la
publicación mensual de los datos de las cuentas nacionales de otros subsectores
gubernamentales, con el mismo nivel de detalle y frecuencia que se aplica al
Gobierno central.
e)
Se acoge con agrado la introducción de una nueva regla de (que limita los
incrementos de gasto, en periodos normales, a la tasa del crecimiento tendencial
del PIB, a menos que se financien mediante cambios en la legislación impositiva).
Resulta básico que esa regla se aplique en el futuro a todos los subsectores
gubernamentales.
3.
Finalmente, animamos al Gobierno a adoptar más reformas del mercado de
productos. En este ámbito deberían abordarse diversos aspectos:
(i)
Aumentar la competitividad
en el sector energético para que los precios reflejen mejor el coste de la
energía, así como adoptar medidas para reducir el alto nivel de
dependencia energética de la economía española;
(ii)
Promover el mercado de alquileres para la vivienda mejorando la regulación de
los contratos; y
(iii)
Aumentar la competitividad en el sector servicios abordando específicamente la
regulación de los servicios profesionales.
En
suma, confiamos en que el Gobierno español sea consciente de su altísima
responsabilidad en el buen funcionamiento de la zona euro en la actual
coyuntura, y en que de manera decidida adopte las medidas necesarias para
recuperar nueva mente la confianza de los mercados en la sostenibilidad de sus
políticas. Dichas medidas, sumadas a todas las que ya están en marcha para
reestructurar y recapitalizar el sector bancario es pañol, deberían dar como
resultado grandes beneficios no sólo a la economía española, sino a la zona
euro en su conjunto.
Con
mis mejores deseos,
JEAN-CLAUDE
TRUCHET y MIGUEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ
Cc
a la ministra de Economía Elena Salgado
[Sic transit gloria mundi]