La Fiscalía de la Audiencia Nacional le pidió ayer que no permitiera la manifestación al considerar que detrás se encuentra Herrira, que el pasado 3 de octubre fue suspendida de actividades durante dos años por su subordinación a la organización terrorista.
El magistrado destaca, en un auto hecho público este viernes, que las asociaciones de víctimas que pidieron la prohibición no han aportado "en modo alguno elementos suficientes que permitan superar la fase de sospecha y alcanzar la fase de alta probabilidad indiciaria exigible" para que se aprecie un delito de enaltecimiento del terrorismo.
La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia solicitaron que no se impidiera la celebración de la manifestación, convocada por el colectivo 'Tantaz Tanta' (Gota a gota) con el objetivo de reivindicar los derechos de los presos etarras y protestar contra la dispersión y la vulneración de los derechos humanos.
Ruz pone de manifiesto que los informes policiales elaborados sobre la convocatoria describen la movilización como "una marea humana que, como una ola, pretende inundar la ciudad contra la dispersión de los presos de ETA". Los participantes tienen previsto portar carteles individuales con una gota y "no hay previstos lemas, consignas a corear ni pancartas".
El juez, no entra a valorar si la marcha está convocada o no por una organización suspendida --cuestión que deja en manos de Velasco-- y apunta que en el presente estadio no existen evidencias de que la manifestación tenga intención de enaltecer a los miembros de ETA o sus acciones. Ordena a las Fuerzas de Seguridad del Estado que controlen el acto para evitar que se lleven a cabo actos delictivos y especifica que, en el caso de producirse, deben identificar a sus autores.
VELASCO INVESTIGA A HERRIRA En relación con la pretensión de la Fiscalía de que la manifestación se prohíba por estar convocada por la asociación 'Tantaz tanta (Gota a Gota)', a la que considera sucesora de Herrira, el juez Ruz señala que
Velasco es el competente para decidir sobre esta cuestión porque instruye un procedimiento "específico" sobre estos hechos.
Este mismo criterio, según recuerda la resolución judicial, fue adoptado para prohibir actos en los años 2006 y 2007 que habían sido convocados por organizaciones que se consideraron sucesoras de las ilegalizadas Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok.
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