La 'rendición' de los presos de ETA: la brecha la abrió Rubalcaba en la última etapa del Gobierno socialista

En el otoño de 2008, 17 meses después de la ruptura definitiva de negociaciones con la banda terrorista ETA, Alfredo Pérez Rubalcaba abrió un nuevo frente en la lucha contra los etarras con una labor de zapa en las cárceles: impulsar la disidencia entre los reclusos hacia la dirección de la banda. Rubalcaba y Mercedes Gallizo contaron con un grupo de expertos de Interior formado por un comisario de Policía especializado en la lucha contra ETA, un comandante de la Guardia Civil y un veterano y destacado funcionario de Prisiones que establecieron las primeras experiencias piloto en las cárceles de Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias), como 'laboratorios' de un nuevo intento de ruptura del colectivo de presos. El objetivo era el de aislar a los considerados como "irreductibles" y convertirlos en minoría.

Hay que recordar inicialmente que la política penitenciaria siempre ha constituido un arma contra la banda terrorista. Lo saben muy bien los ministros del Interior que en España han sido, como Antoni Asunción, que, mientras ejerció como director general de Instituciones Penitenciarias (1988-1993), comenzó a acometer la dispersión de presos de ETA.

A Asunción se debe la introducción de ciertas prácticas psicológicas que luego fueron funcionando con excelente resultado para cuartear la unidad de los presos etarras. Unas técnicas que tuvieron continuidad en el tiempo y que fueron utilizadas por todos los ministros del Interior de Aznar y de Zapatero, especialmente por Pérez Rubalcaba en la última etapa del Gobierno socialista, y por su brazo ejecutor en Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.

Pero ahora, en el nuevo contexto iniciado en el otoño de 2008, una de las medidas adoptadas por Rubalcaba-Gallizo fue la de reagrupar a veteranos disidentes de ETA en la cárcel de máxima seguridad de Zuera (Zaragoza), a la que trasladaron a 16 etarras, la mayoría ex dirigentes importantes de la banda, como Francisco Mujika Garmendia 'Pakito', o activistas con delitos muy graves, como José Luis Urrusolo Sistiaga o Ignacio Arakama Mendia 'Makario'.

Como se cuenta en "El Zapaterato. La negociación. El fin de ETA", publicado en 2010 por quien firma este artículo y por Fernando Jáuregui, la idea era aprovechar la disidencia en presos históricos de ETA, con delitos de sangre, para mostrar al resto del colectivo de presos la inutilidad de seguir con la vía terrorista. Para esta no tan nueva estrategia -ya la había ensayado con éxito Asunción, junto a otros episodios de 'guerra psicológica' más de tipo personalista-, el Gobierno hizo de la cárcel de Zuera un punto de concentración para contribuir, desde el colectivo de presos, a que la dirección de ETA desistiera del terrorismo en un momento en el que tenía muchos frentes abiertos.

Las denuncias de los presos: 'la vía armada es inútil'

La estrategia del Gobierno se apoyó entonces en los resultados de una carta firmada en junio de 2007 por dos dirigentes de ETA presos, José Luis Álvarez 'Txelis' y Kepa Pikabea, en la que denunciaban la marginación de los presos en el fallido proceso de paz (entre 2005 y junio de 2007), la "inutilidad de la lucha armada" y el haberse convertido en obstáculo para el avance de la izquierda abertzale. Como consecuencia fueron expulsados de ETA y del colectivo de presos, lo que abrió una importantísima fisura en la banda que ha culminado con el comunicado de 'rendición' del EPPK del sábado 28, día de los Santos Inocentes.

Siguiendo ese relato cronológico, a partir de lo que "El Zapaterato" reveló ya en su día, entre los principales etarras disidentes se pudo contar en marzo de 2009 con ex dirigentes como 'Pakito'; Carmen Guisasola 'Lourdes', ex jefa del comando Vizcaya; José Luis Urrusolo Sistiaga; el temible Santiago Arrospide Sarasola 'Santi Potros', condenado a 790 años por el atentado de Hipercor, en Barcelona; Rafael Caride Simón 'Rafa Gallego', que también participó en el atentado de Hipercor, o Iñaki Rekarte, en la cárcel desde 1992.

Estos 'históricos' fueron los que se encargaron de generar un debate, provocando la discusión entre los etarras que llegaban a Zuera seleccionados por el equipo de Interior. Fuera de la cárcel de Zuera, esa labor la emprendieron también Álvarez Santacristina 'Txelis' y Kepa Pikabea Ugalde, que sirvieron para ir minando a los sectores más irreductibles del 'frente etarra'.

Así las cosas, a finales de 2009 las prisiones de Villabona y Zuera recogían ya a cerca de 40 presos de ETA que en algún momento habían mostrado signos contrarios a la lucha armada. La intención del equipo de Interior era llegar al medio centenar de internos entre ambas cárceles, con lo que buscarían un manifiesto contra la violencia.

La escisión ya estaba en marcha

En total, según datos de Instituciones Penitenciarias, a finales de 2009 cumplían condena en España o estaban a la espera de sentencia un total de 579 presos de ETA, una cifra muy superior a la que había en 1998-1999 -cuando la anterior 'tregua-trampa' con Aznar-: entonces permanecían en prisión alrededor de 400. Estas cifras demuestran lo en serio que se lo tomó Zapatero después de que se rompieran las negociaciones con la banda en mayo de 2007.

Siguiendo con esa política penitenciaria de reagrupamiento de etarras (o abertzales, en el caso de Batasuna) que apostaban por la vía pacífica, Interior e Instituciones Penitenciarias agruparon a determinados dirigentes batasunos en prisión, como Joseba Álvarez, Rufino Etxeberria -que participó con Arnaldo Otegi en las negociaciones de Loyola- y Juan José Petrikorena, ex 'jefe de prensa' de Batasuna, quienes fueron trasladados desde las cárceles de Topas (Salamanca), Aranjuez (Madrid) y Curtis (La Coruña), respectivamente, a la prisión de Logroño. Es decir, que el Ministerio del Interior siguió con Batasuna la misma política de reagrupamiento de los presos de ETA que podían estar mejor situados en una posición crítica con el mantenimiento de la 'solución armada'.

"ETA está ahora más débil que nunca". Esta frase se ha repetido en infinidad de ocasiones, y siempre era cierto. Cuando el 5 de septiembre de 2010 Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunció en la cadena de televisión británica BBC1 a través de un vídeo un cese de "acciones armadas ofensivas" que fue entendido como un alto el fuego, ya la situación de la banda era desesperada: necesita dinero, los santuarios franceses se habían acabado y el colectivo de presos ya había sido dividido de forma espectacular.

Los dirigentes etarras están cada vez más lumpenizados, por así decirlo: peor preparados, más carentes de una base teórica. Y, para colmo de males para la banda, en el Gobierno del País Vasco ejercía ya el socialista Patxi López, apoyado por el Partido Popular, con un consejero de Interior, Rodolfo Ares, que era una continuación del brazo de Pérez Rubalcaba en Interior.

Lo que ha ocurrido ahora no era más que la consecuencia lógica de un proceso iniciado a finales de 2008: la propia inercia de las cosas conducía inevitablemente a esta final, como ya calcularon algunos de los que negociaron con ETA en 2006 y 2007. Así lo vieron esos negociadores por parte gubernamental (Jesús Eguiguren, Javier Moscoso, José Manuel Gómez Benítez o el propio exconsejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares), que pensaban ya en 2007, y así lo transmitieron privadamente en sus ifnormes, que estos jóvenes 'no tienen preparación ni ideales; solamente fanatismo. Están perdidos'.


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