¿Quién defiende a España?

Quiero utilizar la oportunidad que se me brinda en este foro para hacer una reflexión sobre la baja calidad y la debilidad de nuestra democracia y sobre lo que hay que hacer desde las instituciones políticas y desde la ciudadanía para superar esta situación. Y en este momento en el que se cumple el 35 aniversario de nuestra Constitución y el sexto del nacimiento de UPyD, quiero renovar nuestro compromiso de regenerar la democracia y defender la libertad y la igualdad.

La pregunta que da título a esta conferencia sería pura retórica en cualquier país de nuestro entorno. Cualquier francés, por ejemplo, miraría extrañado a un político -lo mismo da que fuera de izquierdas, de derechas, de centro...- que se hiciera en alto esa pregunta, máxime con la intención de poner de manifiesto las debilidades del sistema. Pero España es diferente. De entrada aquí resulta necesario comenzar por explicar lo que significa defender a España, no vaya a ser que alguien piense que estamos hablando de defender un mapa.

Empecemos pues por lo obvio: para nosotros defender España no es otra cosa que defender la España constitucional, la que nos hizo ciudadanos a quienes éramos súbditos, la que proclamó el derecho a la igualdad, a la justicia y a la libertad. En concreto, defender a España significa defender aquellos artículos de la Constitución del 78 que proclaman esos derechos que son innegociables en cualquier constitución democrática del mundo.

Decía que esta sería una pregunta retórica en cualquiera de los países de nuestro entorno, porque en las democracias fuertes hay separación de poderes, reglas claras, leyes que se cumplen, instituciones que responden y asumen su responsabilidad. Las democracias de calidad se caracterizan también por la existencia de ciudadanos críticos, que no entregan ningún cheque en blanco a sus representantes, que se comprometen para ejercer plenamente su ciudadanía.

En las democracias de calidad, por ejemplo, los responsables políticos no esperan las sentencias firmes para abandonar los cargos públicos cuando son acusados de corrupción política, que no consiste solamente en llevarse el dinero público: ser acusado de haber engañado sobre una titulación es motivo suficiente para dimitir fulminantemente. ¿Les obliga la ley? No; pero los ciudadanos no les perdonarían y no les volverían a votar.

Defender a España, defender al Estado de Derecho

Defender el Estado social y democrático de Derecho es también defender la unidad de la nación española, instrumento imprescindible para garantizar la igualdad de todos sus ciudadanos. Defender a España es defender la vigencia de la ley sobre las aspiraciones o las propuestas que necesitan ejercer la violencia (física, ideológica, social, cultural...) para imponerse al conjunto de los ciudadanos.

Defender a España es garantizar la seguridad de los ciudadanos, ya sea cuando ejercen el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación política o a la discrepancia frente a la ideología dominante; defender a España es garantizar -a través de la acción de los poderes públicos- que no habrá impunidad para quienes violen esos derechos fundamentales de cada uno de nuestros conciudadanos.

Defender a España es impedir que se produzcan homenajes a los terroristas que salen de prisión como consecuencia de la irresponsable interpretación que hacen los tribunales de justicia y la Fiscalía del Estado de la sentencia de Estrasburgo sobre el caso Inés del Río; defender el estado social y democrático de Derecho significa perseguir y poner a disposición de la justicia a quienes protagonicen esos flagrantes delitos de enaltecimiento del terrorismo.

Defender el estado de Derecho es proteger las sedes de los partidos políticos para evitar que se produzcan asaltos y ocupaciones violentas; defender la democracia es actuar si esos asaltos se producen y poner a disposición de la justicia a sus autores.

Defender a España es defender la existencia de medios de comunicación independientes, tanto públicos como privados; unos medios de comunicación que no estén concertados y que, por ejemplo, no se atrevieran a calificar como "protesta" el ataque y ocupación a la sede de un partido político cuando este es constitucionalista mientras titularon como "asalto fascista" y "agresión" el ataque a una sede nacionalista. Defender el estado democrático y de Derecho significa que no haya impunidad para quienes vulneran las reglas y las leyes democráticas; pero que tampoco la haya para quienes lo minimizan o jalean.

Defender a España es denunciar el atraco a la democracia que ha supuesto el reparto impúdico entre los partidos políticos del máximo órgano de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial. Un país en el que se incumple un precepto constitucional básico - todos los ciudadanos son iguales ante la ley y todos los ciudadanos tienen derecho a un juez independiente- es un país en el que no existe democracia.

Y esa es la desgraciada realidad de España: que los partidos políticos viejos, el establishment formado por PP, PSOE, IU, PNV y CIU, han pervertido el sistema hasta el extremo de llegar a considerar que los votos que los ciudadanos emiten para elegir a sus representantes en las Cortes Generales les dan derecho a tener vocales en el Consejo General del Poder Judicial.

La consecuencia de esta aberración es que queda garantizado que en la práctica no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley; ya se encargan entre ellos de que se cierre el círculo de la impunidad: primero se generaliza el aforamiento (todos los cargos electos están a salvo de que les juzgue el juez de primera instancia, el juez ordinario); después se reparten los vocales del órgano que nombra a los jueces del Supremo o del Superior de Justicia, tribunales encargados de juzgarles en un supuesto de corrupción; después, si eso falla, apelan al Fiscal para que haga de abogado de la defensa (por aquello de que también le han nombrado ellos mismos); y, en última instancia, siempre les queda el indulto, que en el sistema español consagra no sólo la discrecionalidad sino la arbitrariedad.

"¿En qué momento se jodió el Perú?"

Por eso, en este momento defender concretamente a España es garantizar la separación de poderes y denunciar - política y penalmente- a quienes protegen la impunidad de los usurpadores y de los delincuentes.

Si convenimos que estas anomalías que he señalado son déficits propios de nuestro país y no tienen parangón con ninguna de las democracias de nuestro entorno, la inevitable pregunta es cómo hemos llegado a esto, "¿en qué momento se jodió el Perú?": tal y como se preguntaba consternado Santiago Zabala, el protagonista de "Conversación en la Catedral", la genial novela de nuestro amigo Mario Vargas Llosa. En qué momento empezó a "estropeársenos" una transición modélica como fue la española y hasta cuándo vamos a consentir que continúe la deriva sería pues la segunda parte de esta reflexión.

Ciertamente los constituyentes hicieron lo que pudieron en el momento político que les tocó vivir; pero hoy sabemos que dejar abiertos tantos aspectos de la Carta Magna, en un país con tan poca cultura e historia democrática, ha tenido graves consecuencias. La escasa vertebración política de nuestro país y la inmadurez de nuestra democracia explican que durante los treinta y cinco años de vida de la Constitución hayamos sido incapaces de explicar e interiorizar las razones para mantener y fortalecer un proyecto de vida en común.

Durante la época más larga de democracia que hemos vivido en España hemos hecho leyes homologables con las de las democracias más avanzadas de nuestro entorno; nos hemos incorporado con éxito a Europa, el club de la democracia por excelencia; hemos alcanzado la consideración de nuestros socios europeos- al menos durante bastante tiempo- hasta el extremo que llegaron a calificarnos como "los prusianos del sur"; fuimos la referencia de los países de América Latina que querían avanzar y consolidar su democracia...

Pero mientras eso ocurría fuera de nuestras fronteras, hemos sido incapaces de compartir con las nuevas generaciones de españoles una regla democrática básica: que no existe proyecto político más digno que la defensa de una integración social basada en compartir los mismos derechos al margen de la parte de la nación en la que se viva o se haya nacido, al margen de la etnia, de la religión, de la tradición cultural...

"Hemos tenido mala suerte con nuestros políticos"

En España se ha instalado la idea de que lo particular es más importante que lo común, que la diversidad (cultural, ideológica, identitaria, lingüística....) es más "progresista" que la igualdad efectiva de derechos de todos los ciudadanos... Por eso en el discurso político lo cotidiano es escuchar a quien habla en nombre de los gallegos, los vascos, los canarios, los andaluces... mientras apenas nadie habla en nombre de los españoles. La consecuencia de esa ausencia de pedagogía democrática es que España no tiene hoy españoles que la defiendan.

Podríamos decir que hemos tenido mala suerte con nuestros políticos, sobre todo una vez consolidada la democracia en España. Porque esto empezó -digamos a estropearse- cuando ya no había riesgo de invertir el proceso democrático, cuando debiéramos de haber dedicado todo nuestro esfuerzo a construir una comunidad de ciudadanos capaces e interesados por la defensa de lo común.

En los países con larga historia democrática existen contrapoderes democráticos que actúan en defensa del interés general cuando los responsables de defender los valores comunes pierden la cabeza o simplemente dejan de cumplir con su obligación. Piensen en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en EEUU... E imagínense que llega al Gobierno un iluminado o un pusilánime..., alguien capaz de romper con la tradición republicana en Francia, la unión de Alemania, el atlantismo, los principios de la Constitución norteamericana... Ni con mayorías absolutas en las cámaras hubieran podido hacerlo; porque tras todos esos nombres propios de país existen ciudadanos alemanes, franceses, norteamericanos, británicos... que defienden a su nación porque saben que es la única manera de garantizar el respeto a los derechos de todos y cada uno de los que componen la sociedad de la que forman parte.
 
Contra los que lanzan y defienden el discurso de la ruptura

Es por esa debilidad de nuestra democracia, por esta falta de voces que defiendan el Estado -a lo que se suma la ausencia de un discurso nacional en los dos partidos que históricamente se han alternado en el poder- por lo que hoy resulta imprescindible un discurso político que lidere el mantenimientos de los vínculos de lealtad entre nuestros conciudadanos. Una lealtad que pasa por evitar que nadie vulnere, entre otros, el artículo 1.2 de nuestra Constitución que proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español.

Defender la España democrática, la única que nos interesa, es estar a favor de España, explicando a los ciudadanos las razones para mantener y fortalecer un proyecto de vida en común. Lamentablemente no vemos que ninguno de los dos partidos que han ejercido el poder en España, ni el que gobierna ni el primero de la oposición, estén dispuestos a dar esa batalla. El uno por debilidad o connivencia parcial con el nacionalismo secesionista y el otro por pereza o cobardía, lo cierto es que el único discurso que penetra en la sociedad española es el de quienes defienden la ruptura.

Es por eso que en nuestro partido tomamos hace unos meses la decisión de reunir a una serie de personas que desde distintas ópticas ­histórica, política, psicológica, jurídica, económica, cultural...­ reflexionaran sobre las ventajas de mantenernos unidos. De esa reflexión colectiva surgió un libro, "A favor de España", que ofrece argumentos y alternativas en este panorama político huérfano de ideas y plagado de sectarismo y de consignas.

Como señala Carlos Martínez Gorriarán en el prefacio de la citada publicación, los autores tienen sus propias ideas sobre otras muchas cuestiones; pero todos coinciden en que "la ruptura de España sería un desastre para todos nosotros, los ciudadanos españoles, y no sólo para los separatistas partidarios de la secesión, sumergidos en un sueño narcótico que da la espalda a la realidad y desprecia la razón democrática".

Pensar que la ruptura de la nación española no tendría coste alguno es una completa estupidez, por mucho que quienes proponen la secesión de una parte de España se empeñen en negarlo. En un proceso de secesión perdemos todos; de hecho, ya estamos perdiendo, pues la violencia simbólica -y en ocasiones, la violencia real- que se está ejerciendo contra los ciudadanos que no están dispuestos a aceptar como inevitable el proceso abierto por el nacionalismo ya está teniendo graves consecuencias para la convivencia entre catalanes y de estos con el resto de ciudadanos españoles.
 
"Papá, ¿nosotros qué somos, catalanes o fachas?"

Ya se pueden percibir las consecuencias de esa violencia ética y emocional que se está llevando a cabo para silenciar a aquellos que no quieren convertirse en extranjeros en su propia tierra. Todos conocemos testimonios de familias y amigos que han dejado de reunirse o de hablarse, separados ya por la pulsión secesionista; todos conocemos ejemplos de ciudadanos acusados de traición por no querer renunciar a su condición de españoles. Félix de Azúa lo explicaba de la forma más gráfica posible cuando contó que le llevó a tomar la decisión de venir a vivir a Madrid: fue cuando su hijo le preguntó, "Papá, ¿nosotros qué somos, catalanes o fachas?".

Decíamos al principio de esta conferencia que defender a España es defender la democracia. Por eso hemos de llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en Cataluña: porque donde no hay libertad para elegir no hay ni pluralidad política ni hay democracia.

El debate planteado por los independentistas y los nacionalistas catalanes no versa sobre el modelo territorial del Estado; eso sería algo completamente normal; no, lo que se está planteando en Cataluña -por mucho que el Gobierno prefiera mirarlo como si fuera un tema menor y le envíe a Montoro a decirnos que la cuestión "no está entre las principales preocupaciones del Gobierno", y que eso se arregla con dinero.... es una iniciativa profundamente antidemocrática.

Porque una propuesta en la que se nos priva al conjunto de los españoles de nuestro derecho a decidir sobre nuestro futuro, sobre nuestro país, esa sociedad de buenos y malos que nos dibujan los nacionalistas no es compatible con una auténtica democracia. Y, aunque pueda escandalizar a las almas cándidas, es conveniente que llamemos a las cosas por su nombre: en el alma del nacionalismo anida el racismo, el mayor de los desastres políticos, la peor de las pasiones de la historia de la humanidad.

Conviene pues que no nos dejemos engañar: cuando la discrepancia está vetada, cuando el que piensa diferente es condenado a la exclusión social y a la marginación política (paso previo a convertirlo en destinatario del odio), desaparece el requisito y objetivo de la democracia. En suma, que la ruptura de España nos haría a todos mucho más pobres no sólo desde la perspectiva económica sino fundamentalmente desde la perspectiva de nuestros derechos y libertades civiles.
 
Contra las barreras del nacionalismo excluyente

No debemos afrontar esta cuestión como si fuera un debate abstracto o teórico, porque lo que está ocurriendo en nuestro país tiene consecuencias en la vida de los ciudadanos. En esta España que se debilita quien más riesgos asume son las clases sociales más débiles, las más desfavorecidas, los ciudadanos que más necesitan de la protección del Estado. Es la gente más sencilla la que necesita un Estado que le garantice el ejercicio efectivo de sus derechos en condiciones de igualdad; o el derecho a acceder a una plaza en la Administración dentro del territorio nacional en igualdad de condiciones con cualquiera de sus conciudadanos.

No hace falta que explique que quienes tienen recursos económicos no sufren las consecuencias de las barreras que imponen el nacionalismo excluyente a los ciudadanos que exigen se respeten el derecho a que sus hijos sean educados en su lengua materna. Por eso la inacción de los poderes del Estado es, además de suicida para nuestro futuro como país, brutalmente injusta para los ciudadanos.

Pero no quiero finalizar limitándome a señalar los problemas, por mucho que un diagnóstico certero sea la clave del éxito en la lucha contra la enfermedad. Ya no estamos para paños calientes ni para tratamientos paliativos. El mal está a punto de hacerse crónico en España y actuar con rapidez y con valor es una necesidad imperiosa; y, por cierto, una obligación patriótica aunque esta palabra no se lleve nada.
 
Políticos 'voraces' e 'incompetentes'

En España llevamos varias legislaturas en manos de unos dirigentes políticos cuyas acciones han estado guiadas por una mezcla de voracidad e incompetencia, lo que les ha llevado a dejar que todo se pudra. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, con la complicidad activa de los nacionalistas y el ruido estéril de la izquierda de nombre tan complejo como cambiante, se han negado a aceptar que el modelo diseñado en la Constitución del 78, la España de las Autonomías, estaba agotado. Ellos que viven del viejo modelo, son conscientes de que su reforma podría significarles una grave pérdida de influencia o de dinero, y por eso han preferido dejar que todo se vaya desmoronando siempre que eso les permitiera mantener sus cuotas de poder partidario intactas.

Hoy nadie se atreve a negar que la gravedad de la crisis española reside en el hecho de que no es sólo económica, sino que ha sido y es fundamentalmente política. La realidad se nos ha caído encima, pero algunos habíamos hecho el diagnóstico desde antes de que estallara la crisis económica:

"Unos servicios [públicos] que han de tener calidad y deben gestionarse con eficiencia, evitando derroches en los recursos, (...) adoptándose las fórmulas que mejor respondan a los objetivos de atención a todos los ciudadanos y que, en todo caso, estarán sujetas a la supervisión del Estado. Los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades de acceso a esos servicios y un mismo tratamiento en ellos, con independencia del lugar en el que residan, para lo que hay que asegurar una equitativa financiación pública, eliminándose los privilegios que hoy día otorgan los sistemas de Concierto en el País Vasco y Navarra, y los que se pretenden imponer a través de las reformas de los Estatutos de Autonomía".

Este es un párrafo de nuestro Manifiesto Fundacional, presentado a los españoles en setiembre de 2007. En coherencia con ese Manifiesto venimos defendiendo desde nuestro Primer Congreso la necesidad de Refundar el Estado, reformando la Constitución y definiendo en ella un Estado federal cooperativo, con una amplia descentralización política, ordenada y definida, que establezca con claridad las competencias exclusivas del Estado, las de las CCAA y las de la Administración Local. Un Estado Federal con un sistema de financiación racional, que elimine los conciertos fiscales vasco y navarro.
Un Estado Federal en el que el Gobierno Federal recupere las competencias precisas para que quien proclame derechos básicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales tenga los instrumentos para hacerlos efectivos en condiciones de igualdad a todos los españoles.

"A los partidos viejos les ciega el egoísmo"

El pensamiento conservador -que supera la ideología, en este caso lo comparten por igual el PP y el PSOE- considera que estas propuestas son imposibles de llevar a cabo (ahora toca la economía, se nos suele decir, no hay clima para otras cosas...).

Una vez más a los partidos viejos les ciega el egoísmo, la irresponsabilidad y la incompetencia, el peor de los problemas del establishment político. Porque mientras no acometamos una profunda reforma institucional no mejorará la calidad de nuestra democracia ni superaremos de verdad la crisis económica y de empleo.

¿Acaso alguien cree que es posible acabar con la corrupción política mientras la justicia siga tutelada por los partidos políticos? ¿Y acaso la corrupción política no está en el origen de una parte de la quiebra de España? ¿Acaso la quiebra del sistema financiero español, las Cajas de Ahorros, no es consecuencia de la parasitación de los partidos políticos, sindicatos y patronales? ¿Cuántas decenas de millones de Euros -propios y prestados por Europa- que hemos invertido en rescatar las Cajas podríamos haberlo destinado a educación, economía productiva, investigación y desarrollo, o infraestructuras...?

¿Acaso el escándalo de los falsos ERES en Andalucía no está íntimamente relacionado con la ausencia de interventores de carrera, sustituidos por personal de confianza política para asegurar su complicidad y su silencio? ¿Acaso la opacidad en el desvío de estos fondos públicos no ha sido el instrumento fundamental para perpetuar el fraude? ¿Acaso no es para satisfacer la voracidad de los partidos por lo que no se fusionan municipios aunque les quiten competencias a los ayuntamientos? ¿Acaso alguien duda que el único objetivo es mantener las Diputaciones Provinciales, foco de clientelismo y poder partidario, que nos cuestan seis mil millones de euros al año?

¿Acaso es posible un modelo energético competitivo, con precios ajustados para empresas y hogares, sin la existencia de supervisores independientes? ¿Acaso es posible un modelo fiscal racional y coherente si lo primero que se hace al crear la Autoridad Fiscal Independiente es nombrar a un Presidente de partido? Y así, suma y sigue...
 
Federalismo contra el nacionalismo insaciable

Quizá alguien de los que me escucha esté pensando que no es verdad que los dos viejos, el PPPSOE, no piensan en esta materia lo mismo.

No se confundan; el Partido Socialista -que durante estos seis años ha rechazado nuestra propuesta de reforma federal haciendo un canto a la España de las Autonomías- ha empezado a plantear esta opción ante el envite secesionista y forzado por la necesidad de pactar internamente su discurso y su táctica (poner de acuerdo a los nacionalistas del PSC con los españoles del PSOE) y se han lanzado a explicar su alternativa de un federalismo asimétrico. Pero para sorpresa de cualquier persona medianamente informada sobre la historia de los movimientos políticos en España los socialistas lanzan esa idea como una respuesta/oferta a la pretensión de los nacionalistas.

Es una pretensión completamente absurda, porque no hay nada más contrario al nacionalismo que el federalismo: el nacionalismo reivindica la diferencia mientras que el federalismo pretende garantizar la igualdad. Así que conviene que no nos equivoquemos: nuestra propuesta de modelo federal para España nada tiene que ver con las pretensiones del nacionalismo que, por definición, es insaciable.

Desde Unión Progreso y Democracia hacemos esa propuesta de descentralización política porque nos parece lo mejor para España y que habremos de sacarla adelante a pesar de los partidos nacionalistas. Conocemos bien a los nacionalistas y sabemos que la estabilidad de España nunca podrá depender de su voluntad; por eso conseguir esa nueva estabilidad democrática exige integrar no tanto a los nacionalismos como a las sociedades que tienen una fuerte conciencia nacional diferenciada. Si el modelo tiene éxito, los partidos nacionalistas se amoldarán para poder volver a ganar las elecciones.

Decía hace un momento que la palabra "patriota" está muy mal vista en nuestro país; vamos, salvo que seas patriota vasco, o catalán, o gallego... Pero a mi juicio ser patriota español no es otra cosa que defender los valores comunes, la lealtad entre conciudadanos... en definitiva, la Constitución. El patriotismo, como la democracia, incluye a todos los que quieren defender sus valores, no excluye a nadie, no obliga a elegir, no necesita enemigos.

Es por eso que quiero finalizar como empecé, haciendo un llamamiento a defender a España. Frente a quienes quieren construir una "patria" pequeña rompiendo la lealtad entre conciudadanos españoles, frente a quienes quieren privarnos del derecho a decidir nuestro futuro entre todos y de legarles a nuestros hijos un país fuerte y unido, desde UPyD defendemos la unidad para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, unidos por vínculos de solidaridad y propietarios de todo el país.

En los seis años de vida de nuestro partido hemos explicado muchas veces que nacimos para defender el Estado, aportando a la vertebración del país el discurso y el compromiso de un partido inequívocamente nacional y laico, ni dogmático ni fundamentalista, que defiende el protagonismo de la ciudadanía en la tarea de regenerar la democracia. También he explicado más de una vez nuestra vocación de reconstruir esa tercera España que tan bien representaron un liberal como Marañón y un socialista como Besteiro, hombres cabales ambos, españoles sin complejos.

Hoy, resquebrajados los vínculos entre conciudadanos, debilitado el estado por el silencio cobarde o cómplice de quienes debieran defender lo que nos une, creemos que construir esa tercera España resulta más necesario que nunca. Defender esa tercera España, que es la de la mayoría de los ciudadanos, es nuestra vocación y el compromiso que ha sido refrendado en nuestro Segundo Congreso Nacional.

 
[*] Rosa Díez es fundadora y portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD)
[Conferencia pronunciada el 3 de diciembre de 2013, con permiso expreso de la autora para su utilización por Diariocrítico]