Especula con que el Gobierno de Rajoy lo indultará
La Fiscalía no quiere que Matas ingrese en prisión: quiere que se suspenda sentencia mientras se tramita el indulto
lunes 23 de diciembre de 2013, 16:33h
La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado su conformidad con la
petición del expresidente del Govern de Baleares, Jaume Matas, de que le sea
suspendida la ejecución de la pena de nueve meses de cárcel que pesa sobre él a
la espera de que el Gobierno resuelva si le concede el indulto que ha
solicitado. Matas y la Fiscalía no quieren el ingreso en prisión del primero por
un delito de tráfico de influencias por el que fue condenado en el caso Palma
Arena.
En su informe, el Ministerio Público se ampara en el
artículo 4 del Código Penal, proclive a la suspensión de la pena cuando la
finalidad del indulto "pudiera resultar ilusoria", es decir, ante la
posibilidad de que el procesado cumpliese la condena en vano por el hecho de
que el Ejecutivo central decidiera finalmente otorgar al penado la anterior
medida de gracia. Es decir, que el fiscal especula con que el Gobierno de Mariano
Rajoy es proclive a indultar a quien fuera 'colega' en el Ejecutivo, Jaume Matas.
Sin embargo, y pese a la nueva 'doctrina' del fiscal, se da
la circunstancia de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,
adelantó la pasada semana que "a priori" no aprecia razones de
"justicia, equidad o interés público" que justifiquen la concesión
del indulto al exministro, recordando que el Gobierno "jamás" ha
concedido un indulto por tráfico de influencias.
La Fiscalía ha respondido de este modo al trámite concedido
por la Audiencia Provincial de Baleares para que las acusaciones del caso Palma
Arena se pronuncien sobre la petición de Matas, efectuada después de que la
Audiencia denegase sustituir por multa los nueve meses de cárcel, dejando así
al exjefe del Ejecutivo balear la única posibilidad de solicitar el indulto
tras haber agotado ante la justicia balear las vías de que disponía para evitar
su ingreso.
Matas, ¿inerreducable si entra en prisión?
En su petición de indulto, la defensa del expresidente alega
que su encarcelamiento conllevaría "efectos desocializadores" sobre
él y "en nada serviría para conseguir una supuesta reinserción social o
reeducación", finalidad a la que, abunda, deben ir dirigidas las medidas
privativas de libertad.
En el escrito que presentó para solicitar esta medida, la
letrada del exministro y exmagistrada de la Audiencia Provincial de Madrid,
Pilar Gómez Pavón, dice que su patrocinado "es una persona integrada en la
sociedad, con arraigo familiar, laboral y afectivo", por lo que su
internamiento en la cárcel para cumplir la pena de nueve meses que pesa sobre
él por el primer juicio del caso Palma Arena provocaría que el acusado se viese
"separado" de su entorno más cercano.
Matas ha decidido de este modo acogerse a esta vía de
carácter excepcional, que podrá derivar en la remisión total o parcial de su
condena. En concreto, el indulto lo otorga el Rey a propuesta del ministro de
Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. Con la concesión de
esta medida de gracia se extingue la responsabilidad penal pero no cancela, en
ningún modo, los antecedentes penales.
El exmandatario autonómico no es el único condenado de esta
causa que ha reclamado el indulto, puesto que también procedió de este modo el
propio Antonio Alemany, quien está condenado por su parte a dos años y tres
meses de cárcel. También el articulista solicitó que se paralizase la ejecución
de su pena a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre su petición.
La Audiencia consideró "inasumible" el indulto
La Audiencia, a la hora de denegar la sustitución de los
nueve meses por multa, consideraba "inasumible" para la sociedad que
"el titular de uno de los poderes del Estado en la fecha de los hechos
[durante la legislatura 2003-2007] cometa un delito de tráfico de
influencias", lo que a juicio de la Sala constituye "un delito contra
el Estado de Derecho por parte de quien ha sido presidente de la Comunidad
Autónoma balear, a quien, precisamente por ostentar ese cargo, ha de exigírsele
mayor imparcialidad, objetividad y probidad".
Tanto es así que, subrayaba, "en estos casos más que en
ningún otro los jueces y tribunales, en nuestra labor de defensa del Estado de
Derecho, debemos pronunciarnos contra quienes lo degradan y corrompen,
conduciendo la corrupción de los políticos a la desconfianza de la sociedad en
ellos, debiendo la pena impuesta cumplir una irrenunciable función de
restablecimiento de la confianza de la Comunidad en la vigencia de la norma
infringida por el delito".