Juegos de manos

Es más que sabido que la pretendida consulta-referéndum de Artur Mas y sus socios de la izquierda separatista es inconstitucional y está basada en un principio de autodeterminación inexistente para las entidades de rango menor dentro de la soberanía de un Estado democrático. Pero, dando esto por sabido y la imposibilidad de plantear pregunta y repregunta bajo ninguna cobertura legal, aún supera al disparate, patrocinado por la autoridad constitucional del Estado Español en Cataluña,  el procedimiento para instrumentalizar su propósito.
 
Según van trascendiendo los planes sediciosos, resulta que piensan realizar con dinero público una consulta sin censo electoral previamente reconocido como tal sino amañando a su gusto la lista de quienes tienen derecho al voto. Así se llegó a pensar que podrían votar los menores de edad -que deben suponer más moldeables o menos conscientes- los extranjeros avecindados o, en último caso, cualquiera que figurase en el registro de tarjetas sanitarias, documento apto para entrar en un centro de salud que nada tiene que ver con los derechos políticos de quien la porta. Finalmente, parece que se opta por un censo a la medida, elaborado por un Instituto de Estadística de Cataluña, para no contar con los Ayuntamientos, ya que muchos de estos no comulgan con las pretensiones del nacionalismo. No se dice nada, en cambio, de si tendrían derecho a opinar los catalanes de nacimiento o de origen que residan en la actualidad fuera de Cataluña. Entre los niños de dieciséis años y los inmigrantes sin papeles a los que la Generalidad, hay un paquete de votos difícilmente computables en ningún sistema electoral de ningún país civilizado. Por este sistema podrían "extranjerizar" a los verdaderos catalanes que por su trabajo o su voluntad no residen en Cataluña mientras deciden por ellos los magrebíes sin papeles y los alumnos de las escuelas. Sin censo oficial, ni control judicial, ni justificación del derecho activo al voto, es inconcebible que pueda interpretarse ningún resultado como plebiscitario. Quizá es que piensan conformarse con una mamarrachada como las que ensayaron hace algunos meses en algunos municipios que consideraban propicios, donde la ausencia de votantes y la confusión fueron suficientes para desacreditar a sus promotores.
 
Quizá exista quien tenga la ilusión de que las cámaras legislativas centrales, en donde tienen  contados escaños las minorías llamadas nacionalistas, puedan asumir o negociar el proyecto y encontrar una vía para legalizar estas maniobras, aún sabiendo que la mayoría absolutísima haya anunciado que no va a hacerlo. Como esto es una ilusión absurda porque tampoco entra en las atribuciones de las Cortes Generales modificar las normas constitucionales fuera de los procedimientos previstos en la propia Constitución, estos pseudopolíticos no están dispuestos a mantener el principio "de ley a ley" que hizo posible la Transición pacífica sino a tirar por la calle de en medio, como cualquier golpista, cambiando la Constitución por las bravas, sin que hayan meditado que fuerza de hecho, una vez violado el Derecho, son capaces de movilizar para vencer a la legalidad vigente con procedimientos antidemocráticos.
 
Pero lo más curioso es que estos presuntos aspirantes a romper la Constitución en que se amparan las funciones autonómicas que ostentan, no se miran a sí mismos para percibir que ni tan siquiera tienen fuerza parlamentaria en su propia asamblea regional para reformar su propio estatuto. Todos juntos, burgueses y proletarios, extremistas y moderados, no suman un número de escaños que, según la propia legislación catalana, fuesen suficientes para modificar su actual Estatuto de Autonomía, pieza emanada de la legalidad constitucional vigente. Según cualquier demoscopia no podrían alcanzar un porcentaje de votantes convincente en una consulta ilegal en Cataluña ni jamás ganar un Referéndum reformador en el conjunto de España, donde reside la legalidad soberana. Tampoco podrán dar interpretación plebiscitaria  a unas elecciones normales sin que le les recuerde aquella frase de Raymond Aron: "los plebiscitos no son más que el símbolo irrisorio de la entrega de la soberanía del pueblo a unos amos absolutos".
 
Por ello es inevitable preguntarse ¿A dónde van estas gentes que no es fácil distinguir si son tontos, son malos o son unos engañabobos, que, además, se atreven a disponer de las soberanías de Portugal y de Andorra? Quizá son unos artistas de la prestidigitación, de aquellos que meten un pañuelo blanco por el extremo de un tubo y lo sacan rojo por la parte contraria y, una vez ilusionados los espectadores, pueden hacer el juego a la inversa de meterlo rojo y sacarlo blanco. Quizá estamos presenciando con excesiva candidez un vulgar juego de manos que sería tolerable si se realizase en un circo pero que es intolerable como truco en un conflicto político que provoca incertidumbres y perjuicios económicos en Cataluña y en el resto de España, sin beneficio para nadie. Este juego puede considerarse un delirio a nivel de calle, pero es un crimen imperdonable a nivel de responsables políticos. El previsible final es que el Madrid y el Barça sigan jugando la liga española pero quien seguirá jugando poco tiempo es Artur Mas.