¡Ministro Gallardón, indúltanos!

Alberto Ruiz Gallardón tendrá que apañar una Dirección General de Indultos para tramitar tantas solicitudes como van a registrarse en su departamento. La prerrogativa gubernamental de indultar a un condenado, vigente todavía en España, me parece una concesión tan periclitada como las bulas pontificias o los fueros medievales, un resquicio legal más propio de regímenes absolutistas que de sistemas políticos modernos y representativos. En un modelo jurídico tan garantista como el nuestro, extremadamente minucioso, no resulta lógico que se pueda burlar finalmente una sentencia firme y dejar en la calle al ajusticiado, algo que me parece absurdo por muy argumentada que se redacte  la clemencia impostora  del gobierno de turno.
La capacidad de perdonar, como la de arrepentirse, no dejan de ser presunciones religiosas derivadas de la confesionalidad de los creyentes, por lo que no deberían utilizarse como cuartada para anular el veredicto finalista de una causa cerrada. La judicatura ya tiene en cuenta, entre otros pronunciamientos, los eximentes demostrados, la colaboración del inculpado o la falta de antecedentes para librar al juzgado de la pena de prisión o reducir el periodo de encarcelamiento, gratificaciones suficientes que no precisan de la benevolencia intrusa del poder ejecutivo.
La reflexión que ustedes acaban de leer, hilvanada sin los recursos académicos que manejaría un jurista profesional, me bulle en la cabeza por culpa del variopinto elenco de sujetos que pretenden ser indultados por el Gobierno de la Nación, un pelotón implorante de personajes tan diferentes como interesados, trepadores todos ellos en la cucaña social del éxito y la fortuna,  despeñados después por la pendiente de sus propios errores. Ahora precisan de un salvoconducto timbrado que les evite una buena temporada a la sombra. Repasen conmigo el caso del maestro Ortega Cano, protagonista reincidente en las portadas de colorines, penitente confeso de miserias personales ante el coro de comadres que mantienen el cotilleo nacional, culpable sentenciado de conducir ebrio en noche cerrada y provocar un accidente que se cobró la vida de un ciudadano. Pretende nuestro matador evadirse de las responsabilidades penales amparándose en el Constitucional o reclamando finalmente la gracia del indulto.
Veamos también el caso del señor Del Nido, otro triunfador afamado y presumido, Presidente que ha sido del Sevilla Club de Futbol en su devenir más glorioso, pringado hasta los codos, según estima los Tribunales, en la melaza delictiva que se cocinaba en la Taifa corrompida  de Marbella. Todo un emirato personal de Jesús Gil, regentado después por sus sucesores más aventajados, tierra definitivamente asolada por una panda de delincuentes expertos en el saqueo continuado de todo lo público, maestros de la especulación urbanística, receptores insaciables de comisiones sin cuento y doctores en el blanqueo de capitales clandestinos. Perdidos todos los recursos retardadores del castigo impuesto, Del Nido demandará la bonanza benéfica del Estado y mientras tanto, como muchos otros, continuará tan libre como estaba.
Descendamos en este punto a las cavernas de la corrupción política, a los nichos repletos de trepadores inmorales que han medrado en lo suyo para forrarse literalmente, propagandistas cínicos de la honradez hasta que sucumbieron a manos de algún compinche despechado que cantó ante un juez su particular Traviata. Cambiaron entonces el despacho oficial, reconvertido en una ventanilla expedidora de licencias y favores, por un paseíllo vergonzante a lo largo y ancho del vestíbulo de los juzgados. Pronto caerán sobre ellos las sentencias anunciadas. Uno de los casos más llamativos tiene como protagonista al que fuera Presidente de Baleares, un personaje al que Mariano Rajoy propuso en aquellos días como ejemplo de honestidad y buen hacer, imputado ahora en varias causas y condenado ya por alguna de ellas: malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración, blanqueo de capitales e incremento injustificado de patrimonio personal.  Matas pedirá también que lo indulten. La única solución que le queda también, por otra parte,  al  alcalde dimitido de Torrevieja, sentenciado por prevaricación y falsedad documental, cuyo perdón imploran al Gobierno sus compañeros parlamentarios del PP valenciano.
La lista de políticos imputados a la espera de juicio es apabullante, como extendidas por toda España aparecen las actividades punibles cometidas por  tanto indeseable enquistado en la estructura de la mayoría de los partidos y organizaciones sindicales que nos representan. Deseo al Ministro Gallardón, accidentado en su domicilio, una pronta y feliz recuperación, que tanto necesitará  para afrontar el lloriqueo de todos aquellos que le suplican: ¡Ministro Gallardón indúltanos!