El derecho a la información, una asignatura pendiente

Treinta y cinco años después de haber sido aprobada la Constitución Española, los sucesivos gobiernos de la democracia todavía no han cumplido algunos de sus mandatos. Y no ha sido por falta de tiempo, porque 35 años son muchos años, sino por falta de voluntad política y por sus intereses partidistas. Uno de esos incumplimientos afecta directamente a los periodistas y, como consecuencia, a la ciudadanía: el derecho a la libertad de expresión y de información está reconocido y protegido en el artículo 20 de la Carta Magna, pero aún faltan por aprobar normas legales que lo desarrollen y hay que mejorar otras ya en vigor.

Cuando leemos, en el artículo 47 de la Constitución, eso de que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", inmediatamente decimos: "Este artículo no se cumple". Eso mismo afirmamos los periodistas al leer en el artículo 20.d) que se garantiza el derecho de la ciudadanía "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" y que "la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades".

La cláusula de conciencia fue regulada por ley hace 16 años, pero el derecho al secreto profesional de los periodistas aún no ha sido desarrollado. Ésta es una de las muchas carencias que padecen en España los informadores, quienes se encuentran en una situación mucho peor que sus colegas de otros países europeos, latinoamericanos y de otras partes del mundo para desempeñar su trabajo.

Desde que la Constitución fue ratificada en referéndum por el pueblo español, el 6 de diciembre de 1978, ha cambiado mucho la situación en lo referido al derecho fundamental a la libertad de expresión e información. Para bien, afortunadamente. Pero faltan muchas cosas por hacer, entre ellas la regulación por ley del secreto profesional. Es un mandato constitucional de hace tres décadas y media, pero ningún gobierno lo ha cumplido y, por lo que parece, el que preside Mariano Rajoy tampoco tiene interés en hacerlo.

Si a los Ejecutivos anteriores y al actual no les ha importado no cumplir de manera plena el artículo referido a la vivienda, que establece que los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias "para hacer efectivo" algo tan elemental como el derecho a vivir en una casa digna, ¿cómo se van a interesar por desarrollar un artículo que afecta a los profesionales de la información cuando su principal interés hacia ellos, cuando no el único, es controlarlos todo lo que sea posible?

En perjuicio de un derecho de la ciudadanía

Pero la falta de una norma legal que regule el secreto profesional no es lo más grave de la profesión periodística, porque este derecho es reconocido en la práctica por los jueces y hay sobrada jurisprudencia al respecto. Lo realmente grave es la situación actual del periodismo y sus nefastas repercusiones en perjuicio del derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz.

¿Qué hacer para salir de esa situación? Para empezar, el Gobierno debería elaborar y presentar en el Parlamento un proyecto de ley que regule la profesión periodística y el derecho a la información de la ciudadanía, definiendo claramente los deberes y los derechos de los informadores. Ese derecho a la información de los ciudadanos -que los padres de la Constitución situaron en el Título primero de la Carta Magna, el de los derechos y deberes fundamentales- no se puede considerar cumplido únicamente porque cualquiera tiene la posibilidad de comprar un periódico u otro, de visitar distintos medios digitales o de elegir entre varias cadenas de radio o televisión. No. Ese derecho sólo será una realidad plena el día que esté garantizado que la información que recibe la ciudadanía se la facilitan periodistas profesionales independientes, que trabajan en condiciones laborales dignas y con salarios decentes, porque solo si se encuentran en esas condiciones podrán hacer frente a las presiones, ya sean de su propia empresa o externas -políticas, económicas, de grupos de poder...- y ofrecer a los ciudadanos lo que es un derecho de ellos: la información.

Hace 10 años, en 2003, el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds se hizo eco del borrador del llamado Estatuto del Periodista Profesional que había elaborado el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), y lo presentó como proposición de ley. El Pleno del Congreso rechazó tramitarlo porque el PSOE, que tenía mayoría, votó en contra. Los diputados socialistas tampoco aceptaron una proposición de Ley de Reconocimiento de los Derechos Laborales de los Periodistas, alegando razones de técnica legislativa.

Un año antes, cuando era líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero se había comprometido en un acto público a regular la profesión periodística por ley, si llegaba al Gobierno, para mejorar su situación. También se comprometió a ello por escrito, en una carta dirigida al entonces secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Enric Bastardes. Pero del dicho al hecho va mucho trecho: mientras estuvo en La Moncloa no cumplió esa promesa porque no quiso enfrentarse a los grandes grupos de comunicación, que rechazan esta regulación legal porque para ellos supondría algunos controles y si no existe pueden seguir cometiendo abusos, irregularidades e incluso ilegalidades con sus trabajadores y colaboradores, salvando las excepciones.

El FOP -una organización unitaria que integra a las agrupaciones de periodistas de CCOO y UGT, la FeSP, los Colegios de Periodistas de Cataluña y Galicia y otras asociaciones- elaboró y presentó públicamente en 2010 un borrador de Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LOGDIC). Es similar al Estatuto del Periodista Profesional, pero mejorado y más completo. En él se establecen unas garantías para que los informadores puedan ejercer su profesión con independencia y se fijan sus deberes y derechos; se ampara a los llamados periodistas a la pieza y los freelance; se reconoce el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional; se garantiza el acceso a las fuentes informativas, y se propone crear un Consejo Corregulador del Periodismo, con capacidad para sancionar, que vele por garantizar que todos los medios de comunicación -con independencia del soporte en que llegan al ciudadano- cumplen los principios éticos recogidos en el Código Deontológico de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

Falta de interés del Parlamento

Los grupos parlamentarios conocen este texto, porque el FOP se reunió con ellos para presentárselo. Prácticamente todos reconocen que no tiene ningún sentido que la profesión periodística no esté regulada por ley en España, porque esto incide en el derecho a la información. Pero no han hecho nada para hacer posible que este debate parlamentario se celebre, excepto la citada proposición de ley de IU-ICV cuando aceptó la iniciativa del FOP.

La elaboración de un proyecto de ley sobre esta materia por parte del Gobierno -el borrador del FOP podría servir como modelo para mejorarlo- debería ser el primer paso para completar el desarrollo del artículo 20 de la Constitución. Pero, además, la profunda crisis económica que todavía padece España, y que los medios de comunicación sufren con especial intensidad, hace necesario adoptar otras medidas para evitar que continúe la sangría de despidos en el sector -se calculan cerca de 11.000 en los últimos cinco años- y el cierre de publicaciones y emisoras de radio y televisión. La pérdida de medios de comunicación y de puestos de trabajo, conviene no olvidarlo, merma el derecho a la información de la ciudadanía y disminuye la calidad de la democracia.

El Gobierno de Mariano Rajoy sabe que los medios de comunicación atraviesan por una situación crítica y que muchos no podrán sobrevivir a la crisis. Lo que no saben los medios es si el Ejecutivo quiere una solución para este problema y si está dispuesto a buscarla, en beneficio de la democracia. Pero, por lo que se ha visto hasta ahora, hay motivos sobrados para pensar que le importa muy poco que el periodismo esté cada vez peor. ¿Tal vez porque los medios débiles son más fácil de controlar y dominar? Lo grave, y el Gobierno debería ser consciente de ello, es que si el periodismo está en tan mala situación y no puede desempeñar de manera correcta su función social, el sistema democrático también se resiente. Y el artículo 20 de la Constitución continúa sin cumplirse plenamente.

Despidos masivos y cierre de medios

Pero el Gobierno, a juzgar por su actitud y por lo que no hace en este terreno, está demostrando no tener ningún interés en ayudar a que los periodistas españoles puedan trabajar en condiciones que garanticen su independencia y a que los medios puedan afrontar la crisis sin tener que despedir masivamente o, en el peor de los casos, cerrar. Sirvan estos tres ejemplos como muestra de ese desinterés:

- El 28 de mayo pasado, el PP votó en el Congreso de los Diputados contra una proposición no de ley del PSOE que instaba al Gobierno a adoptar diversas medidas de ayuda a la prensa. El partido de Rajoy anunció que después presentaría una iniciativa propia en ese sentido: han transcurrido más de seis meses y no lo ha hecho.

- En junio último, la FAPE y el FOP -en una iniciativa conjunta que representa a la gran mayoría de los trabajadores de los medios de comunicación- solicitaron una entrevista a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para plantearle la necesidad de constituir una mesa de diálogo ante la gravedad de la situación. Se trata de buscar posibles soluciones entre el propio Gobierno, la patronal, los sindicatos, las asociaciones de la prensa y otros colectivos representativos del sector: ha tardado cinco meses en responder y no ha sido ella quien ha recibido a esos colectivos, sino que ha delegado en la directora general de Comunicación.

- El Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana, del PP, después de haber estado durante años manipulando y utilizando de manera partidista y vergonzosa la televisión autonómica, ha decidido no cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia -que anula el Expediente de Regulación de Empleo de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), porque se ha llevado a cabo con muchas irregularidades, y obliga a readmitir a los mil trabajadores despedidos- y la ha cerrado, dejando a sus ciudadanos sin un medio de comunicación público que es necesario, en vez de haber modificado lo que fuera necesario, gestionarlo bien y dejar que hubiera funcionado con criterios profesionales y no políticos.

Con este panorama, es obligado concluir que en España no existe libertad de expresión e información como debiera ser en una democracia, que el artículo 20 de la Constitución es todavía una asignatura pendiente de desarrollar y que este Gobierno y los anteriores son, en gran parte, responsables de ello. El derecho a la información de la ciudadanía es uno de los derechos humanos, que garantiza la Constitución, y los periodistas son los intermediarios para que se cumpla. La única manera de poder conseguir que eso sea una realidad es que los trabajadores de los medios de comunicación lo reclamen, a través de todas sus organizaciones profesionales y sindicales de manera conjunta, con el apoyo de la ciudadanía en defensa de su derecho constitucional a recibir información veraz y plural.
 



[*] Agustín Yanel es secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)