Policías y guardias civiles, contra el ministro del Interior: '¿Se están repartiendo el pastel entre amigotes?'

"España tiene uno de los mayores caos policiales de Europa. En una misma población nos podemos encontrar con Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica y Policía Local. Ahora, con este nuevo texto, incrementaríamos ese caos con las nuevas competencias que pretenden otorgar a los vigilantes de seguridad, pues no nos engañemos, pretenden convertirlos en policías". Es la crítica global que UniónGC, una de las asociaciones de Guardias Civiles, ha realizado contra el proyecto de Ley de Seguridad Privada del actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Dicen estos guardias civiles que respetan a los profesionales de la seguridad privada, pero que "otorgarles competencias como las pretendidas, es decir, poder efectuar patrullas en la calle, detenciones, etc., es un grave error". Sostienen que, para realizar este cometido, guardias civiles y policías se someten a un severo proceso de oposición y a una formación exigente y completa que dura años, con un período formativo en la academia y con posteriores prácticas en las calles. "Por el contrario", dicen ellos, "un vigilante de seguridad se puede formar en un par de meses. Estas competencias no se pueden dejar en manos de personas que no tengan esta formación. Estamos hablando de derechos".

También replican a los planes de Interior con un argumento nada baladí: los funcionarios policiales "no atendemos más que a la Ley, a los jueces y fiscales. No somos manipulables", pero señalan que los vigilantes de seguridad "están en manos privadas con intereses y planteamientos que nada tienen que ver con la seguridad pública".

A ese respecto, añaden desde UniónGC que "se podrían producir 'actuaciones policiales' oscuras, propiciadas por algún empresario de la seguridad privada. No es descabellado. El empresario tiene el control sobre los agentes y éstos, a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios policiales, no tiene mecanismos de control para evitar irregularidades o intereses oscuros de sus cúpulas directivas".

'¿Repartirse el pastel entre amigotes?'

Afirman los guardias civiles estamos presenciando una caída brutal en las plantillas policiales, porque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no permite que se repongan las vacantes. Así que, al no haber oposiciones estarían justificando la necesidad de otorgar competencias de seguridad pública a los vigilantes privados: "Lo que es paradójico es que otorgue competencias de vigilancia en las cárceles a los vigilantes de seguridad y que sea el Estado el que pague a dichos vigilantes por esas funciones de vigilancia carcelaria cuando no le hace ninguna falta pues para esas funciones ha tenido hasta ahora a policías y guardias civiles ¿por qué pagar a un vigilante de seguridad por algo que han venido haciendo policías y guardias civiles? ¿Repartir pastel entre amigotes?".

En ese sentido, dicen que es preocupante la política de privatizaciones que está llevando el Gobierno: "¿Serán jueces y fiscales lo siguiente?", se preguntan en UniónGC, aunque añaden que "más preocupante nos resulta esta privatización enmascarada de la seguridad si la analizamos conjuntamente con la Ley Mordaza de Seguridad Ciudadana. Aumentan el número de cuestiones sancionables mientras que en la calle ya nos puede detener, identificar, etc., un vigilante de seguridad. Preocupante".

Finalmente, estos guardias civiles lanzan la siguiente pregunta, que no deja de tener su cosa: "Y qué tocará para el 2014, ¿reinstaurará el Gobierno los Somatenes? ¡Ya está bien!".

Policía: 'Hay que investigar a los impulsores de esta ley'

De la misma manera, desde el otro Cuerpo policial, la Unión Federal de Policía (UFP) ha denunciado el 'peligro' de esta ley, que otorga carácter de agentes de autoridad a los vigilantes de seguridad permitiéndoles de este modo registrar un vehículo, identificar a una persona e incluso, patrullar por una vía pública. Dicen en UFP: "Esas atribuciones no existen en ninguno de los países de nuestro entorno. Un vigilante de este modo, podrá realizar tareas de identificación de personas y su testimonio será tratado de forma especial en un juicio oral".

Y añaden que "no menos peligroso es el artículo que refiere, sin detallar, posibles cesiones de datos entre cuerpos policiales estatales y empresas privadas de seguridad, sin tener en cuenta la utilización fraudulenta que pueden ejercer estas empresas de los datos de identidad, detenciones o requisitorias judiciales de las personas en ellos contenidos. Son demasiado sensibles para que estén en 'manos' de un empresario. Recordamos que solicitar un D.N.I debe estar motivado y no tiene sentido hacerlo, sin consultar estas bases de datos específicos y de contenido 'sensible'".

El trasfondo espurio de una ley más que polémica

Desde la UFP sostienen que la seguridad privada ha funcionado bien durante 20 años... "¿Cuál es el motivo de la reforma?; entendemos que económico, los millones de euros que supone para estos empresarios concertar la seguridad perimetral de una cárcel, o espacios públicos, a cargo de las arcas del Estado".

Y añaden, en línea con lo dicho por UniónGC: "Quizás la tarea de investigación deba centrarse en conocer quiénes son los impulsores de esta ley y quiénes son los empresarios dueños de las empresas de seguridad privadas".