Ideas para regenerar la justicia española desde el punto de vista de la modernización

Desde hace ya muchos años las diferentes administraciones con competencias en materia de administración de justicia vienen haciendo un importante esfuerzo presupuestario para dotar a este servicio público esencial de los medios necesarios para su adecuado funcionamiento.

Basta echar un vistazo a los últimos datos estadísticos dados a conocer por el Consejo General del Poder Judicial, para comprobar que en toda España se destinaron en 2012 más de 3.300 millones de euros para el funcionamiento de la administración de justicia. No es una cifra desdeñable, desde luego, pero a pesar de ello dicho presupuesto apenas representa el 0,32% respecto al Producto Interior Bruto, y el número de jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes se sitúa en 10,9, lo que supone la mitad de la media de los países del Consejo de Europa, cifra absolutamente insuficiente para soportar con garantías la entrada de 9 millones de asuntos anuales.

Muy probablemente, la ausencia de una mayor inversión pública para el sostenimiento de la Administración de Justicia y la consiguiente falta de los recursos personales y materiales de los que precisa sea una de las principales razones que explican que, según algunos de los más acreditados sondeos de opinión, el 65% de los españoles considere que la Administración de Justicia española funciona mal o muy mal, porcentaje nunca visto hasta ahora.

Se podrán hacer multitud de interpretaciones para valorar esta cruda realidad, pero lo bien cierto es que la ciudadanía tiene una mayoritaria mala opinión sobre cómo funciona la justicia en este país. Y por eso es necesario que desde todas las instituciones competentes en esta materia se trabaje aún con mayor intensidad para cambiar esa negativa percepción.

Ante esta evidencia conviene detenerse a reflexionar y hacer un análisis de la situación actual, valorar en su justa medida los avances experimentados, aprender de los errores cometidos y adoptar con decisión nuevas medidas que corrijan las deficiencias de nuestro sistema de justicia removiendo, si es preciso, estructuras y conceptos que han demostrado su ineficacia a lo largo del tiempo.

En mi opinión, para modernizar nuestra Administración de Justicia y conseguir que el ciudadano la perciba como un servicio moderno, ágil, próximo y eficaz, es preciso avanzar en una triple dirección, impulsando los cambios organizativos, procesales y tecnológicos que resulten necesarios para alcanzar estos objetivos. Se trata de un conjunto de medidas incluidas en el Plan de Modernización de la Justicia, aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en el año 2008 y que se encuentra en plena fase de desarrollo.

Desde el punto de vista organizativo, hay que continuar con el proceso de implantación en toda España de la nueva Oficina Judicial, organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales. Su esencia radica en una nueva distribución de funciones entre los jueces y los secretarios judiciales y permite al juez centrarse en la labor jurisdiccional que tiene asignada, que no es otra que juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, descargándole de todas aquellas tareas procesales y organizativas que hasta ahora venía desempeñando y que, con el nuevo sistema, pasan a manos de los secretarios judiciales como directores de los servicios comunes procesales.

También es necesaria una profunda revisión de la actual planta y demarcación judicial, cuyo modelo guarda, todavía hoy, estrecha similitud con la demarcación histórica vigente cuando se promulgó la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. Las circunstancias sociales, económicas y demográficas que en su día sirvieron para trazar el mapa judicial español han variado notablemente. Hoy en día, las facilidades para los desplazamientos y el uso generalizado de las nuevas herramientas tecnológicas hacen innecesario que todos tengamos un juzgado a la puerta de casa, porque la calidad de un servicio público ya no se mide en distancias, sino en tiempos.

La idea de una Administración de Justicia próxima al ciudadano se contempla hoy desde otra perspectiva, porque estamos en un mundo globalizado en el que más que "dónde" importa "cuándo" y "cómo" se resuelve un asunto, y donde el ciudadano exige una rápida respuesta judicial, no siendo ya la distancia el único elemento a tener en cuenta. Es necesario, por tanto, evitar en la medida de lo posible una excesiva dispersión de los medios personales y materiales puestos al servicio de la justicia y apostar por la vía de la concentración, superando el desfasado concepto actual de partido judicial.

Por otro lado, los Tribunales de Instancia están llamados a sustituir a los tradicionales juzgados unipersonales, que pasarán a agruparse en un único tribunal de carácter provincial, dotado con el número de jueces que sea preciso y con una oficina común que ofrezca cobertura a todos ellos.

Esta nueva organización de la primera instancia judicial va a contribuir a mejorar la calidad de la respuesta judicial, permitiendo una mayor homogeneización de criterios y facilitando las sustituciones entre jueces profesionales, al mismo tiempo que posibilitará una gestión más eficaz de la oficina que les asista. De esta manera, los Tribunales de Instancia constituyen el adecuado complemento al proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial.

En cuanto a la adopción de medidas de carácter procesal, hay que seguir explorando la incorporación a nuestras leyes procesales de nuevas medidas que permitan agilizar al máximo la tramitación de los procedimientos judiciales, lo que reducirá los tiempos de respuesta y contribuirá a reforzar el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, y sobre todo hay que profundizar en el  desarrollo de sistemas alternativos de resolución de conflictos que ayuden a reducir las inasumibles tasas de congestión, pendencia y litigiosidad que lastran el buen funcionamiento de nuestros tribunales.

Tradicionalmente, los conflictos que surgen en las relaciones interpersonales han sido resueltos a través del proceso judicial. Sin embargo, esta solución ya no es la única alternativa posible, sobre todo porque nuestra Administración de Justicia no es capaz de resolver, en un tiempo razonable, todo lo que se le plantea. Es la constatación de esta realidad la que ha obligado a acudir a otras formas de resolver las controversias, como la mediación, el arbitraje y la conciliación, que se revelan como remedios eficaces en la lucha contra la masificación que padecen nuestros tribunales.

Sin embargo, la puesta en marcha de las medidas apuntadas y de otras muchas que devienen igualmente necesarias, parte necesariamente de una premisa irrenunciable, sin la cual todos los intentos por transformar nuestro sistema de justicia serán en vano. Me refiero a la necesidad de apostar por el uso generalizado de las nuevas herramientas tecnológicas como instrumento para facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia y lograr la tan ansiada interoperabilidad informática, que permita a los órganos judiciales intercambiar información en tiempo real. La implementación del expediente judicial electrónico, con la consiguiente tramitación telemática de los procedimientos y la progresiva desaparición del papel, son una meta hacia la que deben dirigirse los esfuerzos de las instituciones competentes en materia de justicia.

La agilización de la justicia y su modernización tecnológica debe ser una prioridad para un Estado de Derecho como el nuestro. El objetivo último debe ser lograr una verdadera Administración de Justicia única en todo el territorio nacional, sirviéndonos de las nuevas tecnologías, de manera que podamos hablar de un único sistema de información judicial.

Para alcanzar este resultado final hay dos opciones: o bien conseguimos que los distintos sistemas de información procesal existentes en la actualidad puedan realmente interconectarse entre ellos y se posibilite un rápido acceso a la diversidad de sus respectivas bases de datos; o bien se acomete el desarrollo de una única aplicación que permita la tramitación electrónica de los litigios igual en todo el territorio nacional, con acceso y volcado de datos a bases de datos únicas. No importa cuál sea la solución, pero resolver este problema requiere la adopción de decisiones que no admiten más demoras.

Vivimos tiempos de incertidumbre y de dificultades económicas, en los que a veces sobresalen conductas poco ejemplares de algunos responsables políticos y donde muchos ciudadanos han perdido su confianza en las instituciones. En estos tiempos difíciles, la justicia se configura como el último baluarte que garantiza los derechos y libertades de las personas y como una herramienta de extraordinario valor en la tarea de recuperar esa confianza perdida y facilitar la salida de la crisis económica.

Sabemos qué problemas aquejan a nuestra justicia y conocemos cuáles son las medidas adecuadas para ponerles solución, pero resulta imprescindible alcanzar un firme compromiso de todas las instituciones implicadas para poner a su disposición todos los recursos que necesita, y hacer de su inaplazable mejora una verdadera cuestión de Estado.


[*] Fernando de Rosa Torner es magistrado y acaba de finalizar su mandato como Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)