Decía
Manuel Vázquez Montalbán que el resultado de la Transición fue consecuencia de
una correlación de debilidades, que
la oposición democrática no consiguió la ruptura pero que el estado franquista
tampoco pudo continuar su andadura sin transformarse. Sin embargo, esta
transacción de unos y de otros, casualmente paralela al mito franquista de la
guerra fratricida sobre la Guerra Civil, esconde en realidad las deficiencias
democráticas de nuestro estado y de la Constitución de 1978. ¿Por qué iba a ser
bueno que la oposición democrática transigiese con la dictadura? Y sobre todo
¿Qué resultado podría tener sobre la naturaleza de nuestra democracia la
imposición de algunas tesis del personal del régimen?
Pasado
el tiempo no se puede achacar a la oposición democrática -sobre todo al PCE- no
haber sido más exigentes. Al fin y al cabo luchó para ser legalizada y en las
negociaciones pendía sobre ella el miedo a una regresión a la dictadura o a un
golpe de estado -como finalmente ocurrió-. Y ya se sabe, con una pistola en la
sien la negociación es poco democrática.
Nadie pudo prever que las Cortes
surgidas de las elecciones de junio de 1977 serían para crear una asamblea
constituyente, pero así ocurrió. El problema es que a esas elecciones la izquierda
y concretamente el PCE concurrió tan sólo dos meses después de haber sido
legalizado y teniendo que aceptar la figura del rey impuesto por Franco, amén
de otras concesiones que lo debilitaron internamente.
Pero no sólo eso, ninguna
formación republicana, ni otras muchas formaciones de izquierda pudieron
presentarse a las elecciones. Mención aparte merece al controvertida Ley
electoral, que como se sabe no sólo infrarrepresenta a los partidos
minoritarios, como se afirma de forma interesada, sino que reduce la
representación de la izquierda por medio de la distribución de las
circunscripciones. Las grandes ciudades y las áreas más industrializadas y
pobladas están proporcionalmente menos representadas que las zonas rurales y en
general las más conservadoras. No en vano esta ley fue redactada por las
autoridades de la dictadura antes de cualquier elección democrática, de hecho, lo menos malo que se puede decir de nuestra
ley electoral es que es predemocrática.
Una vez marcadas las cartas ley
electoral mediante -en votos ganó la izquierda- fue fácil negociar la
Constitución. UCD se encargó de que la comisión que la redactaba estuviese
compuesta por una mayoría conservadora: Tres miembros de la UCD, uno de AP, uno
del PSOE, uno del PCE y uno de CiU -todos hombres, por cierto, la Constitución
tiene padres pero no madres- ¿Acaso UCD tuvo el triple de representación que el
PSOE? Tampoco hemos de olvidar que la Constitución, por mucho que lo repitan
los medios de comunicación, no fue de todos. Los responsables de los artículos
más conservadores, que más alejan a España del resto de los países de nuestro
entorno, provienen de los padres de
la Constitución más franquistas: Que se contemplase la pena de muerte en
determinadas circunstancias, la mención expresa de la Iglesia Católica y de sus
privilegios o la economía de mercado, son sólo algunas de las aportaciones de estos
padres reaccionarios de la
Constitución.
Tampoco
podemos reprochar a la población de la época su voto a favor de esta Constitución.
Los partidos, incluida la mayoría de la izquierda, pidieron el voto a su favor
y la Constitución se vendió como la única alternativa posible a la dictadura.
La gente prefirió esta Constitución antes que la continuación de la dictadura.
No obstante y pasados los años, el discurso laudatorio sobre el texto
constitucional y la época de la transición en general no se sostiene. El
déficit en inversión social del país tiene su origen en esta época. Como la
baja inversión en educación y sanidad o el alto porcentaje del presupuesto
estatal que se transfiere a las fuerzas armadas o a la Iglesia Católica.
A
estas reflexiones hemos de añadir lo envejecida que quedó nuestra constitución
en el verano de 2011 cuando, por un simple acuerdo entre el PSOE y el PP, se
constitucionalizó que el pago de la deuda prima sobre la financiación de la
educación y la sanidad pública, bases del estado social y de derecho que
supuestamente es España de acuerdo con la propia carta magna.
Por
ello en Izquierda Unida de Ciudad Real no celebramos el 35 aniversario de la
Constitución de 1978, al contrario, llamamos a potenciar un proceso
constituyente por una tercera república
verdaderamente democrática, participativa y social como marco legal
necesario para el ejercicio efectivo del derecho a la educación, a la salud, a
una vivienda o al trabajo.
***Angel Aguas
Coordinador Local de IU en Ciudad Real
Si (
No(
