Panorama desolador en Justicia

Si a los jueces nos es exigible la aplicación de la Ley con agilidad y prestando una auténtica tutela judicial efectiva a los ciudadanos, a los políticos, en cuanto elegidos por éstos, debe exigírseles el cumplimiento de sus compromisos electorales y si ello no es posible, una explicación veraz de las razones de esa imposibilidad.

Si además, el ámbito de responsabilidad política tiene relación con la Justicia, es imprescindible que quien ostente la misma vele por los derechos de la ciudadanía, se dirija a ésta sin manipular la realidad y garantice la independencia judicial.
Desgraciadamente, nada de esto está ocurriendo en los últimos tiempos, en los que se está viviendo un claro retroceso en estos ámbitos, generándose un panorama desolador para los derechos y libertades.

Desde mi atalaya, como Vocal del Consejo General del Poder Judicial, a punto de finalizar los cinco años de mandato me voy con la frustración de contemplar un escenario generado por el Ministerio de Justicia que nos retrotrae a tiempos pasados, que creíamos superados.

Son innumerables las actuaciones que se han realizado desde el Ministerio, que contribuyen a la preocupación desde una perspectiva democrática. Sin ánimo de exhaustividad, debe hacerse especial mención:

- Una Ley de tasas, que limita el acceso de los ciudadanos a los juzgados y tribunales, obligándoles a satisfacer unas tasas desproporcionadas en su cuantía y creando consiguientemente una desigualdad en función de los recursos económicos, de tal forma que quien tenga medios podrá reclamar ante los tribunales y quien los tenga más limitados deberá resignarse, si sus derechos son vulnerados, sin poder acceder a una tutela judicial adecuada.

A ello debe añadirse unos recortes muy considerables en las partidas presupuestarias destinadas a la asistencia jurídica gratuita, pese a las promesas que se habían realizado, y que, como en tantas ocasiones han sido incumplidas.

- Una utilización sin precedentes del ejercicio de la gracia de indulto, en supuestos de personas autoras de delitos generadores de alarma social, lo que ha determinado que hasta la propia Sala Tercera del Tribunal Supremo haya tenido que anular un indulto, que en su día escandalizó a la opinión pública: a un conductor kamikaze condenado a trece años de prisión por ocasionar la muerte de una persona, se le indultó la práctica totalidad de la pena, sustituyendo la impuesta por el Tribunal por otra de sólo diez meses.

- Se ha llevado a la práctica un ERE de 1.200 jueces sustitutos y se ha impuesto a los 5.000 jueces y magistrados españoles (España tiene una de las ratios de jueces más bajas de los países de su entorno), unas condiciones de absoluta sobrecarga de trabajo, lo que está generando retrasos aún mayores de los que tradicionalmente ha soportado la justicia en nuestro país. Por poner un ejemplo: el despido de un trabajador, que se examinaba en los juzgados de los social, en un plazo entre tres o cuatro meses, como consecuencia de las reformas del ministro Gallardón, tardará más de año y medio en ser resuelto, con todo lo que ello comporta.

No solo no se invierte en justicia, sino que se reducen sus presupuestos y se dificultan las condiciones de trabajo de los jueces, generando claros obstáculos que ponen trabas a su labor.

- Tampoco podemos olvidarnos de la reforma del CGPJ aprobada en solitario por el partido que sustenta al Gobierno y que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional. Se ha diseñado una estructura de ese órgano, con la obvia finalidad de reducir sus competencias a favor del Ministerio de Justicia, lo que necesariamente va a incidir en la principal función para la que el Consejo fue creado, que es garantizar la independencia del Poder Judicial. En lugar de tratar de proteger y reforzar ésta al máximo, se dibuja un diseño del Consejo al que le va a resultar más difícil la protección efectiva de esa independencia.

- ¿Y qué decir, también, de las increíbles e inconsistentes razones expuestas por el Ministerio de Justicia para justificar el incumplimiento de la promesa del Partido Popular de que los Vocales Judiciales del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por los Jueces?

- Quienes, como yo, hemos sido siempre partidarios de la elección parlamentaria de todos los Vocales del Consejo, nos parece una falta de respeto a la ciudadanía, no ya solo el que se incumpla el compromiso asumido en un programa electoral (la propia Esperanza Aguirre lo ha puesto de relieve), sino lo que es más importante, que el cambio de criterio se argumente basándolo en la descalificación de los jueces españoles y de las asociaciones judiciales, tratando de confundir a la opinión pública, en un momento en que los jueces están siendo precisamente la punta de lanza en materias tales como la lucha contra la corrupción, las clausulas hipotecarias y bancarias abusivas, o las desigualdades derivadas de la reforma laboral.

El panorama de estos dos últimos años es pues, más que preocupante. No solo no se resuelven problemas, sino que se han dificultado las condiciones de trabajo de los jueces, y se han limitados los derechos de los ciudadanos, todo ello revestido con un lenguaje superficial y ampuloso, poco respetuoso con la realidad.

Debo concluir expresando mi confianza en los Vocales del nuevo Consejo. Conozco la profesionalidad y valía de muchos de ellos y sé que harán lo posible para trabajar por esa Administración de Justicia que los españoles merecen y a la que tantas restricciones e inconvenientes se le están generando.


[*] Margarita Robles Fernández es Vocal del Consejo General del Poder Judicial