¿Para qué reformar la Constitución?

Cuando Enrique Tierno Galván redactó el Preámbulo de la Constitución española vigente, estaba seguro aquel catedrático que por el bien de nuestro país lo más importante iba a ser la perdurabilidad de la Carta Magna.

La Constitución española de 1978 alberga en su seno los instrumentos necesarios para encarar los problemas más acuciantes, las preocupaciones diarias, la pesadumbre y los insomnios de muchos españoles.

Para solucionar el desempleo, la pobreza, el desarrollo del estado del bienestar y la prosperidad de la nación no es necesaria reforma constitucional alguna. Porque, precisamente, esas son las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Y no otras.

El ejercicio intelectual de convertir en urgente la reforma del Título VIII o dimensión territorial de la Carta Magna, o las prisas del gobierno anterior para cambiar un artículo que fijase como sacra la estabilidad presupuestaria, no son más que cambios que nada tienen que ver con la prosperidad de nuestro país.

Los disensos entre las dos Españas a lo largo de nuestra historia pone de relieve que lo más importante es precisamente la perdurabilidad de nuestra norma más importante. Por lo tanto, no es imprescindible, hoy por hoy, tocarla.

Las constituciones conservadoras, desde el Estatuto de Bayona de 1808, el Estatuto Real de 1837, la Constitución de 1845, la constitución que nos trajo a Amadeo de Saboya o la Constitución de 1876 impulsada por Cánovas, no resolvían el encuentro entre una España que deseaba progresar y otra que deseaba conservar.

Por eso las cartas magnas más liberales o progresistas fueron atacadas sin piedad. Es el caso de la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de 1837, el proyecto de 1856, la Constitución federal de 1873 que no entró en vigor, o, sobre todo, la Constitución de 1931.

Por fin nos encontramos en la transición política española reciente una norma, con imprecisiones y defectos, pero también con virtudes y acuerdos, en cuya perdurabilidad se asienta la estabilidad de nuestra nación.

Es probable que no sea necesario reformar el Título VIII de la norma para reducir la pobreza y el desempleo en Cataluña. No veo -a pesar de que me confieso republicano-, que los españoles pidan a gritos por la calle la reforma de los artículos relativos a la Corona, salvo las cuestiones relativas a su transparencia para lo que no es necesaria reforma constitucional alguna.

Lo que veo, siento y, por cierto, por lo que trabajo, es por ayudar humildemente a aportar ideas para reducir el paro, erradicar la pobreza, mejorar nuestro sistema público de Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Dependencia, así como favorecer el emprendimiento en un país que es, sin duda alguna, cuna de creadores.

Y todo eso se debe hacer con la Constitución que ya tenemos. Sin necesidad de impulsar reformas, más encaminadas a debates estériles que a solucionar los verdaderos problemas de nuestra nación.

[*] Antonio Miguel Carmona es  Secretario de Economía, Comercio y Turismo del Partido Socialista de Madrid (PSM)

[Nota de la Redacción: por error en la publicación del artículo, no achacable al autor, pusimos en la publicación inicial que Carmona era catedrático, cuando en realidad es profesor. Lamentamos el error, que queda corregido]