El tercer miércoles de cada mes, un grupo
selecto de ejecutivos de Wall Street se reúne secretamente en algún lugar del
Midtown de Manhattan. Con seguridad, estos oscuros encuentros guardan relación
con el mundo de las finanzas, con los grandes bancos y el mercado de derivados,
el "capital golondrina" como estos denominan a las idas y venidas
descontroladas de acciones y capital, con el capitalismo de casino y la
especulación a escala planetaria.
En paralelo, la ciudadanía asiste atónita a cómo,
día a día sus necesidades e intereses están siendo diezmados, y el
empobrecimiento, la desigualdad, o el recorte de sus derechos laborales se han
convertido en una macabra rutina a la que muy pocos creadores de opinión
prestan atención.
Mientras tanto en España, el bienio negro del
Gobierno Popular se ha saldado con un paquete de medidas económicas y políticas
muy del gusto de los ejecutivos de Wall Street. Lo que de manera eufemística se
ha denominado como Proyecto Reformista, no ha sido otra cosa sino la suma de
enormes recortes de derechos y un serio destrozo al Estado del Bienestar. La
consigna no puede ser más cruel: es necesario vuestro sufrimiento para volver a
la senda del crecimiento.
Pero como sucede en todos los ámbitos de la
vida, nada es lo que parece. Quienes gestionan nuestra educación, la sanidad o
el bienestar social, no pueden evitar que entre tanto recorte surjan voces de
descontento, colectivos rebeldes hastiados de tanto engaño, de corrupción sin
castigo, de atracos perpetrados desde las más altas instancias del poder
político, financiero y empresarial.
En todo este tiempo de la conocida como
Crisis Financiera o Gran Recesión, han surgido voces insumisas, nuevas
expresiones de contestación social que han salido a la calle para hacer visible
su malestar. El 15-M, STOP-Desahucios, Mareas representativas de colectivos
profesionales amenazados por la privatización y la pérdida de empleo, dos
Huelgas Generales convocadas por los sindicatos de clase, etcétera.
En general, todo un conjunto de colectivos
ciudadanos que no están dispuestos a permanecer en silencio, y observar como
sus derechos básicos son cercenados por un Gobierno que se muestra magnánimo
con los poderosos y cruel con los débiles.
Para mantener el orden, para silenciar todas
estas voces, el Partido Popular ha ido tejiendo toda una serie de normas
administrativas e incluso penales, destinadas a intimidar y reprimir todo
atisbo de rebeldía e insumisión ciudadana.
Sanciones económicas desproporcionadas sobre
quienes tengan la osadía de agruparse para pitar o abroncar a un cargo
político, identificaciones policiales arbitrarias, en ocasiones chulescas y
provocativas por parte de algún miembro de las fuerzas de orden público,
detenciones, acusaciones ficticias por desórdenes públicos o resistencia a la
autoridad; todo un conjunto de medidas represivas cuya culminación será la
aprobación de la Ley
de Seguridad Ciudadana.
Bajo una supuesta defensa de la "mayoría
silenciosa", el PP ha ido capeando el temporal atribuyéndose esa
"mayoría" para minimizar el seguimiento ciudadano a determinadas
convocatorias. Curioso argumento éste si consideramos que la mayoría absoluta
del PP en las elecciones generales de 2011 se obtuvo con cerca de 11 millones
de votos, sobre un total de 24,5 millones de votantes.
Pero dejémonos de artificios, el tándem
formado por Fernández Díaz - Ruiz Gallardón ha creado un marco legislativo a
actuaciones policiales que hubieran sido intolerables unos años antes. En solo
tres años 329 personas han sido detenidas en el transcurso de manifestaciones
pacíficas, algunas de ellas con lesiones muy graves producto de las cargas
policiales. El número de infracciones administrativas previstas en esta Ley
pasan de 39 a
55; el mero hecho de grabar o difundir imágenes de las actuaciones policiales
podrán ser consideradas delito, mientras las sanciones - si no se cambian-
pueden oscilar desde 30.001 hasta 600.000 euros.
Como bien han sostenido los abogados del
Colectivo de Juristas Andaluz, la propuesta de reforma de Fernández Díaz es una
suerte de reedición de la Ley
de Vagos y Maleantes aprobada en los años 30 del siglo pasado y ampliada
durante el franquismo.
Si este proyecto de Ley como es de esperar
próspera, el PP creará una gran mordaza para acallar a una ciudadanía a la que
se pretende permanezca sumisa y resignada frente a los desmanes de una política
económica que cada vez más le empobrece.
Quienes el tercer miércoles de cada mes
conspiran en contra del 99% de la población mundial, pueden estar tranquilos:
en España hay un Gobierno que vela por sus intereses y trata de poner sordina a
la desesperanza.
Pese a todo, la inteligencia y voluntad
popular siempre han sabido responder a leyes mordaza como esta que comentamos.
Lamentablemente, al pueblo español le sobra experiencia en estas lides.
***Antonio
Navarro Escudero
Miembro de la ejecutiva regional de CCOO
CLM
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