La
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha eludido pronunciarse
sobre el auto del juez Pablo Ruz que confirma la existencia de una contabilidad
B en el PP por el pago de las obras en su sede y se ha limitado a asegurar que el
Ejecutivo trabaja en una Ley de control económico-financiero de los partidos
políticos. En cambio, sí ha opinado sobre la necesaria transparencia que tienen
que tener los sindicatos, algunos de los cuales están inmersos en causas
judiciales similares a las del PP.
Tras
el Consejo de Ministros, la vicepresidenta
Sáenz de Santamaría expresó su 'respeto'
a
la decisión del juez Pablo Ruz, y se limitó a afirmar que "una de las normas
que forma parte de ese paquete de regeneración democrática se llama Ley de
Control económico-financiero de los partidos, que es donde tenemos que
trabajar".
Así
de escuetamente, y con sonrisa en los labios, Sáenz de Santamaría se limitaba a
responder a la pregunta por el auto del juez Ruz que confirma la existencia
"a nivel indiciario" de "una cierta corriente financiera de
cobros y pagos" en el Partido Popular. Esa 'corriente financiera' habría
sido utilizada para pagar al arquitecto
Gonzalo Urquijo, que dirigió las obras
de remodelación de la sede central de la formación, en la calle Génova de
Madrid, entre los años 2005 y 2011.
Lo
curioso es que, al ser preguntada por el hecho de que, ante las presuntas
irregularidades ocurridas en UGT de Andalucía, la Junta haya otorgado 6,5
millones para orientar empleados, Sáenz de Santamaría se explayara en la respuesta
y dijera que todas las administraciones públicas cuando conceden subvenciones
están "obligadas" a ser "muy rigurosas" en la convocatoria,
así como en hacer un "control del seguimiento" relativo al empleo de
las mismas en los fines a los que estaban destinados.
Y
siguió su respuesta, señalando que el jueves se aprobó la Ley de Transparencia,
una norma que nació para aplicarse a las administraciones públicas pero que se
ha extendido después a partidos y sindicatos: "Ése es el inicio de un
trabajo que es clave. Tenemos que trabajar entre todos para que aquellas
administraciones, partidos y sindicatos que reciben cuantías importantes
de presupuesto público actúen con la
mayor transparencia posible".
En
todo caso, la vicepresidenta explicó que el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, anunció el pasado mes de febrero un paquete de regeneración democrática
durante el Debate sobre el estado de la Nación que se materializó en una
resolución parlamentaria.
"Espero
que a lo largo de este proceso podamos ir sumando más grupos parlamentarios a
un trabajo que tiene que ser de todos", indicó Sáenz de Santamaría en respuesta
a la pregunta sobre las presuntas irregularidades en UGT, para subrayar que se
trata de "fortalecer todos los mecanismos" para ir regenerando la
democracia y ser "más transparentes y rigurosos".
Después
de que PSOE y UPyD plantarán este jeuves al Gobierno en la reunión sobre el
plan anticorrupción, la vicepresidenta aseguró que al Ejecutivo le gustaría que
esas normas "salieran con consenso", un ofrecimiento que hacen a los
grupos para todo el procedimiento parlamentario.