Un año después, Madrid Arena todavía está
marcado por la maldición de 2012. En la noche de brujas de hace un año,
cinco chicas murieron aplastadas en el único vomitorio de salida que
habían adaptado en el recinto durante la fiesta 'Thriller Music Park', o
días después en el hospital. 24 imputados, 42 testigos, 43 lesionados,
28 tomos y casi 9.500 folios después, el sumario del caso, gestionado
por el juez Eduardo López-Palop, está cerca de concluir su instrucción. A
medida que el tiempo pasa, la investigación ha ido poniendo de
manifiesto el caos que rodeó este suceso.
La fiesta se realizó en Madrid Arena. El recinto es
propiedad de Madrid Espacios y Congresos, una empresa municipal que
había cambiado progresivamente su objeto social para convertirse en
la centrifugadora de deuda de Alberto Ruiz-Gallardón. La tragedia precipitó su
desmantelamiento, hasta el punto de que fue absorbida por otras empresas públicas de nueva creación. La compañía mantenía
un contrato casi en exclusiva para el recinto con
Miguel Ángel Flores, uno de los grandes empresarios de la noche madrileña, a pesar de que tenía
deudas con la Seguridad Social,
algo que le inhabilitaba para contratar este tipo de espacios. Ambas
partes aseguran que no existía tal exclusividad y, de hecho, Flores
denuncia que le impusieron la seguridad privada, que corría a cargo de
la empresa Seguriber, controlada por familiares de políticos del PP.
Una de las claves del caso fue la
seguridad.
Seguriber asegura que se encargaba del control externo del recinto y de
que, ni entrasen menores, ni botellas de alcohol no autorizadas al
recinto. Tanto en el aparcamiento de Madrid Arena, como en los
alrededores del recinto ferial de la Casa de Campo, hubo varios
macrobotellones, que fueron usados como arma arrojadiza entre la
Policía Municipal y la
compañía,
que nunca aceptaron haberse inhibido ante el consumo de alcohol masivo
en vía pública. De puertas para adentro, se ha demostrado mediante
varios recuentos de entradas que, al menos, había
17.000 personas en el interior, sin contar las reventas y las entradas falsas. Sin embargo, la capacidad del recinto asciende a
un máximo de 10.600 personas,
divididas en tres plantas y no concentradas en una sola, como
permitieron los organizadores de la fiesta. Se supone que otras dos
compañías contratadas por Flores se encargaban del control de entradas y
el acceso, entre ellas,
Kontrol 34. Nadie fiscalizó convenientemente el sobreaforo, ni
Madridec, ni la Policía.
El edificio, aunque estaba
dentro de la legalidad,
no cumplía con
la última normativa de seguridad y protección de incendios, ni mucho
menos en materia de evuaciones. Los organizadores no gestionaron el
flujo de personas y permitieron auténticas
avalanchas de gente cuando se acercaba el momento de la actuación de Steve Aoki en la planta principal del coliseo.
A nivel político, la tragedia se llevó por delante a
la cúpula de Madridec, que probablemente sea procesada por cinco homicidios imprudentes. Pero, sobre todo, acabó con
la dimisión del vicealcalde Miguel Ángel
Villanueva, vinculado por parte de la prensa con Flores y marcado por apresurarse pocas horas después de la tragedia al decir que
no se superó el aforo. También cayó
Pedro Calvo, concejal de Seguridad, al anunciarse que podría ser imputado, aunque el juez nunca la hiciese efectiva. Dimitió igualmente
Antonio De Guindos,
coordinador de Seguridad y posterior delegado de Seguridad, al ser
imputado. El director general de Emergencias fue muy cuestionado por la
actuación del
Samur, que
tardó en llegar más de la cuenta
por la cantidad de gente en la zona y por la mala atención telefónica a
las llamadas de emergencias. Sobrevivieron en el cargo la concejala de
Seguridad (actual edil de Carabanchel),
Fátima Núñez, y el jefe de Policía Municipal,
Emilio Monteagudo,
a pesar de que el Cuerpo se convirtió en el escenario de un
enfrentamiento entre los partidarios del jefe y la responsable de
guardia en la comisaría de Moncloa que atendió el suceso. Todo el mundo
cuestionó que
no se realizase un adecuado dispositivo de seguridad ante
una masificación de gente de tal calibre.
Botella fue muy cuestionada por viajar en varias ocasiones a un spa en
Sintra con su familia, a pesar de la tragedia que estaba ocurriendo en
la capital.
La comisión de investigación, no satisfizo ni a los familiares de las víctimas ni a la oposición.
La última derivada del asunto fue la que corresponde a la atención médica. El doctor
Simón Viñals,
exconcejal de José María Álvarez del Manzano de casi 80 años y su hijo,
funcionario municipal, trabajaron como el servicio sanitario de la
fiesta,
sin recursos materiales adecuados ni personal suficiente para atender ese tipo de eventos,
lo que demuestra que, cuando las niñas lo necesitaron, los Viñals no
hicieron lo necesario. El Colegio de Médicos les retiró su afiliación al
considerar que habían obrado en contra de los principios profesionales
de la Medicina.
A la espera de que el juez resuelva, las familias de los afectados
sienten que no se ha hecho lo suficiente por esclarecer lo que ocurrió.
Más allá de maquillajes políticos como trasladar las sedes del Área de
Seguridad al recinto ferial de la Casa de Campo, rehabilitar el Palacio
de Congresos o aceptar estudiar la posibilidad de cambiar el nombre al
Madrid Arena, el Consistorio no ha hecho mucho más. Consideran que se
está tratando de tapar el pasado eliminando Madridec y cargando las
tintas sobre
Seguriber y
Flores, que en una reciente entrevista admitía que podía ser en parte responsable pero
no el único, y señalaba al
Ayuntamiento.
Tampoco parece suficiente que se haya modificado la Ley de Espectáculos
Públicos de la Comunidad de Madrid o que se hayan endurecido
las normas de control de este tipo de eventos. Porque consideran que para los presuntos responsables de la tragedia,
la vida sigue igual, a la espera de que en unos dos o tres años, el juez dé su veredicto. Mientras tanto, ellos tienen a
sus hijas reposando en el cementerio, sin que nadie acepte ninguna responsabilidad.
Enrique Villalba, Madridiario
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