¿Reforma o refuerzo?

            Hay quienes hablan de reformar la Constitución como "tercera vía" para facilitar el entendimiento entre los territorios de España, sin aclarar cuál sería el contenido de la propuesta. Por supuesto, quienes especulan con esta posibilidad, no se refieren a sus preceptos de menor transcendencia sino a aquellos que afectan a sus títulos esenciales en los que se definen las características del Estado, su forma política y su organización territorial y los derechos fundamentales de todos los españoles. El procedimiento de reforma exige, en estos temas, tal grado de consenso entre las fuerzas políticas y de respaldo popular que quienes especulan, sin poseer la menor capacidad para afrontar con éxito una iniciativa de esta importancia, saben que están hablando por hablar y que igual podrían proponer una reforma que una revisión o una derogación.
 
             Ni tan siquiera un cambio de sistema político tan profundo como el efectuado en la Transición se hizo fuera de la legalidad antecedente, sino "de ley a ley" y previa una ley de reforma política promulgada de acuerdo con la normativa anterior. Por eso se dice que hubo reforma y no ruptura. Quienes ahora proponen cambios constitucionales deben tener claro que solo podrían calificarse como reformas si se hacen dentro de la legalidad actual. De lo contrario, deberían afrontar las responsabilidades y riesgos de proponer un golpe sedicioso con todas sus consecuencias y, en este sentido, son más sinceras las posiciones de los grupúsculos extremistas, violentos o antisistemáticos que las predicaciones hipócritas y melifluas de chantajistas disfrazados de reformadores.
 
             Todas las hipótesis disolventes caben en la imaginación pero no pueden ampararse en ningún legalismo. Solo pueden concebirse como vías de ruptura y solo pueden realizarse con la técnica de la subversión o el golpe de estado, no por procedimientos de normalidad institucional. Las Constituciones nacen de un acuerdo básico en su origen, con una convergencia inicial de criterios y apoyo popular. Romper el acuerdo original y pedirle al pueblo que refrende otro nuevo exige estar en condiciones de establecer un punto de coincidencia básico y de obtener la aprobación general de la opinión pública. Por tanto, quienes especulan con reformas constitucionales sin precisar su contenido, ni con que fuerzas concurrentes cuentan y sin tener la convicción razonable de un apoyo popular contundentemente mayoritario, están engañando a su audiencia. Tal es el caso de los socialistas que predican lo que llaman tercera vía y que, en teoría, proponen un federalismo con el que no comulga ni la mayoría gobernante ni las minorías separatistas y, también, el caso de presuntos "moderados", como Duran i Lleida, intentando flotar entre sus socios de allí y sus colegas de aquí. A esta línea de ambiguos y presuntos componedores se ha incorporado hoy el expresidente Zapatero, responsable ayer de decir a los políticos del "Parlament" catalán que aceptaría lo que propusieran, en vez de advertirles que tal aceptación se produciría siempre y cuando su proyecto se adaptase a la Constitución vigente. Ahora dice que es "en el terreno de la reforma de la Carta Magna en el que podemos volver a entendernos". Es como decir que, para entenderse, será la Constitución la que debe adaptarse a los planes nacionalistas y no al contrario. Como se ve, don "erre que erre" sigue como el título de la canción: "Volver a empezar".
 
            No puede negarse que la natural evolución de la historia pueda hacer convenientes cambios o actualizaciones de cualquier marco legal. Cambios concordados y capaces de suscitar el apoyo popular más amplio. Pero la cuestión está en saber que clase de cambios. Cuando una Constitución se ve atacada desde posiciones centrífugas, disgregadoras o destructivas, no parece lógico suponer que las reformas sean para debilitarla sino para fortalecerla. No parece razonable pensar que cuando el modelo autonómico vigente está enturbiado por corrupciones, duplicidades y despilfarros, las reformas deban hacerse para favorecer las tendencias hacia la dispersión y el caos. Estructuras demasiado gravosas, burocracias excesivamente infladas, fantasmagorías culturales engañosas y fracasadas, son el resultado del abuso de quienes han confundido las competencias de gobierno que les ha otorgado el sistema constitucional con erigirse en reyezuelos de Taifas. En parte, estos vicios, son consecuencia de un poder de representación artificioso que el propio sistema electoral ha dado a minorías locales en grado tácticamente superior al peso de sus votos en el conjunto nacional. La necesidad de obtener un mínimo de sufragios en el conjunto nacional para acceder al Parlamento es una opción a tener en cuenta. La exigencia jurídica de lealtad a las leyes vigentes de quienes ostentan un cargo institucional es una práctica elemental en cualquier democracia. El espectáculo de dirigentes territoriales obstinados en corroer la estructura del Estado en cuyo nombre actúan es un espectáculo vergonzoso que España está ofreciendo al mundo. Las reformas que se necesitan y que la opinión general admitiría como razonables no consistirían en nada que contribuya a satisfacer o extender tendencias separatistas o anárquicas, sino en disposiciones que fortalezcan a las instituciones constitucionales, a la unidad de mercado, a la nivelación cultural y a la responsabilidad política de los dirigentes. Lo que está en juego, a la vista de los acontecimientos, no es debilitar la Constitución, sino robustecerla. A poco que se palpe la opinión pública, salta a la vista que encontrarían respaldo popular las reformas que pongan orden y ahorro en la casa común y que no serían estimadas reformas que acrecienten el desorden y aflojen los lazos de solidaridad e igualad entre los españoles. Proponer reformas constitucionales solo tiene sentido para reforzar la Constitución, no para debilitarla.