Para Daniel Martínez, coordinador
regional de IU en Castilla-La Mancha, "es inexplicable, y sobre todo un mal
augurio, que a pesar de los meses transcurridos desde la aparición del recibí y
el reconocimiento de su existencia nadie en el PP de Castilla-La Mancha haya
sido capaz de probar con claridad en qué se gasto ese dinero y donde está
contabilizado".
IU recuerda que tras la querella que presentó la formación junto con otras organizaciones, como Ecologistas en Acción, Los Verdes y Asociación Libre de Abogados, el juez Ruz ya ha llamado a declarar como testigos a los tres últimos secretarios generales del PP, incluida Mª Dolores de Cospedal. En el interrogatorio a esta última, comentan, celebrado el mes de agosto, "no se admitieron preguntas concretas sobre los 200.000 euros que el Tesorero del PP recibió en la sede nacional del PP de determinados empresarios-Sacyr Vallehermoso- a cambio presuntamente de la concesión de servicios municipales en el Ayuntamiento de Toledo".
El recibí de los 200.000 euros es uno de los papeles aportados por Bárcenas y determinó la apertura de una pieza separada en el procedimiento.
"Su existencia fue reconocida por la propia Cospedal, que a preguntas de los periodistas contestó: Lo único que prueba este documento, que es lógico que exista, si es que prueba algo, es que el gerente del PP en Castilla-La Mancha, al igual que el resto de los gerentes regionales del partido, recibirían la asignación para la campaña electoral, de la que Bárcenas entonces, como gerente, era responsable y administrador de la campaña", recuerdan ahora desde IU.
La formación considera que las
informaciones que vienen apareciendo y las decisiones del juez Ruz "demuestran
que la gestión del gobierno de Cospedal está claramente condicionada por los
presuntos favores que ahora tiene que devolver a los empresarios el PP, de ahí
el empeño de desmantelar todo lo que suene a público y privatizar los servicios
básicos para que determinadas empresas puedan obtener una rentabilidad
económica de los mismos, todo ello en detrimento y menoscabo de las necesidades
y los derechos de las personas".
El auto de fecha 11 de octubre de
2013, dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acuerda la
práctica de una serie de diligencias que, según IU, "serán fundamentales para
la instrucción de la pieza y la determinación de las responsabilidades penales".
Hay que recordar que entre dichas diligencias se requiere al Partido Popular que aporte a la causa toda la
documentación contable o de cualquier otra índole que obre en su poder, así como
la información que tuviere sobre la presunta recepción por parte de José Ángel
Cañas Cañada de la cantidad de 200.000 euros en el año 2007, presuntamente
reflejada en el documento aportado por el imputado Luis Bárcenas Gutiérrez ante
este Juzgado en su declaración de fecha 15 de julio de 2013.
Además se cita a declarar en
calidad de imputados a José Ángel Cañas Cañada, Luis del Rivero Asensio y Manuel Manrique Cecilia, para el próximo día
6 de noviembre, además de la práctica de prueba pericial caligráfica a fin de
proceder al cotejo entre el cuerpo de escritura del Tesorero del PP de
Castilla-La Mancha y el contenido del documento manuscrito entregado por el Sr.
Bárcenas en el Juzgado.
Además el Ayuntamiento de Toledo, "tal y como solicitó en su momento Izquierda Unida", matizan, tendrá que entregar
testimonio íntegro, en soporte documental e informático, del expediente que dio
lugar a la concesión de la explotación del servicio público de recogida de
residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte en régimen de concesión
administrativo y que con fecha 15 de enero de 2007 se habría adjudicado y
firmado a favor de la mercantil Sufi S.A.