El Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de
desindexación, que desvinculará los precios de los servicios públicos
del IPC a partir de 2014 y creará un nuevo índice de referencia
destinado, principalmente, al sector privado.
El objetivo de esta ley es desvincular totalmente del IPC los
precios que se fijan en la prestación de servicios públicos para
contribuir a la estabilidad de precios y a la moderación que se aplica
en otros ámbitos de la economía.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de
Economía,
Luis de Guindos explicó que una economía desindexada es menos
vulnerable a 'shocks' económicos externos, ya que al indexar al IPC
productos y servicios públicos hace que los ajustes se acaben realizando
"más por la vía de la actividad y el paro".
Así pues, la norma derogará cualquier vinculación directa al IPC
en los precios y servicios regulados o prestados por las
administraciones públicas, de forma que nada se actualizaría según el
IPC desde el 1 de enero de 2014.
La nueva ley no afectará a pensiones, impuestos, instrumentos
financieros ni a la negociación salarial, pero sí a transportes,
telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones y
los precios de los contratos públicos.
No obstante, la futura norma acompañará a otras iniciativas de
distinta naturaleza que persiguen estos mismos objetivos, como el
acuerdo de moderación salarial firmado por los agentes sociales hasta
2014 y la desvinculación de las pensiones del IPC.
Por otro lado, la norma desarrolla un nuevo índice de referencia
para los contratos del sector público y privado. El nuevo índice tendrá
en cuenta el diferencial de inflación de España con la zona euro, que
será corregido con la pérdida de competitividad acumulada desde la
entrada en el euro (el deterioro acumulado del diferencial). Este nuevo
índice tendría un tope del 2% --el objetivo de inflación del Banco
Central Europeo (BCE)-- y un suelo del 0%.
Seis meses de transición Guindos ha avanzado que una vez entre en vigor la Ley, el próximo 1
de enero, se abrirá un periodo de seis meses en los que se analizará si
se congelan los precios regulados o si se aplica el nuevo índice
vinculado a la evolución de los costes.
En el caso de los contratos de servicios públicos, se contempla la
retroactividad de la norma, de forma que se dará un plazo al prestador
del servicio para desistir del mismo.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de
Santamaría, indicó que con esta ley el Ejecutivo trata de mejorar la
competitividad de la economía española y para apoyar esta idea, recordó
que entre 1996 y 2008 el IPC español creció un 42%, 14 puntos más que en
la zona euro.
Además, indicó que con esta norma el Gobierno asume también el
acuerdo de moderación salarial que han firmado los agentes sociales,
intentando rebajar los precios y las rentas públicas, toda vez que los
gastos en bienes y servicios con precios regulados suponen el 7% del
presupuesto anual de las familias españolas.
Las familias gastan al año 35.000 millones en estos serviciosSegún datos del Gobierno, los gastos en bienes y servicios
regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 35.000
millones de euros anuales, el 3,5% del PIB. De esta forma, si la
inflación alcanzara en un año el 2%, el ahorro para las familias en lo
que se refiere a productos y servicios afectados por la norma sería de
unos 700 millones de euros.
El Gobierno pretende fomentar el uso de este nuevo índice para que
lo acabe aplicando también el sector privado, puesto que algunos
sectores económicos tienden a actualizar sus precios en función de la
inflación. De hecho, si en un contrato privado se establece una cláusula
de revisión, pero no se especifica ningún indicador, se aplicará el
nuevo índice de referencia.
En cualquier caso, el objetivo final de la futura ley es conseguir
un cambio estructural en la economía para avanzar hacia una cultura de
mayor estabilidad en la que se eliminen los efectos perjudiciales
derivados de la ligación automática del IPC en la formación de precios y
costes.
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