En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la
vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que el objetivo
de este plan es dar una "respuesta completa y actual" a determinados
comportamientos y ha recordado que el jefe del Ejecutivo,
Mariano Rajoy,
ya se comprometió en el Debate sobre el estado de la Nación del pasado
mes de febrero a impulsar este paquete normativo.
Sáenz de
Santamaría, ha dividido las propuestas de regeneración democrática
elaboradas por el Ejecutivo en tres grandes bloques: uno relativo a la
regulación de la actividad-económica financiera de los partidos; otro
centrado en una mejor regulación de las funciones y ejercicio de los
cargos públicos; y un tercero con medidas procesales y penales de lucha
contra la corrupción. En total son 40 medidas que afectan a una decena
de leyes que ahora el Gobierno quiere consensuar con los grupos de la
oposición.
Endurecimiento de la malversación y la prevalicación
En el apartado relativo a reformas de tipo penal y procesal, Sáenz de
Santamaría ha confirmado que incluirán un nuevo tipo delictivo de
financiación ilegal de partidos, al tiempo que revisarán los tipos de
malversación, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias, entre
otras novedades.
La vicepresidenta ha señalado que el
objetivo es consensuar estas medidas con los demás grupos en la
negociación de las medidas anticorrupción "o en sucesivos trámites del
Código Penal". Por el momento, la financiación ilegal de partidos no
está incluida en la nota proporcionada por el Ministerio de Justicia con
las principales novedades del Código Penal que hoy se ha enviado al
Congreso.
En este capítulo también figuran medidas como
ampliar la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas o
la agilización de los procedimientos judiciales para que no se
"eternicen". Por ejemplo, se propone permitir al juez elevar una causa
para su enjuiciamiento sin necesidad de acumularlo al proceso conexo.
Comparecencias anuales de los tesoreros en el parlamento
En el bloque relativo a más control de los partidos, ha destacado la
regulación de la figura de los responsables de las cuentas de los
partidos o tesoreros, que tendrán que comparecer anualmente en el
Parlamento; obligatoriedad de todos los partidos de remitir las cuentas
al Tribunal de Cuentas; y publicación en la cuenta de ingresos de los
partidos las subvenciones o donaciones que superen la cuantía prevista
en la ley.
Dentro de este capítulo se propone también que en
los Estatutos de los partidos haya un procedimiento tasado para la
aprobación de las cuentas; la fijación de directrices de contratación
por parte de los partidos; inscripción obligatoria en el registro de
partidos de las fundaciones o entidades vinculadas con ellos, reforzando
los mecanismos de control sobre esas fundaciones; refuerzo del Tribunal
de Cuentas para que tenga más capacidad para colaborar con la Agencia
Tributaria o la Oficina de Conflicto de Intereses para fiscalizar esas
cuentas de los partidos; y clarificación de las sanciones.
En materia de subvenciones, el Gobierno plantea la retención de las
subvenciones a los partidos políticos que no presenten sus cuentas y
establecer que los partidos tengan "los mismos requisitos" que cualquier
particular a la hora de recibir subvenciones públicas, estando al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
También se amplía la posibilidad de crear partidos a ciudadanos que no
tengan la nacionalidad española.
Ejercicio del cargo público
En el bloque relativo a la funciones de cargo público, Sáenz de
Santamaría ha señalado que la fecha que regula este tipo de cuestiones
es "dispersa" y ha añadido que el Gobierno quiere "clarificar" esas
funciones, buscando "transparencia" y "que se sepa de verdad cuáles son
sus obligaciones y derechos".
En concreto, la nueva ley
definirá qué cargos están sujetos a la norma y apostará por que en cada
presupuesto se conozca "el montante de sus retribuciones en sus cuantías
máximas". También se clarificará por ley que los altos cargos
contribuyen al régimen de protección social que le corresponde, como la
mutualidad de funcionarios.
Una de las principales novedades
es que la norma regulará los gastos de representación, algo que ahora
se hace a través de una orden ministerial. Según ha explicado, esos
gastos serán "exclusivamente para los usos que fije la ley, que son
protocolo y cuestiones básicas de funcionamiento de los ministerios".
Además, ha subrayado que los gastos reembolsables "serán siempre con
presentación de los justificantes". Así, ha dicho que se prohibirá el
uso de las tarjetas de crédito. "Los ministros no tenemos ninguna en el
Ministerio pero para que no haya ningún género de duda, se prohibirán
los gastos reembolsables previa justificación", ha subrayado.
También se "reforzará" el control que ejerce la Oficina de Conflicto de
Intereses sobre los cargos públicos, de forma que la presentación de
las declaraciones de bienes que se hacen al comienzo del mandato "sirvan
para algo más para su publicación". Con ese propósito esa oficina
dispondrá de un procedimiento para analizar la evolución patrimonial
cuando cese el alto cargo de su patrimonio, mejorando su capacidad de
colaboración con la Agencia Tributaria.
Igualmente, se
ampliará el número de altos cargos de todas las administraciones
sometido al control reforzado de sus actividades económicas. Según ha
añadido, a partir de ahora cuando se produzca un "movimiento llamativo"
en una cuenta de una persona con responsabilidad pública será comunicado
a la correspondiente oficina de blanqueo. "Con eso nos colocamos a la
vanguardia de lo que se está haciendo en otros organismos
internacionales en esta materia", ha resaltado.
¿El caso Bárcenas en la sombra?
Al ser preguntada si en la tipificación del delito de financiación
ilegal de los partidos ha pesado el llamado 'caso Bárcenas', que ha
copado la actualidad política en los últimos meses, Sáenz de Santamaría
ha recalcado que es un plan "muy amplio" que "no responde a casos
concretos", que "hay muchos".
"Lo que hemos analizado es como
podemos reforzar la legislación en cada caso", ha indicado la portavoz
del Gobierno, para subrayar que también se han detenido en delitos como
el de prevaricación, cohecho y malversación y "cada uno podría buscar
alguna conexión".
Preguntada que quién respondería de ese
delito de financiación ilegal, si serían los altos cargos de un partido,
Sáenz de Santamaría ha explicado que el derecho penal está regido por
el "principio de culpabilidad" y por lo tanto en la definición de estas
conductas hay que determinan quien, como consecuencia de los hechos,
puede ser "responsable".
"Como es un tipo legal que es amplio,
vamos a hablar con los grupos de la definición de las distintas figuras
y de la responsabilidad", ha asegurado, para añadir que el Gobierno de
Rajoy "ha recuperado la responsabilidad penal de los partidos políticos"
que había sido eliminada en legislaturas anteriores.
Lea también:-
El Gobierno prohibirá el uso de tarjetas de crédito en los Ministerios-
Estas leyes contra la corrupción no son bastante, por Fernando Jáuregui-
El Gobierno pone en marcha la tarjeta sanitaria única para todo el territorio nacional-
El PP impedirá la moción del PSOE contra Rajoy por el caso Bárcenas
Si (
No(
