jueves 19 de septiembre de 2013, 08:06h
El gobierno de Mariano Rajoy nos toma por tontos de baba. Sus
ministros se comportan como aquellos mercachifles de feria que utilizaban
sermones de palabrería para colocar a la parroquia mercancías averiadas. No han
dejado de engañarnos desde que se fotografiaron juntos en la Moncloa por
primera vez y sus mentiras son cada día más evidentes y dolorosas. A estos
tahúres de la política se les adivina el truco antes de que repartan las
cartas, pero ellos juegan pensando que los demás somos unos pardillos.
Repitieron hasta que darse afónicos que no tocarían la educación o la sanidad,
ni los servicios sociales ni las
pensiones, trazaron líneas rojas que nunca se rebasarían, pero de aquellos
compromisos no queda absolutamente nada. Lejos de reconocer los
incumplimientos, disculparse por lo hecho, explicarnos lo que pretenden hacer y
cuáles son las consecuencias, amontonan las mentiras transformando la política
en una farsa.
Nadie le discute al Gobierno que tengamos que adaptar en el
futuro nuestro sistema de pensiones a la nueva pirámide poblacional, basada en
un sector de mayores inactivos cada vez más amplio y avejentado, pero la
solución no debe pasar por lo más sencillo y simple, es decir, por meter la
mano en el bolsillo del ciudadano y arrebatarle las prestaciones y los euros
que precisan para vivir dignamente. La modificación que se pretende imponer
recortará los ingresos de nuestros pensionistas y decir lo contrario resulta
una falacia intolerable. Estamos hablando de españoles que reciben, en muchos
casos, una prestación ajustadísima y de otros cuantos que han cotizado desde la
adolescencia para asegurarse un retiro sin excesivos agobios. No es de recibo
que se pretenda ocultar una rebaja real de las jubilaciones y como consecuencia
de ello el ahorro inmediato de treinta mil millones. Los tecnócratas que
manejan los presupuestos del Estado, aquí y en Bruselas, han convertido en
papel mojado el Pacto de Toledo y las garantías firmadas en aquel acuerdo
nacional.
Aquí no se reza oración alguna que no esté escrita en el
catecismo ultraliberal que se enseña en Europa. Habrá dinero para sanear la
banca o devolver la deuda pública, pero controlemos lo que se gastan en
jubilaciones. La sentencia que acabo de reproducir podría complementarse con esta otra: nuestros pensionistas son
muchos, no producen nada, viven demasiado y nos cuestan un dineral. A partir de
ahora, difunto el estado del bienestar, aquel que pretenda envejecer holgadamente
tendrá que pagarse un plan de pensiones, de lo contrario vivirá de lo que
buenamente le aporte la caja pública o tendrá que acomodarse en un rincón del
asilo. Deberíamos replicarles que hay, como en todo, otras soluciones. Podríamos presupuestar una partida
que complementara los ingresos de la Seguridad Social, reunir un fondo
comunitario similar a los que se han aprobado para otros menesteres, podrían
subirse las cotizaciones o eliminar los topes de tal forma que contribuyeran
más los que más ganan o decretar un impuesto solidario que grabara los
complementos de jubilación que cobran los directivos de las grandes empresas.
Todo es posible si existe la voluntad de evitar que paguen más los que menos
tienen.
Hace un año, en el
antiguo mercado de la ciudad de Cádiz, un ilustre carnicero letrado en la
ciencia del buen juicio, me aseguró que el Gobierno no tocaría nunca las
pensiones: demasiados millones de perjudicados y demasiadas familias viviendo
de los padres o de lo abuelos jubilados.
Es evidente que aquel buen hombre se equivocó y apunto están nuestro
gobernantes de hacer lo que nadie esperaban que hicieran. Ya que lo van hacer,
que apechuguen con la responsabilidad y dejen de contarnos cuentos. Mentiras y
más mentiras.