Guerra por la renovación del Poder Judicial: el Gobierno estudia una 'renovación parcial'

La reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impulsó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es la culpable de que el PSOE acoja con carácter negativo una negociación con el Gobierno para renovar el Consejo, que toca realizarse este mes de septiembre. El Ejecutivo ha planteado la renovación a los socialistas; pero, ante las reticencias de un sector importante del PSOE a negociar con el Gobierno, les ha dado un plazo de negociación: 15 días para llegar a un acuerdo. El PP necesita contar necesariamente con los diputados del PSOE ya que los números no cuadran para la elección, al menos para la renovación que corresponde al Congreso... pero las cosas cambian en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría suficiente.

Para renovar el CGPJ, diez vocales deben ser elegidos por el Congreso y otros diez por el Senado. En total, de los 20 vocales que componen el Conejo, 8 deben ser juristas de reconocido prestigio y los 12 restantes deben ser jueces. Así se establece en la reforma del CGPJ que llevó a cabo Ruiz-Gallardón sin contar con el principal partido de la oposición, que se opuso a la misma.

En todo caso, se necesitan mayorías tan cualificadas que el PP no puede proceder a una renovación total si no es contando necesariamente con el PSOE, al menos para la elección de los vocales que deben ser elegidos por el Congreso de los Diputados. Pero, ahora bien, por lo que respecta al Senado, el PP podría proceder a la renovación sin acordar con los socialistas, y ésta es la opción a la que parece que se va a aferrar el ministro Ruiz-Gallardón si Alfredo Pérez Rubalcaba no pacta una renovación total del Consejo.

En el PSOE, el sector dirigente encabezado por Rubalcaba está predispuesto a una negociación con el Gobierno para renovar el Consejo; no quieren que se les acusa de hacer lo mismo que hizo el PP cuando Mariano Rajoy era el líder de la oposición: es decir, bloquear las renovaciones de los tribunales correspondientes -Constitucional, CGPJ, etc.-. Pero hay un sector importante dentro de la oposición a Rubalcaba que quiere que el PP pruebe de su propia medicina, y que el Consejo no se renueve, impidiendo así que los populares copen con su mayoría el nuevo poder judicial.

Y ahí, en previsión de que el PSOE se deslizara finalmente a la decisión bloquear la elección en el Congreso, Ruiz-Gallardón quiere poner en marcha la elección de los diez vocales que corresponde nombrar al Senado, para lo que tienen mayoría absoluta.

Pero esa decisión de Rajoy sería interpretada como una declaración de guerra por el principal partido de la oposición, en el que se reconoce ya más o menos abiertamente que la actitud del Gobierno y del PP en el 'caso Bárcenas' ha roto todas las posibilidades de acuerdo en materias importantes; es decir, que el PSOE ya no plantea pactos como el formalizado hace meses con el PP para llevar una posición común frente a Bruselas.

Más de cincuenta jueces quieren ser vocales

El 3 de septiembre ya contábamos cómo de cara a la obligatoria renovación del CGPJ había una lista de 53 candidatos que reunían los requisitos legales para ser designados vocales del Consejo General por el turno judicial. Hay que recordar que para ser aspirante a la elección es necesario contar con al menos 25 avales dentro de la carrera judicial.

Entre estos jueces que quieren pertenecer al Consejo por el turno judicial destaca, por ejemplo, el actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlasca, además de la juez María Tardón y de seis magistrados del Tribunal Supremo: José Manuel López García de la Serrana, José Manuel Maza, Pilar Teso, Rafael Fernández Valverde, Joaquín Hueling y Wenceslao Olea.

De los 53 candidatos presentados, 12 lo fueron con el aval de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la única asociación de carácter conservador que apoya la reforma. El resto se presentó de forma independiente, ya que a los doce puestos destinados a jueces puede presentarse, según la nueva ley, cualquier magistrado que cuente con 25 avales.

El PP quiere 10 puestos para gente próxima al partido -además del presidente, que sería nombrado después-, y estaría dispuesto a dejar 8 al PSOE, e incluso, que el PSOE negocie alguno de sus puestos con Izquierda Unida. Otros dos vocales restantes podrían ser para CiU y PNV. Pero ahora mismo las cosas están en stand by.