Antonio López, coordinador de UCIN-Toledo asegura que la preocupación no lo es sólo entre los alcaldes de esta formación política sino entre otros "muchos alcaldes del
territorio español", por el hecho de la intención del Gobierno central de establecer un límite del 0,6 % del presupuesto para
retribuciones de los miembros de las corporaciones.
Junto a ello, cree que el hecho de no modificar la conocida
como Ley de Grandes Ciudades "no soluciona nada", ya que en la mayor parte de los
ayuntamientos, que son los pequeños, "ese tope supondrá la imposibilidad de
retribuir a los cargos que realmente se dediquen al ayuntamiento, mientras que
en los que el gasto está disparado, que es en los grandes, no sólo ese límite
supone una cantidad importante y suficiente sino que además quedan fuera del
mismo los coordinadores y directores generales previstos en esa Ley, con lo
que, incluso, el gasto en sueldos podría aumentar".
UCIN no cree, por otro lado, que la solución pase por "combinar presupuestos y población" ya que, explica Antonio López, "existen muchos ayuntamientos con grandes presupuestos y/o con gran población que, sin
embargo, prestan muchos menos servicios que otros más pequeños o con menos
recursos".
En contra de "vaciar competencias para pasarlas a las diputaciones"
UCIN se muestra en contra de "vaciar de competencias
a los ayuntamientos y pasárselas a las diputaciones, como propone el Gobierno".
"¿Para qué queremos entonces ayuntamientos sin competencias?, ¿es necesario
contar con una corporación municipal y una estructura administrativa para
quedar poco menos que para expedir certificaciones de empadronamiento que
dentro de 3 días se podrán tramitar por Internet?", se pregunta López.
"El peligro de 49 nuevas burocracias provinciales"
UCIN aboga por el "consenso municipalista", frente a lo que califican de "recentralización y patada
hacia arriba" de algunas competencias donde, recuerda esta formación, "la mayoría de Ayuntamientos se
habían mostrado eficaces y eficientes".
Junto a ello denuncia el "peligro de aparición de 49
nuevas burocracias provinciales con modelos de gestión alejados del
profesionalismo" así como la "pérdida de
oportunidad para implantar en los gobiernos locales estrategias de
transparencia y gobierno abierto que posibiliten la innovación y el control
social por los ciudadanos".
El objetivo,en su opinión, pasaría por "una gran reforma que tenga como miras una durabilidad
en el tiempo y estabilidad en la configuración, mucho más allá de las
reivindicaciones de algunos políticos y de las federaciones de municipios".
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