Se han presentado más de 400 enmiendas parciales
La Ley de Emprendedores pasa esta semana su último trámite parlamentario antes de entrar en vigor
lunes 16 de septiembre de 2013, 14:19h
El Pleno del Congreso debatirá este jueves por última vez el proyecto de
ley de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización antes de que
el texto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entre
en vigor de forma definitiva.
La Cámara Baja debe dar el visto bueno a las seis modificaciones que
la norma ha sufrido tras su paso por el Senado, que la semana pasada
debatió en sesión plenaria tanto los seis vetos presentados por la
oposición como más de 400 enmiendas parciales de los diferentes grupos
parlamentarios.
El Grupo Popular pactó finalmente tres cambios con la oposición,
de tal manera que el nuevo criterio de caja establecido para el IVA a
partir del próximo 1 de enero se recoja también en el marco del régimen
económico fiscal de Canarias y se pueda aplicar en el Impuesto General
Indirecto Canario.
Además, se modifica la Ley Concursal para rebajar del 67% al 55%
el importe del pasivo titularidad de las entidades financieras suscrito
por acreedores necesario para que el acuerdo de refinanciación pueda
homologarse judicialmente.
CAMBIOS DEL PP
El proyecto de ley también ha incorporado tres propuestas del
Grupo Popular en el Senado, de tal manera que se reduce de 15 a 10
millones el capital social mínimo de las sociedades de garantía
recíproca (SGR) a la par que se les exige unos recursos propios
computables no inferiores a 15 millones de euros, calculados de acuerdo
con la definición que fije el Banco de España.
De este modo, argumenta el partido que da sustento al Gobierno, se
busca "conjugar un incremento del capital social elevado con un
incremento de los recursos propios computables", de tal manera que la
solvencia se calcule con una evaluación cuantitativa "global". Tras
pactar con la oposición, se ha ampliado también de seis a nueve meses el
plazo para la entrada en vigor de esta medida a partir de la
publicación en el BOE del proyecto.
Finalmente, se ha precisado que la exención en el pago de
aranceles a cualquier operación registral que paguen las
administraciones públicas o la Seguridad Social no entrará en vigor
hasta que se ejecute la demarcación registral por real decreto. "La
sostenibilidad actual de los registros aconseja no adoptar medidas
aisladas que puedan generar disfunciones en el mantenimiento económico
de las oficinas y del servicio público registral", explican.
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