La financiación: caballo de batalla de la Ley de Emprendedores

Una de las novedades en este campo es la posibilidad de no pagar el IVA por facturas que aún no han sido cobradas, una medida que afecta a pymes con una facturación menor a 2 millones de euros. A priori, esta decisión es fundamental para que pequeños empresarios adquieran confianza y promuevan proyectos sin el lastre económico. Sin embargo, la aparente reducción del riesgo con la absolución de pago no es tal, ya que a final de año hay que pagarlo, se haya cobrado o no. Esta novedad da una tregua a las pymes, pero la liquidez con la que cuenta el empresario a lo largo del curso no deja de ser un espejismo dentro de la difícil situación económica española. En cualquier caso, cargar con la liquidez del IVA a la empresa y no a la Administración, continúa siendo más de lo mismo.

Pero seamos realistas, la Administración Pública tiene en estos momentos unas directrices que cumplir que no casan con esa posibilidad. De hecho, las pymes rehúsan trabajar con la Administración, porque ésta no cumple con los pagos acordados y sobre todo, aprobados por ley, y en muchos casos, la empresa depende de ese presupuesto. Es evidente que si queremos consolidar la red de pymes, España tiene que apostar por inversores privados.

En este sentido, la nueva Ley impulsa la inversión particular implantando incentivos fiscales para ellos. Los business angels, que financian los nuevos proyectos en sus fases iniciales, se verán favorecidos con esta medida. Un hecho positivo si tenemos en cuenta que fomentará la creación de empresas dentro del mercado nacional, pero que vuelve a sembrar dudas en los momentos decisivos del negocio, cuando es necesario una ampliación de capital para garantizar la subsistencia y el crecimiento de la empresa, así como asentarla dentro del tejido empresarial español.

En general, todas las iniciativas que apoyan el emprendimiento son positivas a la hora de dinamizar el mercado laboral. Las pymes emplean a una inmensa mayoría de españoles y son fundamentales para que el país continúe activo en medio de la crisis. Es indudable que la esperada Ley del Emprendedor es una actuación necesaria en nuestro país. Una menor burocratización, un menor coste para emprender y una mayor desvinculación administrativa entre la vida personal y profesional del emprendedor para reducir la aversión a montar un negocio son decisivos para crear una cultura emprendedora que escasea en España en este momento y en tiempos mejores.

Con esta Ley se han dado pasos en la buena dirección, pero el Texto se ha topado con un capítulo, el de la financiación, en el que no se prevén actuaciones posteriores al emprendimiento, es decir, a consolidar el ecosistema emprendedor. La financiación sigue siendo el caballo de batalla con el que los pequeños y medianos empresarios tendrán que seguir lidiando. De momento, tendrán que suplir esa falta con buenos proyectos.

Por Isabel Echevarría Aburto, directora de relaciones institucionales de la Fundación José Manuel Entrecanales