Así lo indicaron hoy fuentes de la secretaría de Estado de Lucha contra el Fraude, según recoge en su edición digital el diario "La Libre Belgique".
"El objetivo no es incitar a delatar o hacer que el ciudadano tenga un rol de policía, simplemente permitir a las personas afectadas denunciar", explicaron las fuentes. Cada mes, la Seguridad Social belga recibe unas 200 quejas por supuestos fraudes, principalmente vinculados al trabajo no declarado y a la situación familiar que dicen tener los beneficiarios de ayudas.
A los denunciantes se les garantiza el anonimato y la Seguridad Social se ocupa de enviar a expertos a comprobar cada caso particular.Los infractores se enfrentan a la obligación de devolver el dinero obtenido de forma ilícita y a ver sus ayudas suspendidas. En los casos más graves están previstas penas de prisión de entre 6 meses y tres años y multas de entre 600 y 6.000 euros.
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