Manuel Fernández de Sousa ha presentado su dimisión como presidente de
Pescanova al consejo de administración de la compañía, que la ha
aceptado por unanimidad, según confirmaron fuentes
conocedoras de esta decisión.
En dicha reunión, celebrada en la sede de la multinacional pesquera,
también se ha acordado la convocatoria de la junta de accionistas para
el próximo 12 de septiembre en primera convocatoria, donde estaría
previsto que dimitieran los miembros del consejo de administración en
bloque.
El directivo gallego, sin poderes ejecutivos ni patrimoniales por
orden judicial, ha permanecido al frente de la compañía durante 37 años y
está pendiente de ser llamado a declarar ante el juez de la Audiencia
Nacional
Pablo Ruz, tras ser imputado por varios delitos.
El consejo de administración de la firma gallega también ha
autorizado la elección por parte de Deloitte, administrador concursal de
la compañía, de un asesor financiero que elabore un plan de viabilidad
para la multinacional pesquera, según informó en un comunicado a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La dimisión de
Fernández de Sousa al frente de la compañía no ha
sido la única que se ha aceptado en la reunión, ya que también presentó
su dimisión como consejera de la firma
Ana Belén Barreras Ruano, única
mujer en el máximo órgano de gobierno de Pescanova. El consejo que contó
con el estreno como consejero de
José María Pérez-Carasa en
representación de la Sociedad Gallega de Importación de Carbones
(Gicsa).
Fernández de Sousa había adelantado a hoy la reunión del consejo
de administración de la multinacional pesquera que estaba prevista para
el 31 de julio tras conocerse la semana pasada la auditoría 'forensic'
realizada por KPMG.
37 años en la pesquera En la reunión del consejo de administración celebrada el pasado 10
de junio, Fernández de Sousa fue refrendado para continuar al frente de
la compañía, pese a la petición del bloque 'crítico' de que dejase el
cargo.
En esa ocasión, el directivo gallego recibió el respaldo por
mayoría de los consejeros, que le ratificaron en la presidencia de la
multinacional pesquera con seis votos a favor y cuatro en contra, tras
la petición de dimisión por parte de
Damm, punto del orden del día que
fue apoyado por otros consejeros como
Luxempart,
Iberfomento y
Yago E.
Méndez.
La renuncia de Fernández de Sousa se produce después de conocerse
el informe forense realizado por KPMG para determinar la situación de la
pesquera española, que revela que en los últimos ejercicios se
diseñaron y ejecutaron prácticas contables para ocultar deuda, y que
estas prácticas eran "instruidas, ejecutadas, llevadas a cabo o
conocidas, en mayor o menor medida", por miembros de la cúpula
directiva.
En concreto, el informe concluye que el objetivo de estas
prácticas era presentar una deuda financiera inferior a la real y, como
consecuencia, unos resultados superiores a los realmente generados. De
hecho, cuantifica que la deuda financiera a 31 de diciembre de 2012 era
de 3.281 millones de euros, con un patrimonio neto negativo de 927
millones de euros.
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